Defensa

Poderes del Estado llaman a defender la democracia en Brasil

Internacional /

Los jefes de los tres poderes del Estado en Brasil publicaron una nota conjunta este lunes  en la que dicen que «rechazan» los actos terroristas de los bolsonaristas radicales en Brasilia y piden a la población que «defienda la paz y la democracia». La nota «En Defensa de la Democracia» está firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva; por el presidente interino del Senado, Veneziano Vital do Rêgo; por el alcalde, Arturo Lira; y por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. Los máximos representantes de los tres poderes se reunieron este lunes para analizar la grave crisis vivida en la capital brasileña el domingo, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. «Los poderes de la República, defensores de la democracia y de la Carta Constitucional de 1988, rechazan los actos terroristas, vandálicos, criminales y golpistas ocurridos en la tarde de ayer (domingo) en Brasilia», indicó el texto. La nota también señaló que los jefes de poderes están «unidos para que se tomen medidas institucionales» y argumenta que el país necesita «normalidad» y «respeto». “Hacemos un llamado a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia en nuestra patria”. En el encuentro con Lula da Silva estuvieron presentes otros jueces del Supremo como Luís Roberto Barroso y Dias Toffoli, además de varios ministros del gabinete, como el jefe de Casa Civil, Rui Costa, o los titulares de Hacienda, Fernando Haddad; de Justicia, Flávio Dino; y de Defensa, José Múcio, entre otros. El  mandatario comenzó la jornada de este lunes con una serie de encuentros de alto nivel en su despacho, el único lugar que se salvó de la depredación realizada el domingo por bolsonaristas radicales que intentaron derrocarlo. Lula optó por despachar desde su oficina en el Palacio de Planalto para mostrar que los actos violentos de los radicales de la ultraderecha no paralizarán a las instituciones. Fuente: TeleSUR

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Experto en seguridad y defensa destaca efectividad de leyes bolivianas en la lucha antidroga sin actuación de la DEA

Seguridad /

El experto en seguridad y defensa Pedro Ugarte consideró que la normativa generada por el Estado en la lucha contra el narcotráfico ha efectivizado mayor control interno en esta tarea, sin necesidad de la actuación de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el país, ni ninguna aprobación externa. Explicó que, tras la expulsión de la DEA de Bolivia en 2008, normas como la ley 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de 2017, contribuye y se interrelaciona con otras como la Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, y la ley 400 de Armas y Explosivos. “Estas políticas han ido en un conjunto en un unísono, en la premisa del Gobierno de la lucha frontal contra tráfico de drogas. Toda esta política interna en el marco del vivir bien ha permitido que haya menos muertos, de que la lucha sea frontal, que no exista una aprobación extranjera para nuestra lucha integral contra este flagelo”, explicó Ugarte a la ABI. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó el martes que durante su gestión la DEA “no volverá al país”. Ugarte afirmó que, en el marco de las normas mencionadas se generaron otras acciones, planes y programas que hacen más eficaz la tarea, como la del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas que ha trabajado políticas sectoriales como el “Di No a las Drogas”, y campañas de prevención de delitos en unidades educativas como el “Dinofest”, mencionó. “A todo esto se suma un sinfín de otros trabajos que hizo el Gobierno, otros mecanismos de control como son los radares que están para la lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra ilícitos transnacionales, como son en el tráfico de armas”, sostuvo. Ugarte, experto en seguridad y defensa, destacó que con la aplicación de la Ley 913 en la lucha contra el narcotráfico se generaron menores decesos y “más metas logradas”. Asimismo, la norma garantiza para el Estado, dijo, los bienes incautados al ilícito, lo que va en beneficio de las mismas fuerzas que intervienen en la lucha como la Policía y las Fuerzas Armadas. A diferencia del actual modelo antidroga, la política de “coca cero” impulsada en gobiernos de corte neoliberal provocó violencia y muerte. “Hasta el año 1997 se contabilizaron 33 campesinos muertos por la represión, además de 570 heridos y 27 efectivos policiales y militares fallecidos. La política de “Coca Cero” trajo luto al pueblo boliviano y posibilitó el ejercicio desmedido de la violencia”, señaló en su momento el Ministerio de Gobierno. Áñez El 16 de noviembre de 2019, a pocos días de asumir el mando de la nación vía golpe de Estado, Jeanine Áñez ya preparaba el retorno de la DEA a Bolivia. El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, manifestaba a los medios de prensa el deseo de Washington de «fortalecer» las relaciones con La Paz, y consideró que el eventual retorno de la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA) dependerá del gobierno «interino», presidido por la autoproclamada Áñez. «Primordialmente queremos fortalecer nuestras relaciones. El Gobierno tiene dos o tres días, y cada Gobierno decide lo que quiere. El retorno de la DEA dependerá de la administración nacional. Vamos con los primeros pasos», sostuvo Williamson, tras el saludo del cuerpo diplomático a la nueva canciller del gabinete de facto, Karen Longaric. Fuente: ABI

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Presidente advierte que defenderá en las calles la victoria del pueblo en las urnas

Portada /

El presidente Luis Arce advirtió este domingo a los promotores del paro cívico en Santa Cruz, que derivó en las últimas horas en destrucción y saqueos violentos de instituciones, que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales defenderán en las calles lo que ganaron en las urnas. Arce y su acompañante David Choquehuanca ganaron el verificativo electoral de octubre de 2020 con el 55,11% del voto popular. Hoy, cuando el paro cívico cumplió 23 días de jornadas violentas y racistas, el jefe de Estado señaló en una concentración campesina en el área rural de Chuquisaca, en el sur del país, “que la derecha” pretende otra vez dirigir al país, en directa alusión al golpe de Estado de noviembre de 2019 que colocó en la primera magistratura del país a una senadora marginal y poco conocida cuyo partido apenas obtuvo el 4% en las elecciones generales de 2015. «La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas”, advirtió el mandatario, al calificar de “inadmisible” que pretendan, ahora, “levantarla cabeza cuando no tienen el apoyo popular”. El viernes pasado una marcha gremial y campesina que se perfilaba pacífica, con banderas blancas de paz, fue atacaba violentamente por grupos de choque en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La movilización de organizaciones sociales, multitudinaria, fue convocada para pedir que cese el paro y recorrió puntos de bloqueo solitarios sin mayores incidentes. Grupos afines a la institucionalidad cívica cruceña, perfectamente organizados en vehículos y motocicletas, llegaron al segundo anillo y atacaron a los marchistas con bombas incendiarias caseras, correas con clavos, bates de beisbol y machetes. Luego de dispersar la marcha, los atacantes, asediaron la sede campesina y con el repliegue policial la saquearon e incendiaron. La Central Obrera Departamental fue también tomada y fue objetivo de destrozos y pillaje. En el área rural, durante los días del paro, el pueblo indígena ayoreo fue desalojado de sus comunidades por la fuerza y después incendiaron sus viviendas. El presidente Arce dijo “al país y el mundo”, en respuesta a esos hechos de carácter racista y de extrema violencia, que su Gobierno y las organizaciones sociales están “unidos más que nunca”. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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Defensa rusa: las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan a las ciudades de Ucrania

Bolivia /

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró a la población civil de Ucrania que nada amenaza su seguridad tras comenzar la operación especial para desmilitarizar y acabar con el nazismo que se instauró en ese país. «No hay ninguna amenaza para la población civil», señaló la institución en un comunicado. Las Fuerzas Armadas de Rusia, recalcó, no atacan infraestructuras civiles. En un anterior comunicado, el organismo comunicó que se emplean armas de alta precisión para neutralizar la infraestructura militar, sistemas antiaéreos, bases aéreas y los aviones de guerra de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso califica de «completa mentira» la declaración del jefe del Ejército ucraniano, Valeri Zaluzhni, sobre las «pérdidas de aviones y vehículos blindados rusos». El ministerio añadió que los servicios de inteligencia muestran que las unidades y los soldados del Ejército ucraniano abandonan sus posiciones en masa, dejando atrás las armas. Las posiciones de las unidades del Ejército ucraniano que han depuesto las armas no son atacadas. El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de «una operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev. Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr «la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania». También amenazó con llevar al juicio a los autores de «numerosos crímenes sangrientos contra civiles». El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional. Numerosos países ya condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin «en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia» y «no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos del siglo».

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