«Afrenta a la voluntad popular»: OEA denuncia acciones antidemocráticas de la Fiscalía de Guatemala

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los comicios presidenciales de Guatemala expresó su «profunda preocupación», luego de que el Ministerio Público allanara oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para abrir por lo menos 160 cajas que contienen los votos emitidos en la primera vuelta, realizada el pasado 25 de junio.

El organismo recordó en un comunicado que las leyes de ese país establecen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral.

«La apertura de paquetes electorales por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular», afirmó.

Los allanamientos reavivaron la tensión que ha rodeado las elecciones en el país centroamericano, ya que el presidente electo, Bernardo Arévalo, decidió suspender la transición de poder en protesta por la actuación de la Fiscalía, a la que acusa de querer impedir a toda costa que él asuma, lo que en los hechos implicaría un virtual golpe.

La OEA coincide con Arévalo en los riesgos que enfrenta la democracia en Guatemala, ya que después de la primera vuelta, la Fiscalía judicializó y ensombreció el proceso.

«Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes», señaló.

Sin sustento

Para el grupo, la falta de oportunidad y de proporcionalidad del allanamiento demuestran que existe una instrumentalización política del aparato de persecución penal, lo que puede constituir delitos como prevaricato y abuso de autoridad.

«Cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto (en la segunda vuelta) se expresó de manera contundente en las urnas», advirtió la misión.

En ese sentido, la Misión de la OEA recordó que Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ya recibieron sus constancias como ganadores y que el presidente Alejandro Giammattei respalda la transición política.

«Una democracia se mide tanto en su capacidad de registrar la preferencia del electorado como en su capacidad de garantizar la transmisión pacífica del mando, sin amenazas, ni actos que socaven el principio constitucional de alternabilidad en el poder», explicó.

Por otra parte, insistió en que una vez analizadas las presuntas denuncias de irregularidades que la Fiscalía presentó contra Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla, se determinó que las mismas carecen por completo de sustento.

Amenaza

En medio del escándalo que provocaron los allanamientos, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), advirtió que pronto dará a conocer los resultados de la investigación contra el Movimiento Semilla, en un evento al que invitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

«Nos gustaría que en esta reunión, cuando presentamos esos resultados, estén el señor Luis Almagro y otros actores de la sociedad. Si la lucha es contra la corrupción y la impunidad, pues, debe de empezar con nosotros», afirmó.

Curruchiche, el juez Freddy Orellana y la fiscal general Consuelo Porras arrastran graves denuncias de corrupción y, a partir del proceso electoral de este año, han sido acusados de perseguir de manera ilegal a Arévalo y a su partido, con la intención de evitar su triunfo en las elecciones y ahora, su toma de posesión.

El fiscal, por su parte, también ha acusado al secretario general de la OEA de tener una actitud «temeraria» e «injerencista» en Guatemala.

«Se lo digo con mucho respeto (a Almagro): la investigación va a continuar por el mandato constitucional que tenemos. Yo únicamente le respondo a la Constitución de la República de Guatemala y a las leyes de este país», aseguró la semana pasada.

Fuente: RT

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