Contra Sentido

“Golpe suave” en Brasil

Lecciones incómodas del golpe en Brasil - telesurtv

Si recordamos la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, encontramos un símil con lo que sucede en Brasil. En ambos casos, el lugar desde el que se ejecuta esta nueva modalidad de golpe de Estado es el poder legislativo. El “golpe suave” es parte de la nueva terminología con la que se promueven las llamadas “guerras de cuarta generación”, y su eficacia consiste en desmoronar procesos democráticos, usando a las mismas instituciones democráticas, sin alterar en lo más mínimo su orden.

Este nuevo tipo de golpes cuenta con una decisiva participación de los medios de comunicación, siendo estos los que fabrican la legitimación necesaria del “golpe suave”. En Brasil esto se hace evidente desde que las imputaciones a la presidenta Dilma Rousseff, son promovidas y amplificadas por uno de los poderes mediáticos más impresionantes de Sudamérica, el grupo Globo.

No es ningún secreto la ligazón que une a este grupo mediático y a los grupos de poder — sobre todo económicos– que, desde el gobierno de Lula, han venido operando de manera insistente, a través de campañas de propaganda negra contra el gobierno. Es decir, mediáticamente se va provocando y promoviendo una animadversión contra el gobierno, socavando progresivamente su legitimidad, para que posteriormente cualquier iniciativa parlamentaria en contra del gobierno cuente con pleno apoyo social. De ese modo pierde respaldo popular, su propia legitimidad se ve afectada, ya que su imagen, tanto interna como externa, pierde credibilidad; entonces, en tales condiciones, puede prosperar una destitución constitucional, sin alteración del orden democrático. En eso consiste el “golpe suave”.

Las acusaciones de corrupción no son extrañas en Brasil (como sucede en todos nuestros países), desde que el propio sistema político, ya en pleno neoliberalismo, hace de la corrupción una cultura política. En su momento Fernando Collor de Melo fue destituído en 1992 por asuntos de corrupción. Pero en el caso actual hay detalles que conviene tomar en cuenta. Por ejemplo, la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso fue mermando, desde que, a partir de 2011, se compromete a realizar una completa “limpieza” en los organismos públicos. Esto constituía una amenaza directa al maridaje entre parlamentarios y empresarios; pues estos, que son favorecidos con contratos públicos a través de enmiendas legislativas e influencia política en organismos públicos y empresas estatales, son quienes financian las campañas políticas de los primeros.

Es el caso del principal acusador, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados. Se dice que en el 2011 fue la presidenta brasileña quien puso fin al control corrupto que éste poseía sobre el directorio de la empresa Furnas, haciendo de él un acérrimo enemigo y es precisamente Cunha quien acoge el proceso de “impeachment” el 2 de diciembre del 2015, como respuesta directa a la apertura de juicio contra él, gracias a la votación del Partido de los Trabajadores (PT) en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Ahora bien, el principal aliado de Cunha es el propio vicepresidente Temer, quien sería el más beneficiado con la destitución de Dilma Rousseff. Tanto Cunha como Temer eran aliados políticos del PT; pero ahora buscan sacrificar a un chivo expiatorio para intentar lavar toda la corrupción de la cual son parte, de la que proviene del apoyo de toda una red muy bien articulada de que atraviesa la cultura política brasileña.

De ese modo, el juicio político no buscaría acabar con la corrupción sino con quienes se atrevan a denunciarla. Es como poner a todos bajo amenaza. Porque además la corrupción sólo es posible si la propia institucionalidad la permite y, desde que el neoliberalismo se implantó en nuestros países, no hay posibilidad de socavar los Estados nacionales sin corrupción de por medio. Se dice que Temer es el Macri brasileño. Si, como consecuencia de la destitución de Dilma Rousseff, asume la presidencia su vicepresidente Temer, entonces, como en Argentina, lo más inmediato sería desmantelar todo lo que pudo lograrse en cuanto conquistas sociales.

La fortaleza económica de los grupos de poder, los siempre beneficiados por el neoliberalismo, sólo conciben como la forma más eficaz de acumular capital, el despojo cada vez más despiadado de la riqueza nacional, esto quiere decir, el desmantelamiento total del Estado. Volver a restaurar las políticas neoliberales es entonces fundamental para lograr eso. Y, para que los grupos de poder vuelvan a hacerse con el Estado, ya no pueden hacerlo “a la mala”. Tienen que hacer todo lo necesario para mostrar una apariencia democrática.

Por eso los “golpes suaves” pueden prescindir de los militares. Para eso bastan el poder mediático, el poder judicial y el parlamento. La desacreditación y el socavamiento de un gobierno necesita de estos actores. Entonces, un “golpe suave” no rompe el orden democrático sino simplemente lo disciplina en torno a las prerrogativas de los grupos de poder. Eso explicaría, en parte, el juicio político a la presidenta brasileña y también a Lula; anulando a este último, sobre todo, puede la derecha volver a gobernar sin la molestosa presencia de un líder capaz de responder con suficiencia las demandas populares.

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