A más de dos años del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a más de un año de la creación de la Mesa de Seguimiento (Meseg) a las 36 recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un documento, indicó que el Gobierno no cumplió con la reparación a las víctimas de la crisis de 2019, no hubo reestructuración de la justicia e identificó fallas en el trabajo del Ministerio Público. “Lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que no se ha cumplido con lo que ha recomendado el GIEI, con las tareas prioritarias del Estado. El cumplimiento de cuatro puntos no alcanza, además hay que sumarle el tiempo que ha transcurrido sin que se encare las reformas estructurales que nos plantea”, señaló el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero. Agregó que una de las criticas es al Ministerio Público por su actuación antes y durante el conflicto. Dijo que esta se mantiene latente y se la mimetiza con un lenguaje diplomático. Procesos Con relación al accionar del Ministerio Público, en el primer informe, se sostiene que la información proporcionada por el Estado sobre los casos en curso o cerrados, para que se asuman medidas y corrijan deficiencias en el debido proceso, fue insuficiente. En el documento se señala que “de la revisión de esta información, la CIDH verifica la demora que presenta el desarrollo de muchos de esos procesos, así como la falta de líneas investigativas claras”. La organización observó también que, por un lado, en los procesos investigativos que el GIEI Bolivia identificó, respecto de violaciones a los derechos humanos, todavía muchas personas no fueron sentenciadas. Por otro lado, en los casos de persecución judicial, se criminalizó a personas y estas aún no fueron absueltas. La CIDH determinó que el Estado no aportó información respecto de la acumulación o estudio de casos en su conjunto. “Si bien la comisión valora la disposición del Estado para implementar medidas en aras de agilizar los procesos, no cuenta con información suficiente que le permita concluir que el Ministerio Público ha realizado una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, examinando las líneas de investigación y la conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso. Igualmente, la CIDH no recibió ninguna información que señale que el Ministerio Público hubiese determinado cuáles casos con denuncias rechazadas, archivados o sobreseídos deben ser reactivados, ni cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas”, indicó en el informe. Casos por departamento El Ministerio Público remitió a la comisión una lista que sintetiza la información enviada por cada jurisdicción sobre el estado actualizado de un total de 86 investigaciones. La nómina es la siguiente: Fiscalía Departamental de Santa Cruz: 13 casos; Fiscalía de Cochabamba: 33 casos; Fiscalía de La Paz: 25 casos; Fiscalía de Potosí: 11 casos; Fiscalía de Oruro: 9 casos; Fiscalía de Beni: 1 caso; Fiscalía de Pando: 6 casos; Fiscalía de Tarija: 4 casos; Fiscalía de Chuquisaca: 4 casos. De estos, la CIDH se concentra en 23 de los procesos reportados por el Estado. De los casos reportados, varios se encuentran en investigación, cerrados, en etapa preparatoria, entre otros. De todos los procesos, los que reciben mayor atención son el de Sacaba y Senkata, que tienen diferentes avances. La delegación de la CIDH, aparte de sostener reuniones con la Fiscalía, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo y otros, privilegió el encuentro con los familiares y víctimas de estos dos casos. El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, señaló que en Bolivia no se cumplen las recomendaciones del GIEI y concretamente el punto cinco, referido a la justicia. “A la CIDH y Naciones Unidas les estamos diciendo que hay una manipulación muy aberrante y demasiado perversa por personas de la derecha, como de la izquierda, que tratan de sobrellevar las muertes y los heridos como campaña electoral”, expresó. ATAQUE A CARAVANAS QUEDA EN NADA Entre el 9 y 10 de noviembre de 2019, dos caravanas fueron emboscadas en Vila Vila y Challapata por militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el uso de dinamitas, piedras, disparos, entre otros. El informe del GIEI concluyó que los bloqueos (a las caravanas del sur y a la caravana minera) fueron resultado de una acción ejecutada con la participación del Estado e instigada por autoridades de los tres niveles de gobierno. Los integrantes de las caravanas del sur —universitarios y cívicos de Chuquisaca y Potosí— y la minera fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, ambos han sido sobreseídos o rechazados, por lo que no se está procesando a ninguna persona por estos hechos. Prioriza casos de Senkata y Huayllani El abogado Carlos Alberto Goitia caballero dijo que el informe de la CIDH es una crítica dura al Estado, pero, al mismo tiempo, tibia y diplomática, porque no recomienda acciones ni emite los pronunciamientos “que uno esperaría y con la fuerza que debería tener”. “Es una preocupación selectiva de las víctimas, se hace énfasis en Senkata y Huallani, pero se olvida de las otras víctimas que son aquellas que adquirieron esa calidad durante el gobierno de Evo Morales”, refirió. Agregó que, antes de la renuncia de Morales, hubo violación a los derechos humanos sobre la cual no se ha pronunciado ni un criterio ni por el incumplimiento de estas recomendaciones que en su momento ya deberían estar ejecutándose y efectivizando. OPINIONES El informe del GIEI no es completo, es un informe que abarca un reducido periodo de tiempo y, al mismo tiempo, no ha abarcado y dado cobertura a todas las víctimas que se han generado durante un tiempo mayor. Carlos Alberto Goitia, Abogado constitucionalista. Tiene que haber una coordinación entre las víctimas y la Fiscalía, es decir, la Fiscalía tiene que informar qué está haciendo, qué es lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Las víctimas no pueden estar
