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Andrés Huanca Rodrigues Un primer apunte obvio. Las movilizaciones no son reivindicativas de un sector, ni tampoco atienden a un problema social real. Tres constataciones. 1) La Ley 1386 de Estrategia en Contra de Legitimación de Ganancias Ilícitas vigente desde el 16 de agosto -sin que esto haya supuesto que “perdamos nuestra libertad”- no establece quien y qué será sancionado. Esto ya está establecido hace más de dos décadas, desde 1997 con la Ley de Modificación del Código Penal que introdujo, en el Art. 185 bis de dicho código, los crímenes que serían sancionados hasta la actualidad como “legitimación de ganancias ilícitas”. Claro, este nombre puede ser confuso para muchos de nosotros al no saber cuál actividad ilícita es la que debemos evitar y si las estamos legitimando. En ese sentido, para nosotros los poco entendidos, tenemos que traducir lo siguiente: “Legitimación de ganancias” se traduce en el popularmente conocido “lavado de dinero”, e ilícitas en “crímenes”. Resultado: “Ley contra el lavado de dinero proveniente de crímenes”. ¿Y cuáles son estos crímenes? Remítase a la Ley y artículo referido para en resumen saber que ya se sanciona hace dos décadas el lavado de dinero de 1) narcotráfico, 2) corrupción, 3) trata y tráfico de personas y 4) contrabando. No está, en ninguna parte de este artículo, la sanción a transportar gente en nuestro vehículo o ser comerciante informal. ¿Quiénes se enmarcan en estos crímenes? Un Elio Montes, ex-director de Entel -colocado allí por Fernando Camacho- durante el gobierno de Jeanine Áñez que intentó entrar a Estados Unidos con más de 50 mil dólares sin declarar que los tenía y cómo los obtuvo. Hoy sabemos bien que por el desfalco de esta empresa pública (corrupción). O Arturo Murillo y compañía que buscaron lavar una millonada proveniente de la compra con sobreprecio de material de represión (corrupción) con la construcción del World Trade Center en Santa Cruz. Que quede claro, entonces, quiénes son los principales aludidos con esta normativa y que precisamente coincide con los principales protagonistas de esta convocatoria a bloqueo. Y si hay temor a que la Unidad Financiera “vulnere nuestra privacidad bancaria” y vea nuestras cuentas, vuelvo a remitirme a la Ley: La Unidad de Investigación Financiera (UIF) desde que fue creada en 1997 ya tenía esta facultad, si es que había indicios sospechosos de enriquecimiento por crímenes. Eso está vigente desde hace más de 20 años y sin embargo los que ahora alegan que sus libertades pueden ser vulneradas están desinformando al sostener que esto viene con “el paquete de leyes”. Falso. Y si aún no disipa el temor constatar que la Ley 1386 no cambia sustancialmente nada de lo que ya está establecido, no importa, porque la normativa que debía decir “cómo” (establecer las acciones y procedimientos para investigar y sancionar el lavado de dinero proveniente de crímenes), que era la Ley 218, fue retirada precisamente hace unas semanas para consensuar con los sectores que se sentían amenazados: para construir la normativa con ellos. Quiere decir, no hay ley que amenace a los sectores social y ya se dio un paso atrás para “consensuar” con ellos por parte del gobierno nacional. Por lo tanto, no hay razón real detrás de la movilización. En todo caso hay un escenario futuro de diálogo sobre esta normativa. En ese sentido, es una nueva intentona de desestabilización. Dicho esto, una segunda consideración. Hace poco más de un año, el día mismo en que se supo la victoria del MAS con más del 55% de los votos, Rómulo Calvo -hoy presidente del Comité Pro Santa Cruz que encabeza este paro- desconoció los resultados y junto al movimiento neopitita fueron a los cuarteles a pedir que vuelvan a salir a desconocer al gobierno electo. Meses después los médicos movilizándose para tirar la Ley de Emergencia Sanitaria que establecía, entre otras cosas, que en caso de la emergencia de la pandemia el sector no podía parar y que de requerirse se facilitaría la contratación de médicos jubilados, nacionales y extranjeros. El Colegio Médico a la cabeza de Larrea -aliado de los cívicos- afirmaron que esto era para vulnerar los derechos de los médicos y quitarles trabajo. Nada de esto fue cierto. Meses después, los comités cívicos vuelven a salir por Áñez detenida y vuelven a clamar por una ruptura institucional. Hace muy poco, incentivados por los mismos parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) mienten a la gente afirmando que el Plan de Desarrollo Económica y Social vulneraría las autonomías, cuando la normativa era copia y pega de la Ley 7777 vigente desde el 2016, cuando se estableció en Plan de Desarrollo Económico de aquel quinquenio. Práctica realizada desde el 2006. Una nueva mentira. Ni qué decir de los recientes agravios al vicepresidente y presidente en distintos actos protocolares que generan conflicto. Justamente el día de ayer, el Comité Cívico Potosinista evitó que aterrice en en la ciudad el presidente que ganó con 57% de los votos en este departamento y precisamente por el voto campesino. Hoy se vuelve a enlutar el país por un campesino muerto, haciendo de este paro un paro asesino. Pues son estos mismos sectores, estos mismos comités que encabezaron el Golpe de Estado de 2019, quienes ahora salen, envalentonados por el retiro del proyecto de Ley 218. Pero ¿por qué? Porque buscan una victoria política el escenarios que está a su alcance y no en los espacios democráticos e institucionales En modo sintético, la oposición política boliviana, incapaz de ganar elecciones para gobernar, y abandonando su rol como minoría parlamentaria, busca lanzar constantemente la disputa política hacia las calles dado su aprendizaje durante el 2019. Los últimos actos de desinformación deliberada por parlamentarios de la oposición para generar zozobra entre la población y su cercanía con los comités cívicos expresa que se trata de dos caras de la misma moneda. Y la frustración política de la burguesía, la frustración de no poder defender sus intereses mediante la democracia, es el caldo de cultivo del fascismo. Y eso es lo que