Brasil, 25 de marzo de 2025. El expresidente Jair Bolsonaro compareció este martes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para responder por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La Fiscalía General lo acusa de promover protestas violentas, difundir noticias falsas y conspirar con sectores militares y empresariales para desconocer los resultados electorales que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Las pruebas incluyen mensajes en Telegram donde Bolsonaro instruyó a simpatizantes y militares a rechazar los comicios, así como documentos que vinculan a su círculo cercano con planes para declarar un «estado de excepción». El ministro del STF, Alexandre de Moraes, subrayó que el proceso judicial busca defender la institucionalidad democrática frente a ataques coordinados. «La democracia no negociará con quienes intentaron destruirla», declaró durante la audiencia. Mientras, miles de personas se congregaron frente al tribunal con consignas como «Fora Bolsonaro» y «Nunca Mais», recordando los crímenes de la dictadura militar (1964-1985) que aún impiden a Brasil cicatrizar sus heridas históricas. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, integrado por 11 magistrados de trayectorias plurales pero unidos en la defensa constitucional, juega un rol pivotal en el juicio a Jair Bolsonaro. Figuras como Alexandre de Moraes, relator del caso y símbolo de la resistencia contra las fake news, y Rosa Weber, ex presidenta del tribunal, encarnan un legado de lucha por la transparencia en un país marcado por la sombra de la dictadura. El grupo, compuesto por ocho de los 34 imputados en el caso, incluye a Jair Bolsonaro, expresidente de la República, y a siete figuras clave de su gobierno y entorno militar: La denuncia judicial los acusa de coordinar acciones para anular los resultados electorales, promover protestas violentas y articular un plan con sectores castrenses y empresariales que culminó en los ataques del 8 de enero de 2023 contra sedes institucionales en Brasilia. El peso de los imputados revela la infiltración de las Fuerzas Armadas en el proyecto golpista. Cuatro de los ocho acusados son militares en servicio activo o retirados, confirmando la preocupante militarización de la política brasileña bajo el bolsonarismo. Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, por ejemplo, ocuparon cargos estratégicos en Defensa y Seguridad, desde donde habrían facilitado redes logísticas para las protestas. TeleSur
