Justicia

Vecinos, organizaciones sociales y autoridades de Yapacaní dieron un plazo de 72 horas para que el Ministro de Gobierno y el Gobernador de Santa Cruz atiendan las demandas en seguridad y esclarezcan el crimen de Edgar Peñaloza, el dirigente secuestrado y asesinado a balazos. Luego del asesinato del dirigente de Yapacaní, tras ser secuestrado por encapuchados armados en San Germán, las organizaciones y autoridades del municipio exigen la presencia del ministro de Gobierno y del Gobernador de Santa Cruz; y advierten con movilizaciones.La población y organizaciones sociales de Yapacaní, rechazan que el crimen de Edgar Peñaloza, el dirigente, sea atribuido a un ajuste de cuentas. El secuestro y muerte del dirigente del sindicato La Espuma, causó indignación y dolor en Yapacaní, hecho que llevó a un ampliado donde participaron vecinos, afiliados a las organizaciones sociales y autoridades de la zona y determinaron dar un plazo de 72 horas al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, para escuchar y atender las demandas en seguridad y justicia, en Yapacaní. El plazo fue dictado mediante voto resolutivo, donde remarcan que, tras cumplirse las 72 horas, advierten con iniciar medidas de presión. Yapacaní exige esclarecer el crimen de Peñaloza, el dirigente de 36 años de edad que fue secuestrado el pasado jueves 11 de junio, por al menos siete sujetos encapuchados y armados que irrumpieron violentamente en su domicilio en San Germán, para llevárselo. Su cuerpo fue hallado abandonado en un camino vecinal cercano del parque Amboró un día después, y tras su autopsia de leu, se determinó que murió por un trauma craneoencefálico transfixiante causado por proyectil de arma de fuego, es decir, fue baleado en la cabeza, además recibió dos impactos en el tórax y uno en el pie izquierdo. Familiares, amigos y dirigentes le dieron el último adiós a Edgar Peñaloza, este domingo, donde las autoridades de Yapacaní reiteraron el pedido de justicia y que el caso no quede impune.

El exmandatario insistió en que el gobierno ya cambió prácticamente a todos los funcionarios públicos, por lo que el argumento de que podría influir en el proceso no es válido. Durante la audiencia de consideración de medidas cautelares desarrollada este viernes, el expresidente Luis Arce denunció que se vulneran sus derechos al trabajo y a la salud. Arce negó que pueda influir en funcionarios públicos vinculados al caso y recalcó que el actual Gobierno ya realizó un cambio total de los funcionarios públicos desde su aprehensión. “No vengo a pedir un favor. Venimos a pedir que se aplique la ley. A la fecha ya estoy detenido seis meses exactos. Cuando mi detención preventiva era solo de cinco, que ya los cumplí. No se aplica la Constitución Política del Estado que presume la inocencia, como reza nuestra Carta Magna en nuestra justicia. Parece que se presume la culpabilidad”, cuestionó el exmandatario en la audiencia virtual en la que la justicia ratificó la ampliación de su detención preventiva por cinco meses.  Arce complementó que parece que dar la cara y enfrentar el proceso es más bien un delito, y que la justicia no debería actuar de esa manera. “Yo tengo trabajo. Señora magistrada, soy docente universitario titular desde 1990. ¿Con qué creen que me voy a mantener si me han congelado mis cuentas, mis bienes? También se me está violando mi derecho a la salud, como lo mencionaba nuestro abogado”, enfatizó el expresidente. Por último, Arce recordó a la magistrada que han pasado siete meses y que ha habido reclamos “inclusive de su misma militancia” y de quienes hoy tienen “secuestrado al país con 43 días de bloqueos”. El exmandatario insistió en que el gobierno ya cambió prácticamente a todos los funcionarios públicos, por lo que el argumento de que podría influir en el proceso no es válido. “Han cambiado prácticamente a todos los funcionarios. Ese argumento tampoco es valedero, señora magistrada”, dijo Arce, en referencia a la posibilidad de que pudiera interferir en la investigación. La defensa del expresidente solicitó que se respeten sus derechos fundamentales y se revisen las condiciones de su detención preventiva.

La nueva aprehensión de Mendoza amplía el alcance de una investigación que ya involucra a distintas áreas estratégicas de la petrolera estatal. El proceso fue impulsado por la diputada opositora Lissa Claros. La investigación por el denominado caso de la gasolina desestabilizada sumó este lunes un tercer aprehendido. El Ministerio Público de La Paz ejecutó una orden de aprehensión contra Nelson Alejandro Mendoza, gerente Comercial de YPFB, quien deberá prestar su declaración informativa en las próximas horas antes de que la Fiscalía defina su situación jurídica. De acuerdo con la información oficial, replicada por Cadena A, la orden fue emitida dentro de las investigaciones que buscan establecer responsabilidades en torno a la comercialización y manejo de combustible observado por las autoridades. Tras su aprehensión, Mendoza será sometido a los actos investigativos y posteriormente se prevé la presentación de una imputación formal acompañada de una solicitud de medidas cautelares. Según la orden de aprehensión de la Fiscalía, el ejecutivo es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, los mismos tipos penales por los que ya son procesados otros funcionarios de la estatal petrolera. Con esta nueva actuación fiscal, el caso alcanza ya a tres ejecutivos vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El primero en ser procesado fue Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización, quien fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Palmasola tras una audiencia cautelar desarrollada el pasado fin de semana. Posteriormente, la Fiscalía ejecutó una segunda orden de aprehensión contra Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente general de YPFB Logística, quien fue arrestado en la ciudad de Santa Cruz y trasladado a dependencias policiales para la toma de su declaración informativa. La nueva aprehensión de Mendoza amplía el alcance de una investigación que ya involucra a distintas áreas estratégicas de la petrolera estatal. El proceso fue impulsado por la diputada opositora Lissa Claros y se desarrolla con la participación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Organismos internacionales siguen de cerca el conflicto político y social que se vive en Bolivia, mientras HRW deplora que un niño muera a causa de los bloqueos, Naciones Unidas exige al Gobierno respetar derechos humanos de bloqueadores. El prolongado conflicto político y social que afecta principalmente al occidente del país no solo responde a factores económicos o políticos. Para Human Rights Watch (HRW), la crisis también tiene relación con el debilitamiento de la justicia y, en particular, con las limitaciones que enfrenta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que actualmente funciona de manera incompleta. Así lo afirmó César Muñoz, director para América Latina de HRW, tras una visita realizada la pasada semana a Sucre, donde sostuvo reuniones con magistrados del Órgano Judicial y del TCP, además del fiscal general del Estado y del defensor del Pueblo, con el propósito de evaluar la situación institucional del sistema judicial boliviano. “Si yo me opongo a una ley aprobada en la Asamblea porque creo que es inconstitucional, en este momento el Tribunal Constitucional no puede revisar la normativa porque solo tiene cuatro magistrados. Entonces, ¿cuál es mi opción como ciudadano? La justicia no está funcionando como un árbitro y salgo a las calles. Yo creo que en parte el conflicto también se debe a que no tenemos este poder fundamental que es la justicia”, sostuvo César Muñoz. El representante de HRW considera urgente que la Asamblea Legislativa complete la elección de los cinco magistrados que faltan para conformar plenamente el TCP. A su juicio, la ausencia de una instancia constitucional con capacidad de responder a controversias institucionales debilita los canales democráticos para resolver disputas y aumenta la tensión. La preocupación del organismo surge en momentos en que Bolivia atraviesa una de las crisis más complejas de los últimos años. Desde principios de mayo, La Paz permanece afectada por bloqueos y movilizaciones que provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. Precisamente sobre las consecuencias humanitarias de este conflicto también se pronunció HRW. La directora de la División de las Américas del organismo, Juanita Goebertus, lamentó la muerte de un niño de 12 años que no recibió atención médica oportuna debido a los bloqueos en la ruta entre Llallagua y Potosí. Además, expresó preocupación por la situación de los hospitales paceños, afectados por la escasez de oxígeno, medicamentos y alimentos, así como por los episodios de violencia registrados durante las protestas. “Nos preocupa la situación. Los manifestantes tienen derecho a la protesta pacífica, pero no es aceptable que algunos recurran a la violencia. Instamos a las autoridades a respetar los estándares internacionales y apoyamos los esfuerzos de diálogo para alcanzar una solución pacífica”, señaló. Las observaciones de HRW coinciden con las expresadas por otros organismos internacionales que han seguido de cerca la evolución de la crisis. Para la organización, la situación demuestra que cuando la justicia pierde capacidad para resolver conflictos dentro de la institucionalidad, aumenta el riesgo de violencia. ONU pide respeto a los derechos humanos de los bloqueadores, pero no dice nada cuando estos usan dinamita La oficina de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en América del Sur, le recordó al Gobierno de Bolivia que las fuerzas del orden, en este caso la Policía en toda actuación “debe ajustarse estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos”. No obstante, en su comunicado, la ONU no hizo referencia al uso excesivo de petardos y explosivos de dinamita y otras bombas caseras que lanzan los movilizados contra los policías y los trabajadores de la prensa en sus marchas de protesta. Tampoco se refirió a las constantes agresiones que sufren los periodistas, camarógrafos y fotógrafos por parte de los bloqueadores.   “Todo uso de la fuerza por los agentes del orden debe ser compatible con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. Se debe investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos”, se lee en el comunicado de las Naciones Unidas. Fuente: EL Deber

Los jueces, cuya decisión se apoya en la investigación de EL PAÍS, ratifican la cárcel para los dos cargos que protegieron a Pedrajas, el cura que admitió en su diario que abusó de 85 niños EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es. Las víctimas sabían que se enfrentaban a un gigante cuando interpusieron sus denuncias en los tribunales bolivianos de Cochabamba. La Compañía de Jesús es una de las instituciones más poderosas del país latinoamericano y con los suficientes recursos como para pagar los mejores abogados. La verdad, pensó Edwin Alvarado cuando pisó por primera vez los juzgados en mayo de 2023, estaba de su lado. Pocas semanas antes, EL PAÍS había publicado un reportaje de investigación que revelaba que el ya fallecido misionero español Alfonso Pedrajas había dejado un diario donde admitía haber abusado de al menos 85 niños en Cochabamba y cómo sus superiores lo habían protegido. Pedrajas, conocido como Padre Pica, era el pederasta que agredió a Alvarado en 1984, cuando estudiaba en el internado Juan XXIII. Su denuncia se sumó a más de una decena de otros afectados y a varios legajos de pruebas que aportaron, entre ellas la investigación de este periódico. El procedimiento se alargó dos años, con altibajos por las dificultades de las víctimas para pagar un abogado, pero con un resultado feliz: la justicia condenó a un año de cárcel a dos de los altos cargos que protegieron a Pedrajas, los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix. El entusiasmo duró poco, pues la Compañía recurrió y los afectados temieron que una dilatación del procedimiento sería imposible de costear. Afortunadamente para ellos, el estudio del recurso ha durado siete meses y los jueces han ratificado la condena con contundencia: “Estos delitos son de lesa humanidad”. El escrito, firmado este jueves por el presidente y los vocales de la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señala que “los acusados encubrieron hechos de violación y abuso sexual, concluyendo que el Colegio Juan XXIII y la Compañía de Jesús de Bolivia no actuaron en el marco de su posición garante y las obligaciones de proteger los derechos de los niños. Al contrario, vulneraron los mismos al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir la violencia, para investigarla, repararla y sancionar a las víctimas”. A la pena de cárcel, este mismo tribunal ratifica que la Compañía deberá pagar la “reparación de daños civiles a favor de las víctimas”. Del mismo modo, avala que se se remita a la Fiscalía boliviana una docena de otros casos de pederastia clerical que han emergido durante el proceso, en el que también hay indicios de encubrimiento, para que los investigue y “si corresponde o no abrir causa contra los mismos”. La resolución es histórica, pues es la primera vez que un tribunal condena a dos altos cargos eclesiásticos por encubrir un caso en el que el pederasta ha muerto antes de ser juzgado y cuando los delitos de abusos están prescritos. Los dos condenados (Recolons, de 81 años, y Alaix, de 83) ocuparon el puesto de provincial en Bolivia (máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país y cuyo mandato suele alargarse varios años) durante los periodos en los que más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden. Recolons de 1993 a 1999, y Alaix entre 1999 y 2007. El primero, además, llegó a ser el número dos de la orden en Roma, en la curia general, entre 2004 y 2012. La voz de Alvarado se escucha feliz por el auricular del teléfono. En los últimos meses, masticaba la posible derrota y el desamparo al que estarían encaminadas las víctimas de Pedrajas. Pues, a pesar de que la orden siempre ha admitido públicamente los abusos, esta se ha negado a repararles tal y como ordena la norma canónica. Ahora, con la ratificación, ven más cerca que los jesuitas paguen una indemnización de la que aún no se ha establecido una cuantía. “Se terminó el miedo al poder de la Iglesia. Ahora prima un nuevo periodo de dignidad de la justicia, que va a permitir sentencias justas. Ojalá así sea de aquí en adelante”, dice Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Supervivientes, la asociación nacional en la que se agrupan un gran número de víctimas de abusos en entornos clericales. La organización de afectados cree que la rápida resolución es una consecuencia de la publicación de varios informes que piden, entre otras cuestiones, que el Parlament de Cataluña investigue a la Compañía catalana (donde procedían la mayoría de los pederastas) por encubrimiento. La ratificación del Tribunal Departamental, no obstante, puede recurrirse por las partes en un plazo de cinco días. El caso de Alfonso Pedrajas salió a la luz gracias a una investigación de EL PAÍS, un hecho que los magistrados de la sala han recalcado a lo largo del documento. Este caso tuvo sus primeros avances en mayo de 2023, semanas después de que este periódico publicara las informaciones iniciales. El procurador general del Estado, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el propio presidente del Gobierno de entonces, Luis Arce, anunciaron una gran investigación. La policía registró las sedes de los jesuitas y requisaron numerosos documentos que demostraban no solo el encubrimiento del caso de Pedrajas, sino el de otros pederastas. La defensa de los jesuitas encubridores, entre los que se encuentra el actual ministro de Defensa boliviano, Marcelo Salinas (que en el momento del juicio no ocupaba ese cargo), ha arremetido contra el trabajo periodístico, alegando que no puede formar parte de las pruebas que demuestran que tanto Alaix como Recolons protegieron a Pedrajas. Pero los magistrados no solo defienden su consistencia en el documento, sino que señalan que respalda “el testimonio de las víctimas”. Además de restar valor a las informaciones

La ampliación de la reserva por diez días más permitirá a la Fiscalía continuar con las diligencias sin entorpecer la investigación, mientras la ciudadanía espera que se identifique y capture a todos los responsables, tanto los que ejecutaron el magnicidio como quienes lo planificaron La Fiscalía de Santa Cruz informó que se extendió por 10 días más la reserva del caso del asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, confirmó que hay cinco personas detenidas en el penal de Palmasola y que continúan las diligencias para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen ocurrido la noche del 30 de abril en la capital cruceña. “La prórroga de la investigación se ha requerido por diez días más, es decir, en total van a ser veinte días de ampliación de investigación, que ya han transcurrido más de diez días, se ha ampliado por el mismo término y a la fecha se encuentra vigente esta determinación judicial”, enfatizó el fiscal, en conferencia de prensa, y explicó que la ampliación busca garantizar la eficacia de la persecución penal estratégica para dar con los autores materiales e intelectuales. Zeballos detalló que, a la fecha, cinco personas se encuentran con detención preventiva. “En una primera instancia tenemos a un presunto autor como cómplice de asesinato conjuntamente con su cónyuge y su progenitora, pero asimismo también tenemos a dos venezolanos, una pareja de venezolanos que también se encuentran guardando la medida excepcional de la detención preventiva”, señaló. El fiscal agregó que las investigaciones continúan con todas las labores necesarias para esclarecer el crimen. Días atrás, la Justicia dictó detención preventiva por seis meses a un ciudadano venezolano y una mujer boliviana, presuntamente vinculados al asesinato. Durante el operativo se secuestró una furgoneta y una moto. Según fuentes policiales, cuando el magistrado fue asesinado, no solo era seguido por la motocicleta de los sicarios, sino que un furgón pequeño monitoreaba, un poco más atrás, a los asesinos y a la autoridad judicial. Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar que dos vehículos estaban involucrados. El crimen ocurrió en la ciudad de Santa Cruz la noche del jueves 30 de abril, cuando dos sujetos en motocicleta dispararon contra el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, y le quitaron la vida. La ampliación de la reserva por diez días más permitirá a la Fiscalía continuar con las diligencias sin entorpecer la investigación, mientras la ciudadanía espera que se identifique y capture a todos los responsables, tanto los que ejecutaron el magnicidio como quienes lo planificaron. Fuente: CADENA A

¿Qué cantidad de dinero y qué objetos realmente robaron a la alcaldesa y a su pareja? Su abogado dice que “el tema de montos va a depender del resultado de la investigación” La alcaldesa saliente de El Alto, Eva Copa, y su pareja Jhonatan Figueroa Meneses, conocido como el ‘Ken boliviano‘, formalizaron este martes la denuncia por el robo perpetrado en la casa de la autoridad edil durante el pasado fin de semana. “Hoy se ha procedido a formalizar la denuncia presentada por el delito de robo agravado, la cual justamente está siendo oficializada de manera específica por la alcaldesa Eva Copa, acompañada de su señor pareja”, informó Frank Campero, abogado de la autoridad municipal, en una conferencia de prensa. Agregó que, además, solicitaron la declaratoria de la reserva de este caso “por todo el morbo” que ha generado esta noticia, que inicialmente fue filtrada a medios de información con el envío de fotografías de lo ocurrido. “Nosotros hemos solicitado de manera específica y esperemos que, en horas de la tarde, ya tengamos esta reserva para evitar ese morbo, que justamente generan las redes sociales y la misma población, con datos totalmente inexactos, que llaman a la conversación e inclusive a la burla. Esperemos que a estas personas no les pase jamás (un robo)”, dijo. El pasado domingo 26 de abril se conoció, de manera preliminar, que delincuentes ingresaron un día antes a la casa de Copa en El Alto y que sustrajeron más de medio millón de bolivianos, además de 17.000 dólares, joyas, relojes de colección y equipos tecnológicos. El lunes, en medio de una ola de especulaciones, Copa rompió en llanto en una entrevista, aseguró que se manejan datos que no son reales y que las cosas que robaron no eran solo de ella. El mismo día, el fiscal Marco Antonio Araníbar reveló que “la víctima principal” es Jonathan Figueroa, “quien refiere ser el propietario de la caja fuerte y también de otros objetos, como relojes de colección”. Este martes, el abogado de Copa fue consultado si se puede establecer la cantidad real del dinero robado y sólo se limitó a decir que “el tema de montos va a depender del resultado de la investigación”. “No vamos a entrar de manera específica a detallar elementos totalmente subjetivos con el tema de montos, con el tema de los objetos, eso se determinará de manera específica y objetiva dentro de la investigación”, afirmó. Fuente: El Deber

La Fiscalía General del Estado conformó una comisión especial para investigar el ataque criminal ocurrido en Bermejo, Tarija, donde un artefacto explosivo fue activado en el vehículo de un fiscal de materia. La Fiscalía General del Estado informó este domingo que conformó una comisión de fiscales para investigar el atentado criminal perpetrado contra un fiscal de materia del municipio de Bermejo, en Tarija, luego de que un desconocido activara un artefacto explosivo colocado en su vehículo. A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público señaló que la investigación fue activada de manera inmediata y que se realizará de forma “rigurosa, objetiva y transparente” con el objetivo de identificar y aprehender a los autores materiales e intelectuales del hecho. La institución recordó que permanentemente lleva adelante investigaciones vinculadas a delitos de narcotráfico, aduana, crimen organizado y otros casos de alta complejidad, situaciones que, según indicó, exponen a fiscales y servidores públicos a constantes riesgos durante el ejercicio de sus funciones. En ese marco, la Fiscalía activó la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público para otorgar medidas de seguridad y resguardo al fiscal afectado y a su entorno familiar. Asimismo, exhortó a la Policía Boliviana a cumplir con su labor como brazo operativo de la investigación y ejecutar todas las acciones necesarias para esclarecer el atentado. “El Ministerio Público condena enérgicamente cualquier acto de violencia o intimidación contra servidores públicos que ejercen funciones en defensa de la sociedad y garantiza que ningún hecho criminal detendrá el trabajo institucional ni el compromiso firme de continuar actuando con independencia y apego a la ley”, señala parte del pronunciamiento. Fuente: Red Uno

En el referido memorial, la víctima asegura que no existió ningún hecho ilícito y cuestionó la acusación impulsada por la comisión de fiscales del Ministerio Público. La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, reconoció que, en el caso del juicio contra el expresidente Evo Morales, existe el memorial de pedido de la víctima de archivar el caso judicial de trata de personas agravado que lleva a cabo en la ciudad de Tarija. Ruiz dijo que mientras no se instale el juicio oral no se puede resolver ningún memorial de manera escrita. «Entonces esto queda suspendido hasta que en algún momento se instale y resuelva lo solicitado», insistió la decana del TSJ que se encuentra en su natal Tarija para asistir a un taller judicial coincidiendo con el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales que después fue suspendido. En el referido memorial, la víctima asegura que no existió ningún hecho ilícito y cuestionó la acusación impulsada por la comisión de fiscales del Ministerio Público. Además, solicitó la nulidad de la apertura del juicio oral por considerar que existen vulneraciones al debido proceso y rechazó la representación del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI). La víctima, de 27 años en la actualidad, se encuentra en Argentina, donde la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) le otorgó refugio diplomático el 22 de agosto de 2025. Evo Morales fue acusado por el delito de trata de personas agravado por haber tenido una relación con ella en 2015, cuando era una menor de 16 años y el expresidente iniciaba su tercer mandato. El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, declaró que la Constitución Política del Estado (CPE) no da privilegios a nadie y todos los bolivianos son iguales ante la Ley. «El exmandatario Evo Morales debe comparecer ante los estrados judiciales y no debe esquivar la investigación ni el trabajo de la justicia boliviana. Es decir, el que nada hace nada teme, si el indica que es inocente es aquí donde debe demostrar su inocencia y no haciéndose la burla de la justicia», manifestó Gira. El dirigente cívico no descartó que haya habido proteccionismo de alguna autoridad porque si hubiese sido cualquier boliviano o boliviana ya se iba a cumplir con la orden de aprehensión. Fuente: El Deber