Denuncian que Fernando Camacho financia a cívicos potosinos
Foto: Agencia Boliviana de Información (ABI)
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Ministro Quelca dimite tras denuncias por tráfico de influencias
El ministro de Educación, Adrián Quelca, renunció a su cargo la tarde de este viernes tras ser imputado por el caso “tráfico de exámenes”. Aseguró ante los medios de comunicación que no cometió actos irregulares. “Hemos decidido, a partir de este momento, presentar a nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, (Luis Arce ) mi renuncia al cargo de Ministro de Educación, lo hacemos con la certeza de que la verdad más temprano que tarde va a darnos la razón, porque tenemos la conciencia tranquila”, dijo. Anoche, la Fiscalía emitió la imputación formal contra Quelca por el delito de incumplimiento de deberes en la designación de cargos directivos. Asimismo, pidió su detención domiciliaria. “Esta decisión es para aclarar en las instancias correspondientes con mayor espacio de tiempo las calumnias que se han vertido contra mi persona”, puntualizó.
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Gobierno encamina diálogo con gremialistas y transportistas de Santa Cruz
El vocero presidencial, Jorge Richter, informó que el Gobierno nacional se acerca a los sectores gremial y del transporte para socializar y ajustar la Ley 1386 y frenar el paro en el departamento de Santa Cruz. «Ya hemos tenido contactos con la familia gremial y transportista, y en función de ellos se están buscando espacios de diálogo para resolver las visiones asimétricas de la Ley 1386 (… ) Necesitamos que esto culmine en la resolución del conflicto», aseguró en entrevista con la Primera Edición de Abya Yala Noticias. Indicó que el paro indefinido solo pretende generar la desestabilización del Gobierno del presidente Luis Arce. «El Comité Cívico está buscando reeditar un hecho como el del 2019 para garantizar un espacio de impunidad y de no responsabilidades por la ruptura del orden constitucional», sentenció Richter en referencia al golpe de Estado que sufrió el país. Este viernes, se cumple el cuarto día de paro nacional indefinido por sectores que rechazan la vigencia de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Piden su derogación.
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