El presidente de Argentina, Javier Milei, desató una fuerte tensión política con la presentación de una histórica reforma laboral que propone drásticos cambios con respecto al pago de indemnizaciones, el periodo de vacaciones, el derecho a huelga y el vínculo entre trabajadores y empleadores. La iniciativa comenzará a debatirse el próximo jueves en el Congreso, en medio de una serie de protestas anunciadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), organizaciones que reúnen a los principales gremios del país. «Convocamos a movilizar el 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, un proyecto que pretende arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado», afirmó la CGT al convocar a la primera marcha masiva en contra de Milei, desde que el partido oficialista arrasó en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. La oposición partidaria y mediática considera que la reforma es «esclavista«, al asegurar que solo beneficia a los empresarios, afecta derechos básicos conquistados por los trabajadores durante el último siglo y, en general, precariza las condiciones de empleo. «Lo que quiere hacer el Gobierno en materia de derechos laborales es una regresión muy fuerte«, afirmó esta semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El Gobierno, por el contrario, afirma que se trata de «modernizar» una ley que data de los años 70, con el propósito de incentivar la creación de empleos y mejorar las condiciones laborales en medio de un proceso de transformación tecnológica. Parte de la propuesta ya intentó ponerse en marcha el año pasado a través de un decreto que, finalmente, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. El proyecto ahora espera el aval del Poder Legislativo. Cambios La iniciativa de ley, que consta de 197 artículos, permite que los sueldos se paguen en especie, en alimentos, con tickets o en dólares, y que se depositen en billeteras virtuales, lo que actualmente está prohibido. Además, elimina el Estatuto del Periodista, que regula esta actividad y mantiene sin cambios el estatus laboral de los trabajadores de aplicaciones de mensajería y reparto, ya que no reconoce una relación laboral de dependencia con las plataformas. Uno de los apartados más controvertidos propone que los empleadores usen el 3,0 % del salario de los trabajadores para la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta caja serviría posteriormente para el pago de indemnizaciones, las cuales, además, serán más bajas porque no se tomarán en cuenta el aguinaldo y otras prestaciones para su contabilidad. Esto significa que serán los trabajadores, y no los empresarios, los que financiarán sus indemnizaciones, en caso de que los despidan. Por otra parte, si el empleado gana un juicio por despido injustificado, el patrono le podrá pagar el finiquito en 12 cuotas mensuales y no en un solo pago, como ocurre ahora. Con respecto a las vacaciones, el esquema actual establece que los trabajadores pueden descansar todos los días que le corresponden anualmente (y que son un mínimo de 14 días corridos a partir de un año de antigüedad) entre octubre y abril, ya que ello abarca el periodo de verano austral. Si se aprueban los cambios, ahora el empleador tendrá la opción de autorizar «vacaciones fraccionadas» de un mínimo de siete días a lo largo de todo el año, y solo deberá garantizar descanso en verano al menos una vez cada tres años. «Negociación» Tanto las vacaciones como otros temas quedan sujetos a una «negociación» entre trabajadores y empleadores, pero los opositores a la ley advierten que las personas en relaciones laborales de dependencia económica de los patronos siempre están en situación de desventaja. Es el mismo caso del «banco de horas», una iniciativa que permite alargar las jornadas laborales de acuerdo con las necesidades del empleador y que el trabajador «recupere» ese tiempo otro día. Por ejemplo, si el lunes trabajó 12 horas, el viernes puede recortarla a cuatro. El problema es que este esquema no toma en cuenta las horas extra que, actualmente, deben ser cubiertas con un 50 % más de salario de lunes a viernes, y del 100 % en feriados y fines de semana. ¿Qué pasará con los sindicatos? La sindicalización es un capítulo especial de la reforma, ya que afecta el derecho a huelga. Según la propuesta, se considerarán «esenciales» múltiples servicios, como la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios, y la educación (excepto nivel universitario), por lo que siempre deberán prestar por lo menos el 75 % de su funcionamiento. Si este apartado logra el visto bueno del Parlamento, solo podría parar el 25 % de las plantillas que se desempeñen en este sector, por lo que las huelgas dejarían de ser una medida de presión contra las patronales. También se crea la categoría de «servicios de importancia trascendental», que deben operar por lo menos al 50 % y que incluye la industrias de medicamentos, construcción, aeropuertos, minería, frigoríficos, correos, agropecuaria, bancos, hotelería, gastronomía, comercio electrónico, transporte de pasajeros y mercadería, radio y televisión, entre otros. Por otra parte, las asambleas y otras actividades sindicales deberán ser autorizadas por el empleador y a los trabajadores que participen se les descontará ese tiempo de militancia de su salario.
