Seguridad

El doble asesinato que se registró la noche del domingo en el municipio de Puerto Quijaro, cerca de la terminal de buses, es investigado por las autoridades locales, quienes han verificado que los dos victimados tienen antecedentes policiales. Uno es de nacionalidad boliviana con antecedentes por narcotráfico y el segundo, un brasileño con antecedentes por el asesinato de un policía militar en Brasil. El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó que ambos sujetos abatidos a disparos, tienen antecedentes; el brasileño era buscado en Brasil.  «Se ha hecho el levantamiento legal de cadáver, la autopsia y el Ministerio Público libró varios requerimientos fiscales, con ello se verificó que el boliviano tenía antecedentes por  (la Ley) 1.008 y así también el brasileño, por participar en un asesinato en Brasil en contra de un policía militar y era buscado en su país. Esos son los primeros antecedentes de los dos victimados», explicó Mariaca. Señaló que el hecho de sangre tiene forma de un ajuste de cuentas, además que en el bolsillo de uno de los dos fallecidos se encontró una sustancia blanquecina envuelta en cinta masking. «Se puede pensar que éstas personas estaban por cometer un volteo o engañar a gente que se dedica al tráfico de sustancias controladas ofreciendo algo que no era real. Se hizo la prueba y dió negativo a cocaína«, dijo el fiscal departamental. Observan que una persona porte envoltorios con sustancia blanquecina, similares a clorhidrato de cocaía. «Lo que nos toca investigar es el asesinato de estos dos sujetos que fueron abatidos en nuestro territorio», acotó. Además de los dos acribillados, hay una tercera persona que se encuentra herida, quien habría logrado huir de los sicarios en moto que abrieron fuego en contra de quienes estaban afuera de una licorería, cerca de la terminal de buses de Puerto Quijarro. «Las investigaciones se iniciaron por asesinato, pero existe la posibilidad de ampliar por organización criminal. Se está en busca del paradero de los autores del crimen», finalizó. El boliviano fue identificado como Luis Fernando Panoso, de 23 años.  Fuente: El Deber

Un joven ecuatoriano de 27 años de edad falleció trágicamente el fin de semana, luego de defenestrarse cuando conducía una bicicleta a través del camino a los Yungas en el departamento de La Paz. Según el reporte policial, el caso se registró el sábado 1 de abril. El extranjero cayó unos 170 metros por el sector del Mirador San Juan, a la altura de la cascada. La unidad de Bomberos realizó el rescate de cadáver y lo llevó a la morgue. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue traumatismo encéfalo craneal cerrado y trauma abdominal. Ya se realizó el contacto con la embajada respectiva para la repatriación del cuerpo del joven ecuatoriano, indicó el coronel Rolando Rojas, jefe de la FELCC de La Paz. Fuente: Erbol

Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó el hacinamiento carcelario en Bolivia, el Gobierno tiene la intención de implementar en lo inmediato un sistema de manillas electrónicas para que reclusos puedan salir de la cárcel y cumplir un arresto domiciliario con el área de movilidad restringido. La información fue proporcionada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien indicó que el objetivo es bajar la cantidad de privados de libertad de 25 mil a unos 10 mil. “Ya tenemos un trabajo de nuestro Ministerio de Gobierno para implementar este año manillas electrónicas. El Bol-110 lo permite. Tenemos la tecnología, tenemos las manillas y lo que estamos haciendo es ajustar la norma para que podamos implementar en lo inmediato manillas electrónicas en el país”, dijo Lima en conferencia de prensa. Explicó que se requiere este sistema no sólo para que personas privadas de libertad salgan de las cárceles y tengan detención domiciliaria, sino también para que mujeres víctimas de violencia estén seguras, puesto que la manilla electrónica controlaría que los agresores no se les acerquen. “Esa tecnología nos permite darle seguridad a la víctima y la garantía de que no tengamos cárceles hacinadas”, afirmó. Otra medida para reducir el hacinamiento, según Lima, es reformar el procedimiento penal para eliminar las “chicanerías” jurídicas. “Esperemos este año tener un nuevo sistema penal, un nuevo procedimiento penal, que pueda bajar los índices de detención y también mejorar el acceso a la justicia”, manifestó. Presos por asistencia familiar El Ministro señaló que otro tema para solucionar es la cantidad de privados de libertad por no pagar la asistencia familiar, que llega a los 2 mil. Señaló que el sistema de cobro de asistencia familiar es ineficiente, puesteo que una madre puede tomarse hasta un año en lograr que se le asigne la liquidación. En ese marco, anunció un proyecto para implementar un sistema automatizado interoperable que logre que la asistencia familiar sea más efectiva. Fuente: Erbol

El Ministerio Público abrió ayer una nueva imputación en contra de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa por el desvío de recursos económicos de las arcas municipales para millonarias inversiones fuera del país. El vocero de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz, Bernardo Montenegro, informó ayer a LA RAZÓN que se comprobó que Sosa utilizó el dinero municipal en la compra de “condominios y edificios” en Argentina y en Brasil. “Hoy se abre una nueva imputación contra la exalcaldesa Angélica Sosa, ésta por el caso Prestín. Este es un tema muy importante para el municipio porque se tiene información ya confirmada que la señora Angélica Sosa había desviado recursos económicos de los que se sustrajo del municipio para invertirlos en millonarios bienes inmuebles, condominios en el exterior”, dijo Montenegro. En enero de 2021 se presentó en la Fiscalía de Santa Cruz Jorge Saavedra Olmos, exfuncionario municipal y “testigo clave” que develó el caso Prestín y acusó a Sergio Perovic, el extinto esposo de Sosa, como el principal implicado. El Prestín era un negocio de préstamos de dinero a funcionarios municipales a una tasa de interés. Saavedra fue obligado a crear una cuenta bancaria para administrar ese dinero que se recaudaba en la misma Alcaldía. En este caso hay más investigados, uno de ellos es Juan José Dorado, yerno de los esposos Perovic Sosa, quien también falleció en un accidente aéreo. El que fuera testigo protegido de la Fiscalía develó que Antonio Parada, Julio César Herbas y Javier Cedeño, exfuncionarios municipales, involucrados en el caso Ítems fantasma, también eran parte del Prestín. También puede leer: Calvo y Sosa piden que la CIDH les visite Saavedra relató que el dinero y las ganancias del Prestín eran administrados en cuentas bancarias creadas por funcionarios ediles de “confianza” de Perovic. Montenegro explicó que Sosa estaba fuera de la investigación por este caso, sin embargo, tras las investigaciones y al haberse confirmado el uso del dinero del Prestín en inversiones en el exterior, la Alcaldía presentó una nueva demanda contra la exautoridad. “Esperamos que el juez a la brevedad posible lleve adelante la audiencia por este caso. Nosotros vamos a pedir 180 días de detención, queremos evitar que se interfieran las investigaciones”, dijo el vocero. IMPUTACIÓN. “A los efectos requeridos y cumplidos los trámites de rigor, solicito a su autoridad que se fije día y hora de la audiencia de consideración de medida cautelar”, se lee en la imputación presentada por los fiscales ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Tercero de la capital cruceña. La comisión que investiga este caso, conformada por tres fiscales, solicitó en esta imputación, con fecha 30 de marzo de 2023, que Sosa sea detenida de manera preventiva por 120 días en el penal de Palmasola, donde se encuentra recluida desde diciembre de 2021 por el caso Ítems fantasma. En diciembre de 2022, la Alcaldía cruceña presentó ante el Ministerio Público la ampliación de su denuncia en contra de la exalcaldesa y de otras personas más, porque las investigaciones develaron “intercambios millonarios” de recursos económicos. El vocero sostuvo que el gobierno municipal hará las gestiones necesarias a través de Cancillería y de todos los conductos necesarios para dar con “el paradero” de todos los recursos y recuperarlos para las arcas ediles.  Fuente: La Razón