El fenómeno de la caída de la “clase media” en Argentina llama la atención en Latinoamérica

Argentina, Abya Yala Digital .- Según la última encuesta de Latinobarómetro, Argentina es el país de la región donde más cayó la noción de ser “clase media”, además evidencia que la aprobación del Gobierno de Argentina, en la gestión de Mauricio Macri, sufrió una drástica caída junto a las expectativas económicas, la percepción de la situación y el apoyo a la democracia, sólo superada, en algunas de estas temáticas, por Venezuela y Brasil. En ese sentido, en 2016, 40% de los consultados aprobaba la gestión de Cambiemos, en 2017 cayó al 36%.

Sin embargo, este año la aprobación de la gestión de Mauricio Macri se derrumbó hasta el 23% y se posicionó como uno de los peores valorados de la región. Incluso, Nicolás Maduro, en Venezuela, lo superó por un punto, mientras que Tabaré Vázquez (Uruguay) obtuvo el 41%, Sebastián Piñera (Chile) el 45%, y Evo Morales (Bolivia) el 47%.

Mira los datos publicados por Latinobarómetro

https://drive.google.com/file/d/1odDy9Go5qcQmBeyEXJmFln6pePzT7XeA/view

En lo que se refiere a la situación económica en la región, el gobierno argentino también se encuentra en caída, ya que el 62% de encuestados lo calificó como “mala” o “muy mala”.  En cuanto a las expectativas, Argentina obtuvo el primer puesto como la peor, ya que solo el 33% de los consultados afirmó que su situación personal y la de su familia, en un año, estará “mejor” o “mucho mejor”, esto explica el por qué en los indicadores sociales, se ubica en el primer puesto como el país en el que la identificación como “clase media” cayó desde 2013, con 14 puntos porcentuales.

Este año, el 36% de los encuestados se clasificó como “clase media”, el 4% como “clase alta” y el 58% como clase baja, siendo que esta última cifra es una de las mayores de la región y es superada por Brasil, El Salvador y Nicaragua, con el 67%; Venezuela, con el 62%; y Chile con el 59%.

Por otro lado, en 2018 Argentina se ubicó como uno de los países donde más cayó el apoyo a la democracia en un año (10%). Ya que en 2016 estaba ubicado en el 71%, en 2017 cayó a 68%, pero este año se derrumbó hasta el 58%.

Despidos masivos entre 2017 y 2018

Entre septiembre y octubre 20.872 personas fueron despedidas o cesanteadas de sus trabajos, mientras que, en 2017, durante el mismo período se registraron 3.087 casos de acuerdo al más reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre despidos y suspensiones.

De acuerdo al texto, de cien trabajadores echados en estos últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas; situación que ha incidido en la pérdida de la capacidad productiva del sector empresarial en un 11.5 por ciento en septiembre.

“La caída de la actividad industrial tuvo así un impacto directo sobre el mercado de trabajo”, explicó el titular del CEPA, Hernán Letcher.

Según el informe del CEPA los despidos y suspensiones han sido permanentes durante el 2018. De acuerdo al análisis se han registrado seis mil despidos y suspensiones mensuales.

El CEPA indicó que en 2018 se han registrado 59.969 cesantías y suspensiones de las cuales 15.825 corresponden a empleados públicos y 44.144 del sector privado. El 2018 se inició con dos meses donde, los despidos estatales, fueron más numerosos; luego, en los siguientes cinco meses, fue el sector privado el que pasó a despedir más.

Los sectores donde se presentaron un mayor número de despidos han sido la industria con 33.478 casos, trabajadores del Estado (ya sea en el Ejecutivo o en empresas de capital estatal: 15.827), prestación de servicios (9270).

La construcción registró 947 casos y el sector primario 449. Es decir que los despidos y suspensiones de la industria sumaron el 56 por ciento de los casos. Y en el sector público, entre los correspondientes al Poder Ejecutivo y a las empresas estatales, se dieron el 27 por ciento de los despidos.

La crisis de gestión y los servicios básicos

Argentina es el país sudamericano que registró el mayor aumento de tarifa de los servicios públicos comparados con el salario mínimo en los últimos tres años, de acuerdo con un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav).

Según Undav, con la liberación de las tarifas, se registró una «notable transferencia de recursos», y el ahorro para el erario público que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, por ejemplo los menores ingresos por la baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.

Asimismo, indicó que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. Mientras que, en materia de transporte, hubo ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes.

Según el estudio elaborado por esa casa de estudios, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6% del salario, a una del 23,5%: de este modo, la Argentina pasó a la tercera posición en el «ranking» de ocho países de la región, sólo por detrás de Venezuela y Chile.

La Undav señaló que, con la liberación de las tarifas, se registró una «notable transferencia de recursos», y el ahorro para el erario público que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, por ejemplo, los menores ingresos por la baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.

Asimismo, indicó que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. Mientras que, en materia de transporte, hubo ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes.

En el texto se explica que al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años.

«En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios, pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias», expresa el informe.

 

 

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