2019

Una vez cumpla la condena de 70 meses de prisión en Estados Unidos, el exministro Arturo Murillo tendrá que responder “a los temas pendientes” que tiene en Bolivia: golpe de Estado y las masacre de Senkata y Sacaba, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “Aquí hay temas pendientes que tienen que ver con la interrupción del orden democrático, con el golpe de Estado en nuestro país”, dijo la viceministra en declaraciones a los periodistas. Pero, además, el exhombre fuente del gobierno de facto de Jeanine Añez tendrá que responder por las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, que dejaron más de una veintena de personas fallecidas. “Este es un tema pendiente para Bolivia, ahí (en Estados Unidos) deberá pasar los 70 meses que tiene que guardar detención por lavado de dinero, por el caso soborno y por los gases lacrimógenos, pero acá en Bolivia hay un tema pendiente que tiene que ver con las muertes, con la violación de los derechos humanos y la interrupción del orden constitucional”, insistió. Murillo, empresario hotelero, exdiputado y exsenador por Cochabamba por el partido del empresario Samuel Doria Medina, fue condenado el miércoles en Estados Unidos a cinco años y diez meses de cárcel por lavado de dinero producto de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. La exautoridad ya lleva 20 meses en prisión, tiempo que es computable en la sentencia dictada el miércoles. Según la investigación, Murillo recibió cerca de $us 130.000 en sobornos en la casa de un familiar en Miami. Sus cómplices, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022. Aproximadamente $us 5,6 millones fueron desembolsados para pagar por los gases lacrimógenos y otros equipos no letales destinados al Ministerio de Defensa de Bolivia. Alrededor de $us 2,3 millones representa el sobreprecio. Apodado “bolas” por Doria Medina, Murillo restó importancia a los primeros decesos por la violenta represión militar a las protestas en Sacaba, el 15 de noviembre de 2019. “Cómo es que nos llaman por cinco muertos, nos agitan, tenemos tanto trabajo y nos llaman por esto”, habría señalado el exministro de Gobierno según dijo la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, en septiembre de 2020. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Sacaba, Cochabamba, militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba. Esa fecha, resultaron muertas 10 personas que intentaban llegar en una marcha pacífica hasta la ciudad de Cochabamba, al menos 98 resultaron heridas y 223 fueron detenidas. El reporte de los expertos es claro al solicitar a las autoridades competentes bolivianas que se identifiquen, procesen y sancionen a los responsables de esos hechos, así como se aceleren las pesquisas. Igual pedido formularon sobre la masacre en Senkata, El Alto, registrada el 19 de noviembre de 2019, cuando fueron victimadas 11 personas. En esa ocasión, Murillo justificó la represión con el argumento de que la población movilizada pretendía explotar la planta de YPFB de Senkata, no obstante, expertos del GIEI, “a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo de antropología forense”, desvirtuaron esa acusación. Alcón anticipó que el proceso de extradición de Murillo será comunicado en su momento por las entidades competentes. Fuente: ABI