En las zonas de San Miguel, Achumani, la plaza Villarroel y otros siete sectores de La Paz podrán construirse edificios sin restricciones, es decir de hasta 40 pisos sin importar la superficie del predio o dejar retiros. Esta disposición fue aprobada por el Concejo y pasó a manos del Alcalde para su promulgación. Arquitectos, ingenieros y constructores aseguran que la norma atenta contra la ciudad. “Tenemos una ley de uso de suelos de hace 15 años y responde a otra coyuntura, a otro momento. La ciudad se transforma, van creciendo zonas; en 15 años aparecieron 30 urbanizaciones, barrios y no se puede detener”, dijo Óscar Sogliano, concejal del partido del alcalde Por el Bien Común, respecto a la aprobación de la nueva disposición. La normativa fue introducida “por dispensación de trámite” el viernes por la concejala Lucía Mamani, quien también es parte de la agrupación oficialista Por el Bien Común. Es decir que la norma fue aprobada el mismo día de su presentación en el Concejo sin una previa revisión de los legisladores o de los asesores. Este medio tuvo acceso a la ordenanza municipal que fue aprobada por el Concejo. Este documento incluye los antecedentes y cartillas que identifican los 10 sectores que tendrán acceso a los permisos de la norma. Esta norma amplía los parámetros de construcción más allá de cualquier expectativa , dijo Álvaro Viaña, exdirector de Administración Territorial de la Alcaldía, quien identificó las irregularidades en las cartillas de la norma. “No establece límite de altura, permite voladizos y no toma en cuenta el mapa de riesgos, permitiendo la edificación en zonas de riesgo alto”, indicó. Estos permisos afectarán a 10 sectores de La Paz: las inmediaciones a la plaza Villarroel; Calacoto y San Miguel; Irpavi y Achumani; Obrajes; la “macrozona Llojeta”, La Florida y El Gramadal; Achumani; Costanera y la avenida Muñoz Reyes; la plaza Uyuni y el mercado Yungas; y el ingreso a Mallasilla, según las cartillas de la norma. Viaña dijo que en la actualidad se permiten construcciones en altura en avenidas principales por tener un mayor ancho de vía, pero la norma aprobada por el Concejo no toma en cuenta esta restricción y permitirá levantar edificios de gran altura incluso en calles de ocho metros. Un segundo problema de la norma -según el profesional- es que no obliga a tener retiros y los edificios podrían estar pegados unos a otros sin “respetar condiciones de asolamiento y ventilación. Indicó que esta situación perjudicará tanto a las personas que viven en las edificaciones como al entorno”. “En Calacoto, se cambiará una zona de viviendas casi unifamiliares a edificios multifamiliares”, dijo. Un tercer problema surge porque la norma no deja claro en qué tipo de superficies se puede aplicar. “En un lote de 400 metros cuadrados, con una vía de sólo seis metros de ancho tendrán la posibilidad de construir de 20 a 30 pisos”. Un cuarto problema radica en que los parqueos serán opcionales. “Los copropietarios van a dejar sus coches en las calles”. El quinto problema y el más delicado es que permitirá levantar edificios de gran altura sin considerar la estabilidad de los suelos. “Llojeta y Mallasa son zonas de riesgo y es ahí donde se permitirá la construcción de estas torres de más de 25 plantas. También podrán ser afectadas otras zonas donde presentan riesgos. Por ejemplo, sectores aledaños a la laguna de Cota Cota presentan desajustes en los suelos”, sostuvo. Samuel Vásquez, expresidente del Colegio de Arquitectos, dijo que en caso de aprobarse la norma, se crearán “conos de sombra” que dañarán el ambiente. “En la calle Patiño, paralela a la Ballivián, en la zona Sur, se permiten ocho plantas y con esta disposición se podría elevar 25 pisos”, afirmó. Vásquez denunció que una empresa constructora sería la más beneficiada. “El 16 de julio, el Concejo condecoró a una de las empresas que más infringe las normas de edificación. Ahora modificaron la ley de uso de suelos en 10 carillas y en siete de ellas están las edificaciones de esta compañía”, dijo e indicó que exactamente se refiere a Las Loritas. “A simple vista es un favorecimiento a los intereses de especuladores inmobiliarios que atentan contra la ciudad”. La norma fue observada ayer por el Colegio de Arquitectos, la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco), la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Sociedad de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Civiles, que se unieron en un pronunciamiento en el que piden al alcalde Iván Arias “no promulgar dicha normativa y a los concejales, retirarla”. “Fuimos sorprendidos porque esta norma no fue socializada, los vecinos serán afectados por la construcción de estas torres; no se evaluaron la capacidad de los servicios básicos en estas 10 zonas y los sistemas de alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y otros podrían colapsar”, dice el pronunciamiento. Advierten que en la norma no se cuida la ventilación ni el asolamiento. “Es decir que tendremos una ciudad colapsada de edificaciones, vulnerando los derechos de los habitantes”, o que la normativa permite ser retroactiva. Indicaron que la norma no tuvo mayoría. “Hay 11 concejales, se necesitaban seis, pero se aprobó con cinco. El resto se abstuvo”. De los cinco concejales, cuatro son del partido del Alcalde Por el Bien Común y uno es del MAS. El resto se abstuvo de votar. Página Siete buscó a la concejala Lucía Mamani para obtener una explicación de cuáles fueron los estudios que hizo para presentar la norma. En su oficina dijeron que viajaría a Cochabamba, ayer prometieron emitir un comunicado y no se pronunciaron. El Alcalde Iván Arias indicó a este medio que conoce de la norma y que hoy emitirá un pronunciamiento al respecto. Viaña dijo que Arias “por responsabilidad” debería representar esa norma con base en un informe de su secretaría de Planificación. “Es la entidad encargada de la administración del territorio. Los concejales no debían aprobar la modificación de una ley con base en un informe de una sola persona. Deberían pedir explicaciones al concejal proponente”.
