Dictadura

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una jornada en la que América Latina pone el foco en varios países que hoy reportan cifras alarmantes de personas desaparecidas, como México y Colombia, con más de 200.000 personas bajo desaparición forzosa, según organismos oficiales. Los números, no obstante, no muestran el alcance real de esta problemática, que, lejos de atenuarse, ha evolucionado, según señalan expertos consultados por DW.  «En Colombia o en México, las cifras son muy altas. Pero, aun así, sabemos que no nos dan una aproximación certera al fenómeno», dice a DW Viviana García, investigadora del Instituto Arnold Bergstraesser, en Friburgo, Alemania. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)de México reporta 111.095 personas desaparecidas, mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia indica un total de 103.955 en el marco y contexto del conflicto armado en el país. En entrevista con DW, García apunta a las dificultades de evaluar cuantitativamente las cifras y al «subregistro» persistente, que hace que las estadísticas estén por debajo del número real, pese a los esfuerzos en los últimos años a favor de hacer una estimación del total de víctimas y las circunstancias de su desaparición forzada.  Un problema crónico Los expertos consultados por DW indican que las dinámicas de este fenómeno han cambiado. «Ya no se trata de desapariciones perpetradas por regímenes autoritarios que buscan silenciar al disidente ideológico», dice a DW Juan Pablo Albán Alencastro, académico y miembro del Comité contra la Desaparición Forzada (CED)de la ONU. «Ahora se trata de desapariciones cometidas por bandas de la delincuencia organizada para garantizar la actividad ilícita que llevan a cabo, en la cual también están involucrados agentes del Estado, que apoyan la actividad de estas bandas», sostiene. De manera similar, García recalca que «es una forma de ejercer violencia que persiste en el contexto actual», con mecanismos que han dado paso a «democracias violentas», donde «no solamente actores criminales, sino también el propio Estado y otras fuerzas de seguridad actúan como facilitadores». Albán habla de una «aquiescencia» otorgada por las autoridades, omitiendo deliberadamente sus responsabilidades en cuestión de prevenir, buscar e investigar una desaparición, algo que «termina por asegurar la repetición crónica de este tipo de conductas». Desapariciones «de corta duración» Albán insiste en las especificidades de cada país, como puede ser la existencia de tensión interna en Colombia – cuyas desapariciones responden a las dinámicas propias del conflicto armado-, o al crimen organizado que opera en México frente al consentimiento del Estado. Pero hay otras regiones con nuevas formas de desaparición, señala Albán, que también es profesor en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. «Estamos muy preocupados de atender el fenómeno de las desapariciones de corta duración, es decir, situaciones en las que se detiene a la persona, se oculta su paradero y se niega información sobre su situación, en períodos que pueden extenderse hasta días», dice en referencia, por ejemplo, a El Salvador. DW