Citan a ex ministro de Áñez y éste se va a Brasil, aduciendo temas de «salud»

Jerjes Justiniano Atalá, exministro de la Presidencia y abogado de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso “Golpe de Estado”, sin embargo, no se hizo presente porque tuvo que viajar a Brasil por «temas de salud».

Justiniano se encuentra en Brasil, de acuerdo con el programa Poder, Medios y Miedos. Aparentemente el exministro de la Presidencia del gobierno de facto de Jeanine Añez habría sufrido un infarto en 2022 y requiere de atención médica en el país vecino.

Según un documento atribuido a Justiniano, salió del país el pasado viernes y «ante la falta de boletos aéreos, tuvo que salir por vía terrestre». Por esa razón, solicitó el cambio de fecha para efectuar la audiencia en cuestión.

“Tuve que salir prácticamente de urgencia el pasado 3 de febrero del país y ante la falta de boletos aéreos, tuve que hacerlo vía terrestre. Lamentablemente hasta la fecha no he podido regresar a nuestro país, razón por la cual me encuentro físicamente impedido de asistir a la audiencia de Inspección Ocular señalada por su autoridad (…). Sobre la base de lo anterior, muy respetuosamente solicito tenga por acreditado mi impedimento y se sirva señalar una nueva audiencia para tal efecto”, indica el documento.

Jerjes Justiniano Atalá fue ministro de la Presidencia durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, entre noviembre y diciembre de 2019, y reemplazado por Yerko Núñez, tras 22 días en el cargo.

Justiniano es uno de los firmantes del llamado Decreto de la Muerte, durante la dictadura de Áñez. El 14 de noviembre de 2019, el régimen de Jeanine Áñez puso en vigencia el mencionado documento. La norma sirvió como aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) repriman al pueblo que reclamaba respeto a la democracia.

Las masacres de Sacaba y Senkata donde murieron 38 personas a bala y decenas quedaron heridas, son las dos en las que FFAA actuaron bajo el amparo de la norma que permitió la participación de los militares en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces.

La norma establecía que los miembros de la institución castrense estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.

Fuente: Página Siete

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