Defensoría y Acobol exigen que la sentencia contra asesinos de Juana Quispe sea ejecutoriada en los plazos establecidos

La Defensoría del Pueblo, junto a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), advirtió que la sentencia condenatoria contra los responsables de la muerte de la exconcejala Juana Quispe Apaza no es garantía de triunfo hasta que esta sea ejecutoriada como cosa juzgada, puesto que podría generarse nuevamente una retardación de justicia en la instancia de apelación.

“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la delegada defensorial departamental, Maritza Suntura.

Por ello, Suntura reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con este caso en particular, y en ese marco hará el seguimiento correspondiente, “hasta que se pueda tener una sentencia ejecutoriada firme, que pueda cumplirse conforme a procedimiento”.

La autoridad recordó que la institución defensorial se constituyó en calidad de veedora, desde febrero de 2023, dentro del caso por el asesinato de Juana Quispe Apaza y asistió a cada una de las audiencias para garantizar el debido proceso y que el juicio se desarrolle en el marco de lo establecido por la normativa vigente, por instrucción del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Ayer, jueves, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz sentenció a 30 años de cárcel al exalcalde del municipio paceño de Ancoraimes, Félix Huanca, y el expresidente del Concejo, Pastor Cutile, por el asesinato de la concejala Juana Quispe, hecho ocurrido el 2012.

Además, la justicia también impuso una pena de 15 años de reclusión par  Basilia Ramos, exsecretaria del Concejo; y 2 años de cárcel Exalta Arismedi, quien estuvo con la victima el 12 de marzo de 2012, por el delito encubrimiento en el delito de asesinato. 

Tanto Huanca como Cutili deberán ser recluidos en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz mientras que Ramos en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. En el caso de Arismendi se prevé que se le imponga el “perdón judicial”, es decir, no estará en la cárcel.

El juicio comenzó en febrero de 2023 y en total se realizaron al menos 35 audiencias hasta llegar a la última etapa del proceso. Se tiene previsto que el 9 de enero se dará a conocer la fundamentación y la lectura integra de la sentencia.     

 Juana Quispe Apaza fue concejala del municipio de Ancoraimes (La Paz). La autoridad apareció muerta en orillas del río Orkojahuira en la urbe paceña, en marzo de 2012. Previo al hecho, Quispe sufrió acoso y violencia política, y advirtió amenazas contra su vida e integridad, porque las autoridades municipales de ese entonces le negaban tomar posesión de su cargo y ejercer su mandato de fiscalización.

El caso es reconocido como «emblemático e histórico», porque la violenta muerte que sufrió Quispe impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política.

Seguimiento a otros casos

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que hace el seguimiento a otras denuncias de acoso y violencia política que se ventilan en instancias judiciales.

“La Defensoría del Pueblo hace seguimiento a otros cuatro casos que ya tienen sentencia, que están asentados en diferentes departamentos y que cuentan con el compromiso de que se hará el seguimiento hasta que se tenga la sentencia condenatoria ejecutoriada”, apuntó.

Dichos procesos judiciales son: el caso de la exasambleista Felipa Huanca contra Rafael Quispe, en La Paz; el caso de la ex asambleísta María Patzi contra el exasambleista Arturo Vegamonte, en Quillacollo; el caso de la exconcejala Norma Hidalgo contra el exconcejal Marco Antonio Espíndola; y el caso de la exconcejal Soraya Destre contra el dirigente cívico Katriel Muller, en Riberalta.

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