DAIA

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recuperó durante la última semana una de sus funciones prioritarias en la tarea de demonizar todo aquello que no coincida con el encuadramiento geopolítico demarcado por las delegaciones diplomáticas de Washington y Tel Aviv. En esta ocasión, su actual presidente, Jorge Knoblovits, se convirtió en uno de los arietes encargados de sembrar dudas sobre la actuación de los funcionarios nacionales como supuestos cómplices del terrorismo internacional. A esa operación se le sumaron de forma inmediata los colaboradores propagandísticos de la trifecta mediática, los voceros del cambiemismo local y –por último– las dos embajadas comprometidas en la ofensiva contra Venezuela e Irán. La plataforma de lanzamiento del pánico sembrado por la DAIA remite a una única hipótesis central: todo aquello que esté vinculado con Teherán y Caracas supone una ligazón intrínseca e indudable con los dos atentados sucedidos en 1992 y 1994. Utilizando ambas tragedias, la DAIA ha asumido desde 2015 la vanguardia en esta tarea de articulación geopolítica consistente en escandalizar a la sociedad con relación a espantosos peligros latentes y denunciar ante la Justicia –funcional a la derecha local– cualquier lazo político, comercial o diplomático que sea compatible con los intereses de Estados Unidos e Israel. Esa tarea supone, de forma explícita, el debilitamiento de la propia soberanía nacional en pos de agendas extranjeras. En esta ocasión, igual que en el caso de la denuncia de Alberto Nisman y el propio suicidio del fiscal, la institución inquilina de la calle Pasteur instituyó la fantasmagoría del avión venezolano, destilando acusaciones descabelladas: en el escrito presentado por la DAIA ante la Justicia se asevera que “al permitir el ingreso del avión, se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país sino la de América del Sur”. En otro párrafo se consigna que “al no haber indagado a la tripulación y corroborado sus intenciones, se habría impedido la oportunidad de combatir al terrorismo internacional, afectando peligrosamente el futuro de nuestro país”. A pesar de las frenéticas operaciones de prensa, el último jueves se empezó a desinflar el avión fantasma y quedó claro que el vuelo proveniente de Querétaro había arribado a Ezeiza con el solo motivo de transportar autopartes para las terminales automovilistas de Volkswagen. Frente a esa realidad, las delegaciones diplomáticas de Washington y Tel Aviv –los verdaderos tutores de Knoblovits– se apuraron a valorar el rol de las autoridades gubernamentales. En el caso de la Embajada de Israel se alabó el “accionar rápido, efectivo y firme” operado sobre la tripulación y la aeronave Boeing modelo 747-300M, con matrícula YV3531, propiedad de la empresa Transportes Cargo del Sur (EMTRASUR), una filial de la compañía Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA). El embajador norteamericano Marc Stanley, por su parte, valoró el despliegue de las diferentes agencias del Estado pero insistió en su preocupación por los espectros de Caracas y Teherán. Con las declaraciones de ambas embajadas se logró cerrar un sutil círculo de sometimiento sobre la soberanía nacional: las usinas ligadas a la DAIA ya habían logrado actualizar el espectro de peligrosidad terrorista y al mismo tiempo habían logrado que se naturalizara la intervención foránea en las decisiones domésticas. Uno de los mecanismos más utilizados por el globalismo unilateralizado consiste justamente en acostumbrar a las sociedades neo-colonizadas a respetar reglas supranacionales, que nunca pueden ser cuestionadas por los países domesticados. La DAIA, en conjunción con la trifecta mediática y las dos embajadas, logró también disimular las violaciones a los protocolos internacionales de aviación al imponer como aceptable que el tránsito a Uruguay –que tenía autorización previa para cargar combustible en Montevideo– fuera rechazado en pleno vuelo. Dada la negativa a aterrizar en el Aeropuerto de Carrasco, la aeronave tuvo que permanecer en espera sobre el Río de La Plata durante una hora y 40 minutos, con reserva escasa de combustible. Según las normativas vigentes del protocolo aeronáutico, los funcionarios del Presidente Luis Lacalle Pou violaron los acuerdos internacionales y pusieron en riesgo la seguridad de la tripulación. Espectros del terror El proceso de sutil domesticación instaurado por el affaire aéreo permite la naturalización de las sospechas sobre cualquier suceso que se ligue con Venezuela o Irán. Ambas identidades volvieron a quedar rotuladas –frente a la sociedad– por las consideraciones y los intereses de Estados Unidos: el último viernes, el juez federal Federico Villena terminó sometiéndose a la jurisdicción de Washington para decidir si el piloto iraní Gholamreza Ghasemi –que carece de pedidos de captura y/o de alertas de INTERPOL–posee vínculos con el terrorismo. Las embajadas volvieron a aplaudir esa obediencia jurisdiccional. El martes último Knoblovits publicó una nota en el matutino La Nación con título catástrofe: “Nuevamente la sombra del terrorismo sobre Argentina y América Latina”. Dos días después las embajadas felicitaron al gobierno por haber detenido preventivamente a pilotos y técnicos del vuelo, por haber retenido al avión, y por haber extendido la peligrosidad que suponen ambas identidades nacionales. El miedo instalado por la imposición geopolítica colonizada se encarga de hacer el resto: las autoridades locales se ubicaron a la defensiva y aparentemente YPF le negó la provisión de combustible por temor a ser sancionada en la bolsa de valores de Nueva York, donde cotiza. En forma coincidente, los funcionarios y varios voceros se mostraron dóciles frente a disposiciones extranjeras que solo buscan darle potencia y continuidad a las sanciones unilaterales y a los bloqueos impuestos por Washington a Caracas y a Teherán. Mientras Alberto Fernández exige la inclusión de todos los países de Latinoamérica y el Caribe en la Cumbre de la OEA, dos semanas después se acepta que se demonice a una empresa estatal de un país que está sufriendo el acoso, la injerencia y la demonización por parte de Washington. Los países que en forma permanente son cuestionados por el Departamento de Estado son aquellos que no se someten a los intereses y las reglas estipuladas por el unilateralismo: son los que instituyen –con aciertos y errores– su soberanía como un desafío frente a la lógica trasnacional impuesta por