A través de una nueva publicación de el diario El País, de España, se conocieron nuevos datos sobre los casos de pederastia en Bolivia.
Bajo el titular «Roma exigió a los jesuitas de Bolivia ocultar el diario del pederasta que fotografió a decenas de víctimas: ‘Se debe conservar con mucho cuidado’«, la publicación hace referencia a que los casos de abuso sexual eran de conocimiento de las autoridades del Vaticano desde hace algún tiempo y que ordenaron que se evite que el diario de Lucho Roma, jesuita pederasta español, salga a la luz pública.
En el texto se identifica a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, que recibió el informe sobre la investigación que los jesuitas bolivianos realizaron en 2019 sobre el caso del pederasta español Lucho Roma, el misionero que, entre 1983 y 2002, abusó sexualmente de más de un centenar de niñas indígenas bolivianas, las fotografío, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito en su diario.
A Roma llegaron tanto los manuscritos del pederasta como las conclusiones de la investigación, que aconsejaban informar a las autoridades civiles bolivianas de los hechos.
Sin embargo, con ese material en la mano, Claudio Paul, consejero del superior general de los jesuitas y asistente regional para América Latina del Sur, escribió en febrero de 2020 un mail al provincial Ignacio Suñol, máximo cargo de la congregación en el país latinoamericano, en el que le señalaba los siguientes pasos que tenía que dar tras haber finalizado la investigación contra Lucho Roma: reparar a las víctimas, hacer público el caso “explicitando el nombre de Luis Roma (no solo iniciales)” y ocultar su diario como “información clasificada”.
Los jesuitas bolivianos desoyeron todas las instrucciones menos una, la de ocultar la existencia de las memorias de Lucho Roma, bautizadas como Los Manuscritos de Charagua por el pueblo donde escribió estas memorias cuando era misionero y abusaba de sus víctimas.
Los detalles del caso comenzaron a salir a la luz cuando EL PAÍS, de España, publicó un primer artículo en mayo de 2023, en el que se informaba de cómo Lucho Roma abusó y fotografió a una veintena de víctimas indígenas.
La orden, preguntada por ello, no quiso informar de más detalles. Pero hace un mes, este periódico publicó un segundo reportaje de investigación donde daba a conocer que Lucho Roma había escrito un diario confesando sus crímenes y donde contabilizaba sus víctimas en más de un centenar.
También publicó los legajos de la investigación que los jesuitas habían realizado sobre el caso en 2019, a raíz de una denuncia interna: informes periciales, interrogatorios que corroboraban los abusos y su encubrimiento por parte de los responsables de la orden durante décadas.
Los documentos incorporaban incluso una confesión firmada por Lucho Roma donde admitía sus crímenes.
Tras la publicación de El País, los jesuitas reconocieron los hechos y anunciaron la creación de una comisión para contactar con las víctimas de este pederasta.
El correo, al que ha tenido acceso El País, es una prueba más del encubrimiento del caso, tanto por parte de la orden en Bolivia como de las máximas autoridades en Roma.
Preguntado por qué la Compañía de Jesús no penalizó a los responsables de la orden en Bolivia que desobedecieron sus directrices, Paul ha respondido al medio español que no le corresponde “tratar temas internos [de la congregación] en el foro externo”.
Tampoco ha querido especificar por qué, conociendo la gravedad de los hechos y teniendo los informes en su poder, no denunciaron lo sucedido a las autoridades civiles bolivianas.
Por otro lado, la Compañía de Jesús en Bolivia se niega a responder las preguntas de El País y en su último comunicado alude a que es la justicia civil la que debe aclarar lo sucedido. “Es lo que la Compañía tiene que decir y no más”, dijo al diario español el portavoz de los jesuitas, Sergio Montes.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, asociación nacional de víctimas de abusos eclesiales en el país latinoamericano, afirma sentirse indignada ante «el encubrimiento sistemático que se produjo no solamente en la curia Provincial de Bolivia, sino también en la Curia General de Roma”.
Edwin Alvarado, secretario de relaciones internacionales de la asociación, afirma que el superior general de los jesuitas en Roma, Arturo Sosa, “ha guardado, hasta hoy, un vergonzoso silencio cómplice” y que debe “pedir perdón por haber cuidado solo el prestigio institucional y el bienestar de los violadores”.
Alvarado también afirma que los tres últimos provinciales de la orden, Osvaldo Chirveches, Ignacio Suñol y Bernardo Mercado, “han mentido a la justicia, a las víctimas y al pueblo de Bolivia” y que, por ello, deben ser investigados y recibir su castigo, y la congregación asumir su responsabilidad institucional por haber tolerado esta situación.
El Deber