2025

Cochabamba, Bolivia, 27 de agosto de 2025. El expresidente Evo Morales cuestionó este miércoles las recientes determinaciones judiciales que beneficiaron a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en el caso Golpe de Estado I. Afirmó que la justicia, que persigue a dirigentes y miembros de organizaciones sociales, es la misma que libera a los responsables de los hechos que derivaron en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019. «La misma justicia que nos persigue y mantiene privados de libertad a mis hermanos y hermanas, la misma justicia que socapa la corrupción de Luis Arce, la misma justicia que proscribió a las grandes mayorías, hoy libera a los responsables del Golpe de Estado que derivó en la masacre de Sacaba y Senkata. Es condenable el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo», escribió en sus redes sociales. Morales denunció que existe un encubrimiento de la corrupción dentro del actual Gobierno y señaló que la justicia actúa con sesgo político. También reprochó el silencio de la Defensoría del Pueblo frente a estas resoluciones, al que calificó de “cómplice”. El exmandatario expresó su respaldo a las familias de las víctimas y a los heridos de los conflictos de 2019, además de manifestar solidaridad con los sectores sociales que mantienen su movilización en demanda de verdad, justicia y dignidad.

La Paz, Bolivia, 27 de agosto de 2025. El Gobierno confirmó que presentó apelaciones contra las resoluciones judiciales que otorgaron libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari y detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho, ambos procesados en el caso Golpe de Estado I. La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que se impugnaron las determinaciones al considerar los fundamentos expuestos por el juez. Señaló que ahora se aguardará la respuesta a esas apelaciones para definir las siguientes acciones. La autoridad reconoció que las decisiones corresponden exclusivamente al Órgano Judicial, aunque manifestó su expectativa de que se hayan tomado con objetividad y sin motivaciones políticas. Saravia remarcó que aún queda pendiente una deuda con las víctimas de la crisis de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales. Recordó que en las masacres de Senkata y Sacaba murieron varias personas y que, durante la gestión de Jeanine Áñez, más de 70 ciudadanos fueron procesados de forma ilegal y más de 400 resultaron heridos por el denominado “decreto de la muerte”. En cuanto a la situación jurídica de la exmandataria, la ministra aclaró que no fue puesta en libertad ni declarada inocente, sino que se modificó la jurisdicción del proceso que enfrenta.

Cochabamba, Bolivia, 27 de agosto de 2025. Organizaciones sociales identificadas como androniquistas expresaron su rechazo a la posible liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del exlíder cívico Marco Pumari y de la expresidenta Jeanine Áñez. El vocero del sector, Andrés Huanca, lamentó que “la justicia se encuentre politizada y que hasta la fecha no haya justicia para los caídos de 2019, donde tras la intervención policial y militar se registró la masacre de Sacaba y Senkata dejando más de 36 personas muertas y decenas de heridos”. Asimismo, convocaron a diferentes sectores sociales a sumarse a movilizaciones y anunciaron que definirán las medidas en los próximos días, las cuales podrían incluir concentraciones y bloqueos para exigir justicia por los hechos de 2019.

Cochabamba, Bolivia, 27 de agosto de 2025. Dirigentes afines al expresidente Evo Morales manifestaron su rechazo a la posible liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del exlíder cívico Marco Pumari y de la expresidenta Jeanine Áñez, procesados por los hechos ocurridos durante el golpe de estado de 2019. Los representantes de este sector anunciaron que preparan movilizaciones y concentraciones en diferentes puntos del país para expresar su desacuerdo con las determinaciones judiciales que podrían favorecer a estas autoridades. Asimismo, no descartaron la instalación de bloqueos como medida de presión. Según indicaron, las acciones se definirán de manera oficial en ampliados y reuniones internas programadas para los próximos días. Los dirigentes señalaron que mantendrán su postura de exigir justicia por los hechos de 2019 y advirtieron que las movilizaciones serán pacíficas, pero contundentes.

La Paz, Bolivia, 27 de agosto de 2025. Bolivia está firme en el rechazo categórico a Estados Unidos, que se atreve a pretender invadir a Venezuela, un país digno, democrático, autodeterminado y decidido a ser bolivariano, aseguró hoy la exdiputada nacional Sonia Brito. También exembajadora del Estado Plurinacional en Italia (2021-2024), Brito encabezó la víspera una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en La Paz. En ella, decenas de activistas de movimientos sociales bolivianos corearon las consignas “Maduro, Maduro, al gringo dale duro” y “Chávez vive, la lucha sigue”. Al referirse a esa expresión de solidaridad, Brito dijo a esta agencia de noticias que resulta “una verdadera barbaridad que Estados Unidos quiera invadir a Venezuela”. “Creemos que esa intervención afectaría a todos los países de Latinoamérica y el Caribe; a la democracia y los derechos humanos”. La exlegisladora insistió en que desde Bolivia las organizaciones sociales, los sectores populares y las personas que no están de acuerdo con ese tipo de agresión se movilizaron hasta frente a la embajada de Estados Unidos en La Paz para expresar su repudio contra la agresividad imperialista. “En estas circunstancias -consideró Brito-, América Latina y el Caribe deben estar unidas frente a la arremetida imperial”. Sobre ese particular, subrayó que los halcones de Washington empiezan con un ataque contra un país y después continúan con otros, y si agreden a Venezuela, como una reacción en cadena pueden lanzar un zarpazo contra otras naciones del continente. “Durante 20 años, hemos tenido dos décadas de gobiernos progresistas en la región, que respetan los derechos humanos y promueven la justicia social, y, por supuesto, eso molesta a los gobernantes de Estados Unidos”, observó. Respecto a Venezuela, opinó que a Washington le molesta que sea un país autodeterminado, que puso sus recursos en favor de las grandes mayorías de esa nación, que cambió las condiciones de vida. Agregó que la República Bolivariana no permite que solo se enriquezcan unos pocos, se democratizó y posibilita que los beneficios y la riqueza social lleguen a los sectores más populares. “Por supuesto, desde la llegada al poder de Hugo Chávez y después con la continuidad del presidente Nicolás Maduro, Venezuela es un país que no permite que le digan lo que tiene que hacer, y eso es lo que molesta al Gobierno de Estados Unidos”, enfatizó Brito. Criticó que, en este contexto, las élites políticas de Washington se atreven a ejecutar una operación de amedrentamiento psicológico contra el pueblo venezolano con la movilización cerca de sus costas con miles de sus tropas y varias de sus unidades navales. “Sin embargo, han tenido una respuesta contundente del pueblo venezolano y también de los países progresistas y especialmente del movimiento popular latinoamericano”, concluyó la exdiputada. Prensa Latina

Cochabamba, Bolivia, 27 de agosto de 2025. El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, expresó su preocupación ante la reciente liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari. Asimismo, manifestó su desacuerdo con la determinación judicial que dispone que Jeanine Áñez enfrente un juicio de responsabilidades. Claros lamentó que, a su criterio, las autoridades judiciales estén actuando de manera política en favor del próximo gobierno entrante, lo que, según afirmó, pone en riesgo la imparcialidad de la justicia boliviana. “No se puede permitir que queden en la impunidad los hechos de 2019, donde más de 36 personas perdieron la vida en las masacres de Senkata y Sacaba”, declaró. El representante hizo un llamado a las instancias judiciales y al Ministerio Público para garantizar que las investigaciones avancen de forma transparente y que se respeten los derechos de las víctimas y sus familias.