Un sistema de seguridad que no opera y un puente inconcluso, que costaron cerca de Bs 130 millones entre ambas, motivaron al alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, y al ciudadano Tamer Medina para demandar en el Ministerio Público al exedil y actual senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira.
Con un amplio recorrido en el campo político, pues fue diputado en dos oportunidades (2002-2004 y 2005-2009), además de concejal en el municipio de Tarija (2010-2015), Rodrigo Paz llegó a la silla edil con su oferta de consolidar la “Ciudad Inteligente” para garantizar la seguridad de los tarijeños.
Al año de iniciar su gestión, en 2016, Paz Pereira licitó la obra con un presupuesto de Bs 84 millones.
El proyecto contó con el apoyo de la Gobernación, que estaba en manos de Adrián Oliva, otrora viceministro de Régimen Interior y Policial durante la presidencia de Carlos Mesa.
De los Bs 84 millones, la administración de Paz Pereira desembolsó Bs 50 millones para la adquisición de 300 cámaras de seguridad. No obstante, el sistema nunca entró en pleno funcionamiento porque no se entregaron todas las cámaras comprometidas y las que estaban instaladas registraron fallas técnicas.
Por este hecho, la Fiscalía imputó al exalcalde y también al exgobernador Adrián Oliva. Los acusaron de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos contra el Estado.
La Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal de Tarija emitió los primeros informes de la compra que anticiparon la calificación de “sobreprecio”, ya que las cámaras de seguridad y su servicio gratuito de internet no funcionaron.
En tanto, para la construcción del puente “millonario” 4 Julio, que se inició el 10 de julio de 2018, se invirtió Bs 73,2 millones, pero la obra no se concluyó en los plazos establecidos a pesar de las ampliaciones otorgadas a la empresa Construcciones Viales S.A. (Convisa).
La compañía fue sancionada y el contrato rescindido el mes de agosto de este año por decisión del alcalde Johnny Torres Terzo.
Por este hecho, el Ministerio Público presentó la imputación formal en contra del alcalde de Tarija, Johnny T.T., los exediles Rodrigo P.P. y Alfonso L. G., además del representante legal Convisa, David T. L. y otros dos funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, entre otros.
La senadora del MAS-IPSP, Gladys Alarcón, precisó que la denuncia por “Ciudad Inteligente” fue presentada por el Gobierno Municipal de Tarija, mientras que por el puente “millonario” 4 de Julio la activó el ciudadano Tamer Medina.
“Tiene dos imputaciones, uno por Ciudad Inteligente y no preciosamente denunciado por autoridades del MAS, lo ha denunciado la Directora de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado, del alcalde Johnny Torres Terzo, y el puente 4 de Julio que ha sido presentado por un ciudadano, el doctor Tamer Medina, que ha hecho conocer diferentes irregularidades que se han presentado”, fundamentó.
Por ello, la también vicepresidenta del Senado dijo que “Rodrigo Paz no debe escudarse (en el argumento) de (que los procesos son parte de la) persecución política”. Señaló que el senador “debe responder por todas las obras millonarias que se han ejecutado en su momento” en Tarija.
“Cuando uno visita la ciudad Tarija se da cuenta que hay un puente inconcluso que ha costado más de 70 millones de bolivianos, sabe que el alcalde va a presupuestar 17 millones de bolivianos. Ese puente va a costar cerca de 90 millones de bolivianos y es una obra inconclusa que no tiene objetivo”, argumentó.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)