Política

El diputado de la Alianza Unidad Carlos Alarcón planteó la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como una salida a la crisis generada por los bloqueos indefinidos. En un pronunciamiento público, el legislador sostuvo que el país atraviesa un “callejón sin salida”, debido a las medidas de presión, que afectan los derechos de la población y podrían derivar en un escenario de violencia generalizada. Como parte de su propuesta, planteó que la Asamblea apruebe por dos tercios una ley interpretativa de la Constitución que permita convocar a un referéndum revocatorio extraordinario en un plazo de tres meses. El diputado explicó que, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley del Régimen Electoral, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea concluirían sus mandatos en 2030. En caso de que triunfe la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en un plazo de hasta cinco meses. Según Alarcón, la ley interpretativa tendría carácter excepcional y serviría para habilitar mecanismos de solución en situaciones extremas que comprometan la vigencia del orden constitucional y democrático o que puedan desembocar en enfrentamientos entre bolivianos. Alarcón advirtió que no se debe permitir que la violencia “deponga y derroque gobiernos”, incluso si esta se presenta bajo la figura de elecciones anticipadas, porque ello pondría en riesgo la existencia del Estado y el orden constitucional. Alertó que, detrás de las protestas contra el presidente, está la intención de que Edmand Lara asuma el cargo, para ser un “puente para el retorno de Evo Morales”. “Autoridad investida por el voto solo por el voto debería ser revocada”, concluyó. Fuente: Correo del Sur

La senadora Ana María Crispín y el diputado Rodolfo García instalaron una medida extrema en la Asamblea Legislativa y pidieron al Gobierno retomar espacios de concertación para evitar una mayor escalada del conflicto social.En medio del endurecimiento de los bloqueos, la creciente tensión política y los efectos económicos que golpean a distintas regiones del país, dos legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) instalaron una huelga de hambre en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de exigir soluciones a la crisis y promover una salida basada en el diálogo. La senadora Ana María Crispín y el diputado Rodolfo García Encinas iniciaron la medida de presión denunciando el agravamiento de la situación social y económica derivada de los bloqueos, el desabastecimiento y el incremento de precios de los productos de la canasta familiar. Los parlamentarios señalaron que la protesta busca visibilizar el malestar de la población y demandar acciones urgentes para frenar la confrontación. Sin embargo, más allá de las demandas económicas, la senadora Crispín centró su mensaje en la necesidad de reconstruir puentes de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados. La legisladora advirtió que el país atraviesa un escenario delicado, marcado por discursos de confrontación que, a su juicio, dificultan cualquier posibilidad de entendimiento. “Se necesitan voces de paz, se necesita generar espacios de diálogo”, afirmó la parlamentaria, quien expresó su preocupación por el cierre de canales de negociación con las organizaciones sociales que participan de las movilizaciones. Según sostuvo, todavía existe margen para encontrar una solución política al conflicto, aunque reconoció que las condiciones actuales son complejas. La legisladora también pidió moderación a las autoridades y actores políticos, al considerar que algunos pronunciamientos públicos terminan profundizando la polarización. ‘Bolivia no quiere confrontación’, sostuvo, al insistir en que la resolución de la crisis debe producirse mediante acuerdos y no a través de una escalada del conflicto. “Nos preocupa bastante, esperemos que el presidente lo escuche y que hoy baje, vaya a buscar a estos sectores sociales con un comité, todavía se puede (llegar a una solución), no a un cien por ciento, sabemos que es una condición difícil, pero se puede y sin confrontar. Y los diputados y senadores, mídanse en sus comentarios, por favor, porque Bolivia no quiere confrontación”, reflexionó la asambleísta paceña. La huelga de hambre se instaló el pasado miércoles 27 de mayo en protesta por la crisis económica y social derivada de los bloqueos y el incremento de los precios de los productos esenciales, debido al conflicto que casi cumple un mes y que mantiene presión sobre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. “Ya llego a pensar que todos ellos están buscando hundir al presidente, porque se necesitan voces de paz, se necesita generar, vamos a realizar esto, vamos a generar estos espacios de diálogo, vamos a ir a tal lugar, vamos a buscar esto, pero no se confronta”, subrayó. Las movilizaciones, impulsadas por distintos sectores sociales, iniciaron en principio en reclamo a respuestas a la crisis económica, el abastecimiento de combustibles y la situación del costo de vida; empero, desde hace varios días piden la renuncia de Paz como única consigna de lucha. Mientras el conflicto continúa, los legisladores aseguran que su medida busca convertirse en una señal política para reabrir espacios de entendimiento y evitar que la crisis derive en mayores niveles de confrontación social y política.

La decisión ocurre en un contexto de reciprocidad diplomática, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz dispusiera la salida de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, argumentando “injerencia” en asuntos internos. La representación diplomática de Bolivia en Colombia fue oficialmente concluida este miércoles, tras la notificación del Gobierno colombiano sobre el cese de funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, quien era el encargado de la Oficina de la Embajada boliviana en Bogotá. El anuncio se dio a conocer mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que fundamentó la decisión en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La decisión ocurre en un contexto de reciprocidad diplomática, luego de que el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz dispusiera la salida de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, argumentando “injerencia” en asuntos internos tras declaraciones del mandatario Gustavo Petro. La Cancillería colombiana aclaró que “no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia”, destacando el proceder meramente diplomático. Petro había señalado que la situación en Bolivia era una “respuesta a la soberbia geopolítica”, expresión que generó rechazo en el gobierno boliviano, al considerar que vulneraba el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. El presidente Paz sostuvo que tales afirmaciones representaban un ataque a la democracia, acusando a Petro de anteponer su ideología frente a la convivencia pacífica entre naciones. La tensión diplomática se desarrolla en medio de un escenario de protestas sociales en Bolivia, protagonizadas por campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros. Las movilizaciones incluyen bloqueos de carreteras y huelgas indefinidas, motivadas por demandas salariales, escasez de combustible y problemas de abastecimiento. El expresidente Evo Morales se ha convertido en un referente de apoyo para las protestas que atraviesa Bolivia. En paralelo, el mandatario colombiano Gustavo Petro exhortó a Estados Unidos a abstenerse de cualquier acción violenta contra Morales, al advertir que una agresión “solo llenará de sangre toda la América Latina”.

Las declaraciones del alcalde se suman a los pronunciamientos de distintos actores políticos e institucionales que expresaron preocupación por la escalada de protestas y bloqueos El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó este miércoles los bloqueos y hechos de violencia registrados en el país y afirmó que las acciones “subversivas” no pueden justificarse como mecanismos de presión política o social. A través de sus redes sociales, Reyes Villa afirmó que el derecho a la protesta está garantizado en democracia, aunque marcó diferencias con las medidas que afectan la estabilidad y seguridad de la población. “En democracia, el derecho a la protesta está permitido; pero el bloqueo, la violencia y las acciones subversivas que atentan contra la vida y la estabilidad de la población no pueden seguir siendo utilizadas como medidas de presión”, publicó Reyes Villa. El pronunciamiento surge en medio de la creciente conflictividad social que atraviesa el país, especialmente en La Paz y El Alto, donde sectores afines al evismo instalaron bloqueos y movilizaciones con demandas políticas que incluyen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Reyes Villa ratificó que ninguna medida de presión puede situarse por encima de los derechos fundamentales de la población. “Nada está por encima del derecho a la vida y a vivir en paz; en ese entendido, tenemos que hacer respetar la democracia a rajatabla”, afirmó. La autoridad cochabambina también llamó a preservar la estabilidad y la convivencia pacífica frente al escenario de tensión política y social que vive el país. “El pueblo boliviano ya no quiere más confrontación, el pueblo boliviano necesita trabajar y salir adelante con unidad, con paz social y en libertad”, señaló.

El encuentro desarrollado en Cochabamba reunió a autoridades nacionales, representantes de organizaciones sociales y algunos gobiernos subnacionales con el objetivo de abordar la conflictividad social y analizar medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo El alcalde de la ciudad de El Alto, Elizer Roca, explicó este domingo las razones de su ausencia en el Encuentro Nacional por la Estabilidad y el Progreso de la Patria, realizado el sábado en Cochabamba, asegurando que pese a haber sido invitado por el Gobierno, no pudo viajar debido a que su nombre no figuraba en la lista de pasajeros del vuelo programado. “Les voy a confesar: sí, he sido invitado. Me llamaron del Ministerio de la Presidencia, me dijeron que me fuese a las 6 de la mañana al aeropuerto. Hice eso, fui al aeropuerto, presenté mi carnet, pero no estaba mi nombre en listas, entonces me quedé, y enhorabuena”, declaró la autoridad municipal ante los medios de comunicación. El encuentro desarrollado en Cochabamba reunió a autoridades nacionales, representantes de organizaciones sociales y algunos gobiernos subnacionales con el objetivo de abordar la conflictividad social y analizar medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo. En ese contexto, Roca valoró la voluntad de diálogo, aunque advirtió que no es suficiente convocar a una reunión para posteriormente presentar proyectos normativos sin consenso previo. “Ese no es el camino. El diálogo y la concertación con los dirigentes son el verdadero camino que va a permitir que no convulsionemos nuestra amada patria boliviana”, afirmó. Consultado sobre si respaldará los acuerdos alcanzados en Cochabamba, el alcalde alteño cuestionó que muchas autoridades aún desconocen el contenido de las propuestas debatidas. “¿Qué acuerdos? Si ninguno de nosotros conocemos qué dicen esas leyes. Entonces hay que socializar y poner en contexto a las autoridades y dirigentes para llegar a acuerdos. Ese es el camino para que no existan convulsiones en el país”, manifestó. La autoridad edil expresó además su preocupación por las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos de carreteras que afectan rutas estratégicas hacia Oruro y Viacha, situación que impacta directamente al comercio y abastecimiento de la ciudad de El Alto. Exhortó al Gobierno a priorizar el diálogo y evitar imposiciones frente a las demandas sociales. “No hay que imponer a los hermanos y hermanas alteñas y bolivianos. Tenemos que siempre dialogar, conversar y llegar a acuerdos. Solo así vamos a tener soluciones. El otro camino, el de querer imponer, solo nos lleva a los conflictos”, sostuvo. Fuente Erbol

El presidente Rodrigo Paz anunció este sábado, durante la inauguración del diálogo nacional en Cochabamba, que presentará un paquete de más de 10 leyes destinadas a impulsar transformaciones estructurales y “generar un nuevo futuro para Bolivia”, en medio de la crisis económica, política y social que atraviesa el país. El mandatario hizo el anuncio ante autoridades nacionales, subnacionales, líderes políticos y representantes de distintos sectores sociales reunidos en el encuentro nacional convocado por el Gobierno. “Este encuentro tiene un propósito claro: sentar las bases de un acuerdo nacional para la estabilidad y las reformas que Bolivia necesita”, afirmó Paz al iniciar su discurso. El jefe de Estado sostuvo que el país atraviesa una crisis profunda que no solo afecta la economía, sino también la institucionalidad y la cohesión social. “Bolivia se halla no solo en una crisis económica que golpea los bolsillos y una fractura social, sino en un país quebrado en todos los niveles”, manifestó. Paz señaló que el actual escenario político marca el fin de una etapa dominada por “la hegemonía de un solo partido y un solo caudillo”, y aseguró que los resultados electorales del 17 agosto y de las subnacionales (del 8 de marzo y el balotaje del 19 de abril) reflejan una decisión ciudadana de cambio. “El sistema no funciona y Bolivia decidió cambiar en las elecciones nacionales del 17 de agosto y en las subnacionales”, sostuvo, al señalar que este nuevo ciclo político fue resultado de “un duro parto de nueve meses”. El mandatario convocó a todos los sectores a asumir el desafío de impulsar transformaciones conjuntas y construir consensos para enfrentar la crisis. “Este encuentro no es un gesto simbólico ni una decisión política; es el futuro de Bolivia. Se inicia una nueva etapa donde la pluralidad no es un problema, sino una fortaleza”, afirmó. Asimismo, pidió avanzar hacia acuerdos que permitan “recuperar la estabilidad, ordenar la economía, reconstruir la institucionalidad y devolverle al país un horizonte transparente de futuro”. Durante su intervención, Paz también advirtió sobre amenazas contra el proceso de reformas y denunció la existencia de sectores que buscan desestabilizar al país. “Bolivia enfrenta momentos difíciles, no solo en las regiones que están sufriendo el sicariato vinculado a lo ilícito, sino también el sicariato de lo antidemocrático y el sicariato que quiere generar una ruptura democrática para impedir las transformaciones que nos encomendó el país”, declaró.