DDHH

Ex Defensora del Pueblo denuncia graves violaciones a DDHH y tortura en celdas policiales; cuestiona trato privilegiado a ex Ministro César Siles

Seguridad /

La Paz, 26 de junio de 2025.– La ex Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció en Radio Encuentro que cuatro mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y tortura en celdas policiales, una de ellas con fractura de coxis a quien se le impide recibir atención médica adecuada. Según Cruz, dos de las mujeres, víctimas de violación, se encuentran bajo detención preventiva domiciliaria, mientras que las otras dos, que fueron torturadas, permanecen en celdas policiales sin atención médica y con serias dificultades para acceder a medicación. Estas mujeres fueron detenidas durante protestas sociales. Acusaciones graves y caso Jimena: Cruz exigió un pronunciamiento del presidente Luis Arce sobre estos casos y acusó a César Siles, ex ministro de Justicia, y a Eduardo del Castillo, actual candidato a la presidencia por el MAS, de haber cometido «graves violaciones a los derechos humanos» durante sus gestiones, presuntamente en complicidad. La denuncia central se enfoca en el caso de «Jimena» (nombre ficticio), quien fue desnudada, golpeada y víctima de tentativa de violación por policías, sufriendo una fractura de coxis debido a las golpizas. Actualmente, se encuentra privada de libertad y no se le permite acceder a atención médica ni medicamentos, lo que le estaría causando problemas neurológicos o psicológicos debido al dolor físico. Contraste en el trato y crítica al sistema de justicia: Cruz criticó duramente la imparcialidad del sistema de justicia, contrastando el trato que recibe Jimena con el de César Siles. Mientras Jimena no recibe atención médica, Siles, a pesar de estar detenido preventivamente por su presunta participación en el caso «Consorcio» (un grave caso de corrupción que involucra a altas autoridades judiciales), fue internado en una clínica privada donde lleva más de tres semanas con comodidades y protección. La ex Defensora del Pueblo denunció una «doble vara judicial», donde existen «ciudadanos de primera (como Siles) con privilegios» y «ciudadanos de segunda (como las mujeres víctimas), sin acceso a justicia ni salud». Exige que el presidente se pronuncie sobre esta diferencia de trato y que se deje de «judicializar la política». Finalmente, Cruz criticó frontalmente a las autoridades judiciales y gubernamentales por, según ella, encubrir crímenes y proteger a sus aliados, reclamando «justicia real para las víctimas e igualdad ante la ley». Fuente: Radio Encuentro.

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Consejo de DDHH de ONU demanda cese de venta de armas a Israel

Internacional /

Abusos perpetrados por Israel como “la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en Gaza”, se condenaron en una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos (DD. HH.) de Naciones Unidas este viernes, en la cual también se exhortó a la comunidad internacional a detener la venta o envío de armas a la entidad sionista. El texto señaló la “gran preocupación” por declaraciones de mandos políticos, militares y religiosos israelíes que “equivalen a incitación al genocidio”, en tanto, exhortó a la comunidad internacional a poner fin a la venta y transferencia de armas a la entidad sionista, en momentos en que ya asesinó a cerca de 33.100 palestinos en Gaza desde el 7 de octubre. Asimismo, condenó el empleo por parte del ejército de ocupación de material explosivo en zonas pobladas de Gaza, así como “el uso de inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones militares que pueden contribuir a la comisión de crímenes internacionales”. Además, exigió un alto el fuego inmediato y que la entidad sionista ponga fin a todas aquellas acciones que podrían equivaler a una limpieza étnica. La resolución fue aprobada con 28 votos a favor, seis en contra (EE.UU., Alemania, Argentina, Bulgaria, Malaui y Paraguay) y 13 abstenciones, entre ellas Francia, la India, Japón o Países Bajos. El embajador palestino ante la ONU en Ginebra, Ibrahim Khraishi, señaló que los países opuestos a la resolución condenatoria, “piden rendición de cuentas en todo el mundo, pero cuando se trata de Israel su posición cambia”. “¿Cómo pueden justificar ante sus hijos lo que se ve ahora, este genocidio en vivo y en directo? 14.000 niños palestinos y 9.000 mujeres no son combatientes”, manifestó. La cifra de palestinos asesinados por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre pasado, alcanza los 33.037, en tanto, el número de heridos aumentó a 75.668, según informó el último parte proporcionado por el Ministerio de Salud del territorio. Fuente: TeleSUR

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Venezuela rechaza falsas acusaciones de la Misión ONU sobre DD. HH.

Internacional /

Venezuela rechazó de manera contundente “las acusaciones infundadas y mentiras emitidas por la falsa y vergonzosa Misión Internacional de Determinación de los Hechos en su reciente presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, mediante un comunicado dado conocer por el canciller Yvan Gil. El texto expresó que, una vez más, dicho ente viola todos los principios de la Carta de la ONU, con el objeto de seguir intentando promover la política fracasada de “cambio de régimen”, en el país latinoamericano “instruida desde los Estados Unidos (EE.UU.) de Norteamérica”. El documento señaló que dicha Misión fue creada por el “fracasado” Cartel de países que se ensamblaron en el llamado “Grupo de Lima”, constituido por Gobiernos de ultraderecha, que “actualmente tienen cuentas pendientes con los Derechos Humanos, las cuales no han sido evaluadas por el sistema cómplice y politizado”. Asimismo, denunció que este ente es “cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela, y reiteradamente han exhibido planes de asesinar su presidente y causar caos y destrucción a su pueblo”. “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe inmediatamente desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado nuestro país, y que utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica”, indicó el comunicado. En tanto, expresó que el Gobierno bolivariano no aceptará, ninguna medida que se desprenda de la Misión, que se presenta ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo. “El Sistema creado para proteger a los pueblos se ha transformado en el principal aliado y protector de sus victimarios”, manifestó el texto. Por último, el reiteró el compromiso del Gobierno venezolano con la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Exhortó, “una vez más, al Consejo de Derechos Humanos y sus Mecanismos, a cooperar y avanzar sobre la base del diálogo genuino y respetando los principios de universalidad, objetividad, imparcialidad, no selectividad y con pleno apego a la soberanía y la no injerencia en asuntos internos”. Fuente: TeleSUR

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Venezuela suspende actividades de oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de ONU para DD.HH.

Internacional /

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, anunció este jueves que el Gobierno Bolivariano tomó la decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. Asimismo, informó que  en los próximos 30 días realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina. Por ello, solicitó que el personal adscrito a dicha oficina abandone la nación suramericana en las próximas 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas. Explicó que esta decisión se toma debido al impropio papel que ha desarrollado esa institución. Lamentó que esta oficina, recurrentemente, se utilice como caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del Gobierno y el pueblo venezolanos.Aseguró que, lejos de tener una actitud imparcial, se ha convertido en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que de modo permanente se confabulan contra el país. El comunicado leído por el Canciller venezolano expresa que desde la firma de la Carta de Entendimiento dicha oficina ha mantenido una actitud sesgada y parcializada. Añadió que ha procurado constantemente generar impunidad para aquellas personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía nacional y la Constitución, a pesar de los daños que estas podrían causar a la paz y la convivencia. Manifestó que las instituciones venezolanas han procedido de manera paciente frente a ese modo de actuar, y mediante el diálogo han procurado reiteradamente reconducir la labor de dicha oficina hacia el respeto a la verdad y la legalidad internacional. Denunció que la oficina técnica ha exacerbado sus ataques contra Venezuela justo en momentos en que se ha recrudecido el genocidio contra el pueblo palestino en un contexto de total impunidad. Criticó que no condene ese hecho ni pida un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y, por el contrario, falsee hechos y agreda a Venezuela con mentiras, desinformación y manipulación. Consideró que ello vulnera la Carta de las Naciones Unidas e incumple los criterios de la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela. Además, lo consideró irrespetuoso de la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados, como mandatan resoluciones aprobadas por la ONU. Instó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. a retomar el respeto a la legalidad internacional y reiteró su voluntad de continuar cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.  En posteriores declaraciones a la prensa, el Canciller esclareció que la oficina ha presionado y cuestionado reiteradamente la actuación de instituciones nacionales, lo cual no es tolerado por ningún Estado, y dejó claro que el Estado venezolano mantiene todos sus compromisos en materia de derechos humanos. Por otro lado, denunció que no ha habido un pronunciamiento de la oficina técnica en Caracas ni la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los DD.HH. sobre la conspiración abortada horas atrás, organizada por la extrema derecha, que apuntaban a asesinar al presidente Nicolás Maduro, a otros funcionarios y generar violencia y crear un caos en el país. Fuente: TeleSUR

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Activista de DDHH: La Resistencia recibía giros bancarios y equipamiento de actores políticos del golpe de 2019

Sociedad /

La activista de Derechos Humanos y directora de la Red Andina de Información (RAI) Kathryn Ledebur afirmó este martes que hay evidencias de que el grupo irregular Resistencia Juvenil Cochala (RJC) recibió financiamiento, a través de giros bancarios, e incluso equipamiento por parte de actores políticos que impulsaron el golpe de Estado de 2019, entre ellos el excívico Luis Fernando Camacho. Argumentó que el propio cabecilla de esta organización, Yassir Molina, quien es procesado por la violencia y los destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado de Sucre en 2020, confesó en varias declaraciones públicas que recibió financiamiento. “Sabemos, perfectamente, que este grupo de choque, este grupo paraestatal y parapolicial, recibía pagos, recibía equipamiento de actores políticos en el golpe de Estado, pero también de empresarios cochabambinos de diferentes sectores que brindaron apoyo y de eso sí hay pruebas claras, lo que falta es que avance las investigaciones”, explicó en declaraciones a Bolivia TV. Consideró ingenuo pensar que la “Resistencia financiaba sus actividades vendiendo sándwich” y que “planearon su accionar”, porque incluso tenían adiestramiento militar y policial. “Hay giros bancarios, hay testimonios”, insistió la activista al pedir una pesquisa no solo a los protagonistas materiales de los hechos de la ruptura del orden constitucional de 2019 y las posteriores masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, sino a los financiadores y actores intelectuales de esos ilícitos. En medio del proceso que encara por los destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado, Molina remitió en noviembre de 2022 una solicitud para someterse a un juicio abreviado. Además de aceptar su culpa por ese hecho, Molina anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”. “Necesariamente debo brindar información fidedigna sobre el grado de participación y autoría sobre los hechos acaecidos durante los meses de septiembre a diciembre de la gestión 2019”, anunció Molina en la solicitud dirigida al fiscal General, Juan Lanchipa, que al final fue rechazada. En ese memorial identificó a Diego Murillo Téllez, actual concejal; Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Mauricio Arturo Muñoz; Marcelo Pierola; Rómulo Calvo, actual cívico de Santa Cruz; Luis Terán, Jorge Valda, exabogado del Comité pro Santa Cruz; Gualberto N.N., en su momento dirigente del autotransporte; “entre muchos otros más”. “Hemos sido instrumentalizados y otros ni siquiera han sido partícipes del hecho”, alegó Molina ante los medios de comunicación. En esa ocasión, también decidió cambiar de abogado porque presuntamente el que tenía le ocultó información del proceso. Eligió en su remplazo al abogado Jhasmani Torrico, conocido mediáticamente por sus procesos por extorsiones y golpizas a demandados por sus clientes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó en su informe sobre los hechos de violencia y muerte de 2019 de paraestatales a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité pro Santa Cruz. El grupo de Molina iba en motos por la ciudad de Cochabamba agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al MAS o, simplemente, por vestir de pollera. Ledebur consideró un avance importante que Camacho sea procesado por esos hechos porque tuvo un contacto directo tanto con la RJC como con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “Sabemos que, en el caso de Luis Fernando Camacho, que está con detención preventiva por su acciones y declaraciones alrededor del golpe de Estado, hay mucha evidencia de la instrucción entre la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista con el apoyo del Comité Pro Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, y una relación que continuaba cuando Rómulo Calvo asumió la presidencia”, afirmó. Aseguró que hay las pruebas de “la colaboración entre la Resistencia y la Unión Juvenil Cruceñista” y que “hay videos donde claramente hacen referencia al Comité Cívico y a Luis Fernando Camacho”. La activista instó al Gobierno a cumplir con la recomendación del GIEI y desarticular a esos grupos irregulares, como también lo solicitó el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. “Los cascos blancos en La Paz también están sueltos, es obligación del Estado desarticularlos”, insistió. Fuente: ABI

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DDHH denuncia intento de genocidio en Barrio Lindo y el Ejecutivo responsabiliza al gobernador y a los cívicos de la violencia

Política /

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denunció que este sábado  hubo un intento de “genocidio” en el Barrio Lindo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras que el Ejecutivo de Luis Arce responsabilizó de la violencia al gobernador Fernando Camacho y al cívico Rómulo Calvo. Un grupo parapolicial identificado como militante de la Unión Juvenil cruceñista, brazo violento al servicio de Camacho y Calvo, atacó con explosivos letales a personas dedicadas al comercio callejero en esa zona de la urbe. De acuerdo con la organización, el intento de masacre tiene su origen “en razón  de raza y odio” a las personas dedicadas al comercio callejero. La fuerza pública reportó al menos una treintena de heridos. “El conjunto de este grupo social es migrante y perteneciente al segmento social que trabaja por obtener recursos económicos diarios para sostener sus vidas, más cuando han sido privadas de esta vía durante 36 días de violento parao cívico impuesto en mercados, centros de trabajo, calles y avenidas”, señaló la APDHB en un comunicado público difundido hoy. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos constató que los  grupos violentos fueron enviados “expresamente” a evitar que las personas del comercio al detalle procedan con la venta de sus productos y tomen un lugar en la zona En esa acción utilizaron “explosivos de uso industrial como dinamita y fuegos artificiales alterados a modo de bombas caseras letales, a fin de ahuyentarlas del lugar”. “Las denuncias testimoniales recibidas por la APDHB son elocuentes, desgarradoras, inconcebibles e indignantes a la cualidad del ser humano”. La organización activista exigió la pronta acción judicial y anunció que desarrolla una investigación humanitaria para constituirse en parte de procesos penales que correspondan. Los responsables El gobierno de Luis Arce, por su parte, responsabilizó al gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho y al cívico Rómulo Calvo por los nuevos hechos de violencia ocurridos en Barrio Lindo. El vocero presidencial, Jorge Richter, advirtió que lo ocurrido en la zona comercial es resultado de una violencia patrocinada y organizada para confrontar nuevamente al pueblo cruceño y generar desestabilidad. “Hay un autor intelectual de toda esta violencia en Santa Cruz. Hay una lógica de utilizar la violencia para enfrentar a los bolivianos”, dijo en contacto con radio Kawsachun Coca. Apuntó que claramente se advierte que las personas actúan con una misma metodología impidiendo que los gremiales denominados mañaneros trabajen, pese a ser una actividad que permanece por años en todo el país. En esta línea, mencionó que estas acciones no responden a la reivindicación de derechos a través de la protesta, o de una petición o demanda para que sea atendida por el Gobierno, más al contrario busca desestabilizar y enfrentar al pueblo boliviano. “Hay alguien que planifica, un autor intelectual de la violencia desatada, es una lógica de usar la violencia para enfrentar a los bolivianos”, puntualizó Richter. Afirmó que Camacho y Calvo son la expresión más radical de la política boliviana acompañados por descontrolados amplificadores del odio y agitadores que nutren su poderío a través de la impunidad conseguida por la violencia. “Es la violencia la que los hace sentir grandes, entonces por supuesto que en esa lógica también de querer preservar sus privilegios y una impunidad a perpetuidad es que buscan instalar la idea de separatismo, la idea de independencia, la idea de construir un propio estado y socavar la institucionalidad del país, los cimientos que hacen la unidad del estado e instalar discursos que detonan la historia de la sociedad boliviana”, refirió. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Día de los DDHH: Gobierno hará conocer que se logró “definir la vía del juicio ordinario” contra Áñez por sucesos de 2019 y 2020

Sociedad /

Este viernes se recuerda el Día de los Derechos Humanos y el Gobierno anunciará formalmente que “se ha logrado definir la vía del juicio ordinario” contra la presidenta de facto Jeanine Áñez y su gabinete por los hechos de violencia y muerte de 2019-2020, informó el viceministro de Justicia, César Siles. “Se va a hacer el anuncio formal a las víctimas de que sea ha logrado definir la vía del juicio ordinario para la señora Áñez y su gabinete ministerial, lo cual -sin duda- va a permitir el acceso a la justicia y el resarcimiento de esas víctimas de 2019 y 2020”, anunció. Áñez tomó el poder el 12 de noviembre de 2019, tras la dimisión forzada del expresidente Evo Morales. El 15 y 19 de ese mes se dieron las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto)  respectivamente, cuando fuerzas policiales y militares intervinieron protestas de sectores sociales opuestos al golpe de Estado. Más de 20 personas murieron en ambos hechos por impactos de bala, mientras que decenas resultaron heridas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó la violencia de 2019 y calificó de masacres los hechos de Sacaba y Senkata. También se activó una persecución en contra de dirigentes y afines al MAS y otros hechos que vulneraron los derechos humanos. Durante las masacres regía el denominado “decreto de la muerte” 4078, que liberaba de responsabilidad penal a los militares que participaban de los operativos para lo que denominaron restablecimiento del orden. Siles no dio mayores detalles del anuncio que se hará este viernes y adelantó que también se presentará la política de reparación para graves violaciones de los derechos humanos, una vez que concluyó el proceso de validación entre las organizaciones e instancias relacionadas con la temática. Un juicio ordinario condenó a Áñez a 10 años de cárcel, por haber tomado en 2019 la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse del poder, siendo de la minoría y en una sesión sin quórum. También está en puertas otro juicio por designar a su prima como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). Fuente: ABI

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Comisión de DDHH de Diputados pide investigar los actos violentos cometidos durante el paro cívico

Política /

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía “actuar de acuerdo a la norma” y “realizar la investigación correspondiente sobre los autores materiales e intelectuales de los actos violentos que se ejecutaron en el departamento de Santa Cruz” durante los 36 días de paro cívico. “La palabra de persecución política en Bolivia es una fachada para evadir a la justicia de actos violentos, como los provocados por autoridades y cívicos cruceños”, cita un comunicado de la Comisión. Tras varias negativas a dialogar y no explicar su propuesta de realizar el Censo en 2023, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz impuso un paro de actividades desde el 22 de octubre y lo prolongó hasta el 26 de noviembre. Respaldado en el grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), la entidad impuso la medida de presión con puntos de bloqueo donde, incluso, grupo delincuenciales exigían dinero para transitar. El propio vocero del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo, admitió que personas en estado de ebriedad, “delincuentes y drogodependientes” controlaban varios puntos de bloqueo. Pero no solo ello. En el trascurso del paro se registraron cuatro personas fallecidas. Una de las primeras muertes se dio en Puerto Quijarro, en el primer día del paro. Se trataba de una persona que exigía su derecho al trabajo y fue asesinada a golpes. En la ciudad de Santa Cruz ocurrieron el resto de muertes, entre ellas de un mototaxista que se degolló con un alambre, como parte de los bloqueos, extendido de un extremo a otro de una vía. También se denunció la violación múltiple de una menor y que los bloqueadores no dejaban pasar ambulancias en los días de paro y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas. Mientras que el 11 de noviembre, grupos de choque violentos vinculados a la UJC incendiaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y saquearon las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) cruceña. Además, cercaron oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Entel, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), de Bolivia Tv y agredieron a policías y a varios periodistas que cubrían los protestas. En el marco del paro, también se registró la agresión a mujeres del pueblo indígena Ayoreo por parte del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, el 28 de octubre. Procesado por la presunta comisión de los delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo, lesiones graves y leves, el subgobernador mantiene detención domiciliaria, arraigo y debe presentarse en Ministerio Público cada siete días. De acuerdo con la Comisión legislativa, el paro provocó pérdidas económicas por $us 1.200 millones. Fuente: ABI

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