El TSE desahucia judiciales este año y la ley se deja esperar en la Asamblea

Aunque la ley aprobada en la Cámara de Senadores el 31 de agosto preveía comicios en la primera quincena de 2024, el Órgano Electoral no había expresado sino posiciones aisladas de sus vocales.

9 de septiembre de 2023

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desahució finalmente la posibilidad de elecciones judiciales este año, cuya ley —rezagada ahora en la Cámara de Diputados— debe esperar al menos 15 días una respuesta a la consulta a varios órganos.

Aunque la ley aprobada en la Cámara de Senadores el 31 de agosto preveía comicios en la primera quincena de 2024, el Órgano Electoral no había expresado sino posiciones aisladas de sus vocales.

El viernes, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, se refirió al caso en una rueda de prensa improvisada en Sucre. “Ya no hay posibilidad de hacer una elección en el curso de este año, creo que podemos hacerlo en la primera segunda o tercera semana del mes de enero”, sentenció el vocal.

El proyecto ley —según explicó el día de la aprobación la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Patricia Arce— prevé elecciones en la primera quincena del próximo año y posesión de magistrados y consejeros electos a mediados de febrero.

“Creo que podemos hacerlo en la primera, segunda o tercera semana del mes de enero (de 2024) si acaso en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la ley que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores”, esbozó Hassenteufel

 Luego de una reunión de jefes de bancada de las tres fuerzas políticas —Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— convocada el martes por el presidente de Diputados, Jerges Mercado, la ley fue derivada a la Comisión de Constitución, que, de paso, la envió el miércoles, en consulta para evitar “errores procedimentales”, al TSE, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y a los órganos Ejecutivo y Judicial.

‘Vacíos’

En criterio del jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, ameritaba el trámite en razón de la necesidad de enmendar los “vacíos” que contiene la ley.

En entrevista con la transmisión digital La Razón Radio, el viernes, el legislador del ala arcista explicó que esas instituciones tienen 15 días de plazo para absolver la consulta; “es el tiempo establecido por la normativa”. Eso implica que la ley podrá ser discutida a partir del 20 de septiembre, sin considerar que, en caso de sufrir modificaciones u observaciones, pueda ser devuelta a la cámara de origen o derivada a la Asamblea Legislativa para su sanción.

El viernes, el vocal Hassenteufel adelantó que el TSE escudriña “tres calendarios nuevos”, siempre y cuando la ley sea sancionada y luego promulgada.

Insistió en la necesidad de que la ley disponga mínimamente 90 días para el trabajo del TSE, una vez que la Asamblea Legislativa le remita la lista de 96 postulantes preseleccionados.

Antes, también en La Razón Radio, el vocal Tahuichi Tahuichi había demandado 120 días para garantizar resultados óptimos. Admitió que, con ese tiempo, considerando elecciones en la primera quincena de enero y posesión a mediados de febrero, había riesgo de colisión de procesos, en referencia a las elecciones judiciales y el Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo de 2024.

El proceso electoral se complicó debido a la acción abstracta de inconstitucionalidad que el diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ante el TCP el 25 de abril de este año. Dos días después, la Comisión de Admisión de este órgano dispuso, como medida cautelar, la suspensión del registro de postulantes que entonces estaba en marcha.

Tres meses después, el 31 de julio, el TCP emitió su Sentencia 0060/2023, con la que anuló la convocatoria, el reglamento y, por “conexitud”, la Ley 1513, y puso en fojas cero todo el proceso.

La decisión obligó a la Asamblea Legislativa a conformar una comisión técnica —encargada de elaborar un proyecto de ley único— que fracasó. Por cuenta propia, el Senado aprobó por unanimidad la ley, con base en el proyecto del senador Hilarión Mamani, que ahora se discute.

Fuente La Razón

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