Política

El encuentro desarrollado en Cochabamba reunió a autoridades nacionales, representantes de organizaciones sociales y algunos gobiernos subnacionales con el objetivo de abordar la conflictividad social y analizar medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo El alcalde de la ciudad de El Alto, Elizer Roca, explicó este domingo las razones de su ausencia en el Encuentro Nacional por la Estabilidad y el Progreso de la Patria, realizado el sábado en Cochabamba, asegurando que pese a haber sido invitado por el Gobierno, no pudo viajar debido a que su nombre no figuraba en la lista de pasajeros del vuelo programado. “Les voy a confesar: sí, he sido invitado. Me llamaron del Ministerio de la Presidencia, me dijeron que me fuese a las 6 de la mañana al aeropuerto. Hice eso, fui al aeropuerto, presenté mi carnet, pero no estaba mi nombre en listas, entonces me quedé, y enhorabuena”, declaró la autoridad municipal ante los medios de comunicación. El encuentro desarrollado en Cochabamba reunió a autoridades nacionales, representantes de organizaciones sociales y algunos gobiernos subnacionales con el objetivo de abordar la conflictividad social y analizar medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo. En ese contexto, Roca valoró la voluntad de diálogo, aunque advirtió que no es suficiente convocar a una reunión para posteriormente presentar proyectos normativos sin consenso previo. “Ese no es el camino. El diálogo y la concertación con los dirigentes son el verdadero camino que va a permitir que no convulsionemos nuestra amada patria boliviana”, afirmó. Consultado sobre si respaldará los acuerdos alcanzados en Cochabamba, el alcalde alteño cuestionó que muchas autoridades aún desconocen el contenido de las propuestas debatidas. “¿Qué acuerdos? Si ninguno de nosotros conocemos qué dicen esas leyes. Entonces hay que socializar y poner en contexto a las autoridades y dirigentes para llegar a acuerdos. Ese es el camino para que no existan convulsiones en el país”, manifestó. La autoridad edil expresó además su preocupación por las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos de carreteras que afectan rutas estratégicas hacia Oruro y Viacha, situación que impacta directamente al comercio y abastecimiento de la ciudad de El Alto. Exhortó al Gobierno a priorizar el diálogo y evitar imposiciones frente a las demandas sociales. “No hay que imponer a los hermanos y hermanas alteñas y bolivianos. Tenemos que siempre dialogar, conversar y llegar a acuerdos. Solo así vamos a tener soluciones. El otro camino, el de querer imponer, solo nos lleva a los conflictos”, sostuvo. Fuente Erbol

El presidente Rodrigo Paz anunció este sábado, durante la inauguración del diálogo nacional en Cochabamba, que presentará un paquete de más de 10 leyes destinadas a impulsar transformaciones estructurales y “generar un nuevo futuro para Bolivia”, en medio de la crisis económica, política y social que atraviesa el país. El mandatario hizo el anuncio ante autoridades nacionales, subnacionales, líderes políticos y representantes de distintos sectores sociales reunidos en el encuentro nacional convocado por el Gobierno. “Este encuentro tiene un propósito claro: sentar las bases de un acuerdo nacional para la estabilidad y las reformas que Bolivia necesita”, afirmó Paz al iniciar su discurso. El jefe de Estado sostuvo que el país atraviesa una crisis profunda que no solo afecta la economía, sino también la institucionalidad y la cohesión social. “Bolivia se halla no solo en una crisis económica que golpea los bolsillos y una fractura social, sino en un país quebrado en todos los niveles”, manifestó. Paz señaló que el actual escenario político marca el fin de una etapa dominada por “la hegemonía de un solo partido y un solo caudillo”, y aseguró que los resultados electorales del 17 agosto y de las subnacionales (del 8 de marzo y el balotaje del 19 de abril) reflejan una decisión ciudadana de cambio. “El sistema no funciona y Bolivia decidió cambiar en las elecciones nacionales del 17 de agosto y en las subnacionales”, sostuvo, al señalar que este nuevo ciclo político fue resultado de “un duro parto de nueve meses”. El mandatario convocó a todos los sectores a asumir el desafío de impulsar transformaciones conjuntas y construir consensos para enfrentar la crisis. “Este encuentro no es un gesto simbólico ni una decisión política; es el futuro de Bolivia. Se inicia una nueva etapa donde la pluralidad no es un problema, sino una fortaleza”, afirmó. Asimismo, pidió avanzar hacia acuerdos que permitan “recuperar la estabilidad, ordenar la economía, reconstruir la institucionalidad y devolverle al país un horizonte transparente de futuro”. Durante su intervención, Paz también advirtió sobre amenazas contra el proceso de reformas y denunció la existencia de sectores que buscan desestabilizar al país. “Bolivia enfrenta momentos difíciles, no solo en las regiones que están sufriendo el sicariato vinculado a lo ilícito, sino también el sicariato de lo antidemocrático y el sicariato que quiere generar una ruptura democrática para impedir las transformaciones que nos encomendó el país”, declaró.

El presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Marcelo Blanco Quintanilla como nuevo ministro de Hidrocarburos, en reemplazo de Mauricio Medinacelli, en un contexto marcado por la crisis de combustibles y renuncias en el sector. El relevo se produce horas después de la dimisión irrevocable de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, quien dejó el cargo tras apenas 23 días de gestión, en medio de cuestionamientos por la importación de gasolina contaminada y aguda escasez de diesel. Blanco Quintanilla, que hasta ahora se desempeñaba como viceministro de Electricidad y Energías Renovables, asume el Ministerio con la tarea inmediata de encarar una crisis que se arrastra desde hace al menos tres meses, caracterizada por la importación estatal de combustible contaminado —que afectó a miles de vehículos privados y públicos—, escasez de diésel, protestas sociales y observaciones a los contratos de importación firmados en enero de 2026 por el presidente de YPFB Yussef Akly Flores. 🔺“Soberanía energética” y cambio de etapa Durante el acto, el presidente Paz enmarcó la decisión en una redefinición estratégica del sector. “Hoy se ha tomado una decisión basada en una visión de largo plazo para cumplir aquello que todos los bolivianos queremos: soberanía energética”, afirmó. El mandatario fue crítico con la situación estructural del país en materia energética: “Las consecuencias son claras, dependemos de mercados internacionales y esa soberanía hoy, hablando de nacionalización, nos dejó sin recursos naturales, un ejemplo claro es el gas”, sostuvo. En ese marco, destacó la gestión saliente de Medinacelli, especialmente en la elaboración de normativa clave —como la ley de hidrocarburos y otras vinculadas al litio, medio ambiente y energía—, pero señaló que el proceso entra ahora en una nueva fase. “Pasamos a una etapa que requiere debate y socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos, como una solución clara a esta situación”, indicó. Asimismo, remarcó que uno de los ejes de su gobierno será destrabar la inversión en el sector: “El combate al Estado tranca y a la corrupción pasa por generar normas que den garantías a la inversión boliviana y extranjera, para hacer de cada departamento un potencial energético”. 🔺Tensiones y decisiones en disputa El exministro Mauricio Medinacelli había superado recientemente una interpelación legislativa, defendiendo que, aunque el Ministerio es cabeza de sector, YPFB cuenta con autonomía administrativa, legal y financiera. Esa autonomía quedó en evidencia cuando, pese a que Medinacelli anunció la disolución de contratos de importación de combustibles suscritos en enero de 2026, la estatal petrolera optó por mantener los acuerdos con las empresas transnacionales Trafigura PTE. LTD y Vitol, introduciendo solo ajustes parciales con esta última. YPFB también había firmado un contrato en febrero de 2026 con Camin Cargo Control Argentina S.A. para el «Servicio de inspección de calidad y cantidad de combustible» adquirido por YPFB. La divergencia en la toma de decisiones, sumada a la presión por la crisis de abastecimiento y distribución de gasolina contaminada, terminó por erosionar la estabilidad del sector y precipitar la salida de las principales autoridades.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó este martes que el Legislativo evalúa si retoma el proceso de designación del Contralor General del Estado con base en lo avanzado en la anterior gestión o si inicia un nuevo procedimiento. Ávila explicó que se conforma una comisión mixta que revisará el trabajo previo antes de asumir una decisión. “Hemos hablado sobre la Contraloría. Se está conformando una comisión mixta que revisará lo trabajado en la anterior gestión para definir si continuamos sobre esa base o si iniciamos un nuevo proceso”. El titular del Senado señaló que la determinación final dependerá de la Asamblea Legislativa. “Será decisión de la Asamblea si se continúa con lo avanzado o si iniciamos un nuevo proceso para la institucionalización de la Contraloría”. Asimismo, indicó que se fijará un plazo para evaluar el estado del proceso. “La comisión tiene un plazo de diez días para revisar todo lo ocurrido”. La Contraloría General del Estado funciona actualmente bajo interinato, sin una autoridad titular designada desde 2021, lo que mantiene pendiente la institucionalización de esa entidad encargada del control fiscal en el país. El 3 de febrero, Sandra Quiroga Solano fue designada como contralora general del Estado interina por el presidente Rodrigo Paz, mediante el Decreto Supremo 5538, mientras la Asamblea Legislativa elige a la autoridad titular. Fuente: La Razon

La autoridad deberá responder a un pliego de 25 preguntas relacionadas con el operativo de la captura de Sebastián Marset, el uso de avionetas, caso maletas y la lucha contra la corrupción policial. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, presentó una solicitud de interpelación contra el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, para que informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre las acciones y resultados en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la seguridad interna. De acuerdo con el documento, la solicitud fue remitida al presidente nato de la ALP, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien deberá fijar la fecha y hora en la que la autoridad será convocada al pleno. El pliego interpelatorio está conformado por 25 preguntas que el ministro deberá responder ante senadores y diputados. Estas abarcan temas como el caso Marset, resultados de operativos, manejo de información y procesos, además de investigaciones vinculadas a maletas, avionetas, lucha contra la corrupción policial y cooperación internacional. La solicitud se produce días después de que el propio ministro Oviedo manifestara su predisposición a ser interpelado. La pasada semana, en conferencia de prensa, informó que envió una carta al vicepresidente solicitando comparecer ante el pleno legislativo para informar sobre la lucha contra el narcotráfico. Durante esa intervención, la autoridad también destacó algunos resultados alcanzados por el Gobierno en esta materia. Los legisladores buscan determinar: Cuándo y por qué canales institucionales el Ministerio tomó conocimiento del operativo. Qué unidades policiales participaron en la planificación y ejecución. Si existió cooperación internacional efectiva y cuáles fueron sus alcances. Avionetas, maletas y corrupción policial La interpelación no se limita al caso Marset. El pliego interpelatorio solicita informes técnicos sobre el control de avionetas y aeronaves vinculadas a irregularidades. Además, se incluyó un apartado denominado «Caso Maletas», donde se pide explicar cómo se maneja la información sensible que llega desde el exterior. En cuanto a la transparencia institucional, los asambleístas exigen detalles sobre: Medidas para fortalecer la transparencia dentro de la Policía Boliviana. Procesos disciplinarios en curso relacionados con hechos de corrupción. Acciones estatales frente al crimen organizado transnacional. Un pedido de «prioridad» ante la coyuntura La nota, recibida oficialmente el 17 de abril de 2026 , lleva las firmas de legisladores como Alejandro Medinaceli, Oscar Alejandro García, el senador Daniel Ortiz (Presidente de la Comisión de Constitución) y Nicanor Gonzalo Cochi, entre otros. Los proyectistas solicitan que se fije día y hora de manera inmediata, señalando que es de «interés de la ciudadanía obtener respuestas claras» ante la situación que atraviesa el país.