El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, dijo que en su reunión del lunes y martes con juntas vecinales de la ciudad de Santa Cruz constató que organizaciones violentas, como la Unión Juvenil Cruceñista y otras, intentan imponer por la fuerza el paro indefinido convocado por la Gobernación y su Comité Cívico.
Observó, qué desde el cuarto anillo de la capital hacia el exterior, se tiene vecinos organizados en posición de autodefensa de sus derechos al trabajo y libertad de locomoción, frente a la actuación de grupos organizados y armados con objetos contundentes y explosivos.
Manifestó que es insostenible esta situación que lleva a la población civil, sobre todo a grupos sociales vulnerables, a extremos de inseguridad ciudadana que se viene manifestando en la falta de alimentos y combustible.
Salazar dijo que la Gobernación de Santa Cruz es la representación legítima del Estado Plurinacional, por lo tanto, garante de los derechos de sus ciudadanos que ahora exigen la solución pacífica del conflicto por el Censo.
Sostuvo como tal que el gobernador Luis Fernando Camacho tiene la obligación y el deber de resguardar a la población a la que administra frente a ataques de cualquier amenaza, bajo la responsabilidad de ser sometido a posterior enjuiciamiento.
Manifestó también que la Asamblea concluirá pronto la investigación desplegada en los puntos conflictivos de la ciudad y su periferia sacudidas por ataques de presuntos militantes de la extrema Unión Juvenil Cruceñista, con el fin de que se inicien acciones judiciales en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos afectados.
Finalmente, instó al Gobierno nacional persistir en su convocatoria al diálogo, como la mejor vía de solucionar pronto el violento conflicto en Santa Cruz.
Fuente:ABI