Entes colegiados de arquitectos, ingenieros y organizaciones de constructores de La Paz hicieron pública su intención de iniciar acciones legales si la Ordenanza 046 llega a ser promulgada por el Concejo Municipal.
Durante una conferencia de prensa, los presidentes del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, la Sociedad Boliviana de Ingenieros, departamental La Paz, la Cámara Boliviana de Construcción y otras entidades reiteraron su rechazo al “Ajuste Normativo, de Actualización por Crecimiento y Densificación para la Administración Territorial”.
Luego de que dos concejales cuestionaran la posición de las instituciones y de quienes las lideran, los profesionales aclararon que su rechazo a la norma no tiene que ver con caprichos ni con intereses personales.
“Rechazamos la norma pensando primero en la población que sufre por la pérdida de su vivienda, esto por varios motivos, uno de ellos es parte de esta ordenanza, ese motivo es la construcción indiscriminada. Segundo, pensamos en la calidad de vida a la que tiene derecho un paceño, techo seguro, con todos los servicios básicos, necesarios y sin problemas; tercero, la necesidad de contar con espacios con luz natural, sol y parqueos”, establece el comunicado al que se dio lectura en la conferencia de prensa.
Este ajuste normativo busca cambiar los parámetros de construcción de 10 zonas de la ciudad, otorgando permiso para la edificación de torres de hasta 40 pisos, con retiros laterales y traseros opcionales, así como la posibilidad de no dejar espacios para áreas verdes ni parqueos, entre otros cambios.
Tras su aprobación en el Concejo Municipal y una serie de observaciones, la ordenanza fue remitida oficialmente al alcalde paceño, quien debía promulgarla o rechazarla en los siguientes 10 días hábiles. Esto no pasó, 20 días después Arias dio a conocer sus observaciones y declaró que era contraria a diversas leyes e incluso a la Constitución Política del Estado.
Ahora, según indica la Ley Municipal Autonómica 007/ 2011, en el artículo 31, pasado el plazo de los 10 días, el Concejo Municipal tendría que promulgar esta ordenanza. Sin embargo, la presidenta de esta instancia, Yelka Maric, busca crear una comisión especial para tratar exclusivamente este problema.
Según el abogado Franklin Gutiérrez, ninguna comisión puede tener más autoridad que el Concejo, entidad que estaría obligada a promulgar este ajuste normativo, luego de que fenecieran los plazos correspondientes.
“Ninguna comisión está sobre el Concejo, esta acción crea un paralelismo que no es legal ni constitucional. En la situación actual cualquier concejal podría plantearle al Concejo una acción de cumplimiento para que se promulgue esta ordenanza”, complementó.
Fuente: Ahora El pueblo