Fujimori

Alberto Fujimori dice que tiene un nuevo tumor maligno

El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) anunció este viernes que fue diagnosticado con un nuevo tumor en la lengua considerado maligno. «Justo ahora que he recuperado mi libertad, me toca dar una nueva batalla«, señaló el exmandatario, de 85 años, en un video publicado en Canal F. «Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia», agregó. Además, Fujimori recordó que le diagnosticaron este tipo de cáncer hace 27 años, cuando ocupaba el cargo del presidente del país, pero se sometió a varias cirugías solo estando en el penal de Barbadillo. «Pocos creían con incredulidad o con mala fe, se burlaban de mi mal. En total, he tenido en el mismo lugar seis cirugías«, dijo. Asimismo, hizo hincapié en que, aparte de medicina, le ayuda el cuidado de sus hijas y nietas. «Yo nunca me rindo frente a la enfermedad y a la arbitrariedad. Nada podrá evitar mi reencuentro con todos ustedes. Con su apoyo, la ayuda de Dios y el amor de mi familia voy a derrotar el cáncer», expresó. A finales de abril, el exjefe de Estado peruano fue operado «sin contratiempos» debido a un «diagnóstico presuntivo ambulatorio de tumor maligno en la base de la lengua con probable metástasis cervical derecha», según señaló su hija Keiko Fujimori. Fuente: RT

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Revelan cuánto dinero debe Fujimori al Estado peruano

El expresidente Alberto Fujimori le debe al Estado peruano varios millones de dólares en concepto de reparación civil, según lo reveló el procurador general de Perú, Javier Pacheco, durante una entrevista concedida este lunes en el programa ‘Las cosas como son’, de RPP Televisión. «El monto de la reparación por los casos [en] que fue condenado asciende, en principio, a 27 millones [de soles, unos 7,2 millones de dólares] aproximadamente. Sumando los intereses esto sumaría un promedio de 55 millones [de soles, cerca de 14,7 millones de dólares] a favor del Estado, del cual no ha pagado ni un solo sol», explicó. El que fuera mandatario del país andino entre los años 1990 y 2000 tiene una deuda por reparación civil impuesta por la Justicia peruana en tres casos por los que fue condenado: allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú; la compra irregular de Cable Canal; y el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a su exasesor. Asimismo, Pacheco señaló que a Fujimori no le correspondería una pensión —tal y como ha solicitado recientemente— porque la Ley N.° 26519 establece que los expresidentes que han sido sentenciados por el poder judicial no gozan de tal beneficio equivalente al sueldo de un congresista. Fuente: RT

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Rechazan dictar detención domiciliaria contra Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca en Perú

El Poder Judicial de Perú ha rechazado este miércoles dictar detención domiciliaria contra el expresidente Alberto Fujimori y en su lugar ha ordenado nueve meses de impedimento de salida del país para el político por el caso Pativilca. «El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado el requerimiento fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria de Alberto Fujimori. En cambio le dictó impedimento de salida del país por nueve meses», reza el comunicado. El miércoles, el exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión por los casos de Pativilca y La Cantuta. Como la pena se considera cumplida, dado que está preso desde 2001, está previsto que Montesinos salga en libertad en junio de 2026. En la audiencia de variación de comparecencia pasada, el martes 30 de enero, Fujimori criticó el petitorio fiscal e indicó que puede «morir de forma súbita». «Tengo una enfermedad pulmonar intersticial crónica, es una enfermedad dentro del grupo de la fibrosis. Debo caminar media hora diaria para evitar el avance de la enfermedad», arguyó el exmandatario (1990-2000). Exaltado, incluso aseguró que no tiene ni «un solo bien inmueble», así como tampoco ha «recibido un solo apercibimiento», por lo cual consideró que no había motivos para que se ordenara una nueva detención en su contra. Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, fue liberado el 6 de diciembre de 2023 por orden del Tribunal Constitucional en apego a un indulto por su delicado estado de salud.

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Inicia nuevo juicio oral contra Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca en Perú

La justicia peruana inició este lunes un nuevo juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori, su exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, y otros 21 procesados, que son investigados por su presunta participación en la masacre de Pativilca en 1992. Tanto Fujimori como el resto de los procesados son señalados por el delito de homicidio calificado. La audiencia, que arrancó a las 9:00 de la mañana de Perú, está a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, detalló el Poder Judicial en la red social X. Luego de unas horas de diligencia, en la cual Fujimori y Montesinos participaron de forma virtual, el Tribunal de la Corte Superior Nacional dispuso que el juicio continúe el próximo 4 de enero de 2024 a la misma hora (9:00 de la mañana). La masacre de Pativilca fue un crimen de lesa humanidad ejecutado el 29 de enero de 1992 y en el que fueron secuestrados, torturados y asesinados seis campesinos, entre ellos un menor de edad, de las localidades conocidas como ‘El Caraqueño’ y ‘San José’ en el distrito de Pativilca, parte de la provincia de Barranca, en el departamento capitalino de Lima. Los hechos fueron cometidos por una fuerza élite integrada por militares peruanos conocida como «Grupo Colina» o «escuadrón de la muerte», que habría tenido como sus principales líderes a Fujimori, Montesinos y el exjefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos. La víctimas de esa matanza fueron identificadas como John Calderón Ríos, de 18 años de edad; Toribio Ortiz Aponte, de 25; Felandro Castillo Manrique, de 38; Pedro Agüero Rivera, de 35; Ernesto Arias Velásquez, de 17; y César Rodríguez, de 29 años, reseña la agencia oficial Andina. Sobre este caso, el técnico del Ejército, Jorge Ortiz Mantas, exintegrante del Grupo Colina, confesó, en una audiencia, que participó en la masacre y que esta fue realizada por el mencionado grupo paramilitar, creado para eliminar fuerzas comunistas y miembros de la insurgencia peruana. En su testimonio, el uniformado dijo que la fuerza élite dependía del exgeneral Nicolás Hermoza Ríos, durante el mandato de Fujimori. Piden otros 25 años de prisión contra Fujimori La Fiscalía peruana busca que Fujimori y los demás investigados sean castigados con una pena de 25 años de cárcel por esta masacre. Sin embargo, el indulto otorgado al expresidente el 24 de diciembre de 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, podría ser utilizado por la defensa del exjefe de Estado para dejarlo absuelto. De esta manera los abogados de Fujimori, investigado como autor mediato de los asesinatos, buscarían excluirlo de este juicio, tras haber recibido el cuestionado beneficio de indulto humanitario que le otorgó recientemente el Tribunal Constitucional (TC), a pesar de tener una condena de 25 años de cárcel por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Por la masacre de Pativilca, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad solicitó al Poder Judicial 18 meses de detención domiciliaria contra Fujimori, al considerar que existe un peligro procesal de fuga y obstaculización de la justicia. Sin embargo, la defensa del exmandatario, niega que el expresidente vaya a salir del país después de ser indultado tras 16 años de encierro, detalló el medio local La República. RT

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Perú se mira al espejo: un año del golpe contra Pedro Castillo y la sombra de la liberación de Fujimori

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano debatía sobre una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Posteriormente, Castillo, en un mensaje televisado, decretaba la disolución del Parlamento, la instauración de un gobierno de concentración nacional y convocaba nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de nueve meses.  Tras este anuncio varios ministros del gobierno presentaron su renuncia, en concreto el ministro de Relaciones Exteriores, el de Trabajo y el de Justicia. A su vez, la vicemandataria Dina Boluarte, también se manifestó en contra de lo anunciado por el presidente. En el mismo sentido se pronunciaron el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas. El congreso peruano, con 101 votos a favor, aprobó finalmente la destitución de Pedro Castillo bajo el argumento de «incapacidad moral», y posteriormente fue detenido por la Policía, situación en la que se encuentra actualmente. Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, asumió la presidencia interina del país, y a lo largo de los meses siguientes se produjeron manifestaciones masivas de apoyo a Castillo que fueron fuertemente reprimidas por el nuevo gobierno, dejando medio centenar de muertos y múltiples heridos. La victoria electoral de Pedro Castillo en las elecciones generales de 2021 se produjo en un contexto en el que, por un lado, se manifestaba la profunda crisis política del país, y por otro lado, la agudización de una polarización que aúna elementos coyunturales y estructurales más profundos. Decía Mafalda, icónico personaje del viñetista argentino Quino, que a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante. En ese sentido, aunque las dimensiones de la crisis política de Perú se extienden en dinámicas estructurales y problemáticas que abarcan varias décadas de la historia del país, hay algunos datos recientes que sintetizan este escenario crítico y que son fundamentales para comprender las urgencias de Perú. Del 8 al 19 de noviembre de 2020, Perú cambió de presidente en tres ocasiones. Desde julio de 2016 y previo a la asunción de Castillo, el país tuvo cuatro mandatarios, tres de ellos destituidos usando la herramienta de «moción de vacancia», es decir, mediante la destitución a través de una mayoría del Congreso sin pasar por el voto ciudadano. Aunque Castillo trató, en varias ocasiones, de congraciarse con los demás grupos políticos, finalmente no consiguió el apoyo ni de los otros ni de los suyos. El uso y abuso de esta herramienta, que también es la que fue utilizada contra Pedro Castillo, generó controversias fuera y dentro del país. Las manifestaciones contra el rol del Congreso y a favor de la elaboración de una nueva Constitución fueron creciendo durante los años previos a la victoria de Castillo. Así, tras vencer en la segunda vuelta, el nuevo presidente tenía un mandato claro: resolver la urgencia que atravesaba el país y que interpelaba directamente al papel que estaba jugando el Parlamento y que imposibilitaba la gobernabilidad y, a su vez, la redacción de una nueva carta magna. El escenario de Castillo La realidad política que experimentó el breve gobierno de Pedro Castillo no se diferenció en gran medida de este escenario anterior, sino que se acrecentó. El presidente enfrentó hasta tres procesos de vacancia que no obtuvieron la mayoría suficiente en la cámara; y tuvo serios problemas para legislar por el boicot continuado del Congreso, donde no contaba con mayoría; y a su vez, hizo frente a los enfrentamientos internos dentro de la formación política Perú Libre, a la que pertenecía. Aunque el mandatario trató, en varias ocasiones, de congraciarse con los demás grupos políticos, finalmente no consiguió el apoyo ni de los otros ni de los suyos. En la primera vuelta del 11 de abril de 2021, ningún candidato consiguió obtener más del 20 % de los votos. Castillo fue el que más se aproximó con el 18,9 % de apoyos. En segundo lugar quedó Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, con un 13,4 % de los votos. Este escenario manifestaba para muchos analistas la evidencia de una ruptura cada vez más profunda entre el poder oligárquico capitalino representado en Lima, que superaba el antagonismo fujimorismo vs anti-fujimorismo; y el resto de Perú, entendido como la mayoría rural, campesina, indígena y postergada -usando el término del revolucionario nicaragüense Augusto C. Sandino- en sus derechos sociales, económicos y políticos, que veían en el maestro rural al representante de sus intereses. Siendo estas comunidades rurales, sobre todo indígenas, a su vez, las víctimas principales del fujimorismo, no es de extrañar que representaran y sigan representando también las fuerzas populares de apoyo más sólido de Perú Libre y de Pedro Castillo. Visiones antagónicas Esta victoria sorpresiva puso de manifiesto dos posiciones antagónicas: la esperanza de los que exigían un cambio frente al miedo de los otros, de aquellos que sentían que un cambio podía arrebatarles la posición de privilegio que sustentaban. Siendo estas comunidades rurales, sobre todo indígenas, las víctimas principales del fujimorismo, no es de extrañar que representaran las fuerzas populares de apoyo más sólido de Perú Libre y de Pedro Castillo. Más allá de lo urgente, esa victoria también abrió paso a iniciar un debate sobre lo importante: la desigualdad en el país, el divorcio entre el mundo rural y el mundo urbano capitalino, entre las sociedades campesinas e indígenas y las grandes familias del país, sobre el control de los recursos naturales o sobre la redistribución justa de las ganancias de exportación de las múltiples materias primas que poseen. Entre muchos otros temas que lo urgente había ido eclipsando o dejando en un segundo plano. Más allá de si Pedro Castillo supo o no realizar el mandato que se le encomendó, lo cierto es que su breve paso por la Presidencia y la forma en la que fue depuesto ha servido para ampliar el campo de visión sobre la realidad y el conflicto peruano. El presente en el Perú En este aniversario de los hechos que llevaron a prisión a Pedro Castillo, la actualidad política del país está marcada por la liberación del expresidente Fujimori por motivos «humanitarios», lo cual incide aún más en el aspecto simbólico de la ruptura social en el país. Por otra parte, los dos sectores aliados para la

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CIDH pide a Perú no liberar a Fujimori hasta revisar orden

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Perú que se abstenga de liberar al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) hasta revisar si la orden del Tribunal Constitucional del país andino cumple con sentencias previas de la justicia continental. Se pide a Perú que «se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones» de sus sentencias previas, dice una resolución publicada en su sitio web. La resolución del tribunal interamericano, con sede en San José, fue firmada el martes por presidente, Ricardo Pérez Manrique. El ex presidente Fujimori gobernó Perú con mano de hierro, derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y está preso por crímenes de lesa humanidad, antes de que el máximo tribunal del país ordenara su liberación «inmediata», a sus 85 años. La decisión del Tribunal Constitucional peruano es inapelable y restituye el indulto que le habían otorgado a Fujimori en 2017 por razones humanitarias, y que luego fue revocado por la Corte Suprema en 2019. El expresidente de ancestros japoneses cumple desde 2009 una condena por «crímenes contra la humanidad» en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del ejército. La Jornada

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Convocan a manifestaciones en Perú para rechazar la puesta en libertad de Fujimori

Ciudadanos disconformes con el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori, convocaron este martes a través de las redes sociales a manifestaciones de repudio en el centro de Lima.  Con la etiqueta #IndultoEsInsulto, se invitó a la población a concentrarse a las 6:00 pm (hora local), tanto en la Plaza San Martín –epicentro de numerosas protestas antigubernamentales y antifujimoristas– como en la sede del Palacio de Justicia, símbolo del Poder Judicial del país suramericano. Mientras, un puñado de seguidores de Fujimori se apostó en las inmediaciones del Penal de Barbadillo para celebrar la sentencia del TC con consignas, pancartas y música alusiva al movimiento fujimorista. Liberación controvertida Más temprano, tres jueces del máximo tribunal constitucional peruano convinieron en ordenar al Instituto Nacional Penitenciario del Perú y a la directiva de la cárcel de Barbadillo «la liberación inmediata» de Fujimori, en consideración a su avanzada edad y precario estado de salud. La decisión levantó polvareda, porque echa por borda la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2022 exhortó a Lima a mantenerlo tras las rejas, para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que figuraron como causas principales de su sentencia por delitos de lesa humanidad. Este punto de vista fue respaldado este martes por Human Rights Watch, que a través de su directora de División de las Américas, Juanita Goebertus, llamó a recordar que «la liberación de Alberto Fujimori violaría las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» y advirtió que tales sentencias son de obligatorio cumplimiento. «El instituto penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, no debe liberarlo», señaló. En el mismo espíritu se pronunció ante los medios locales el abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quien consideró que el Estado peruano dispone de mecanismos que le permiten eludir el cumplimiento del fallo del TC en favor de Fujimori «con mérito a lo que en el derecho internacional se denomina un control de constitucionalidad». En los exteriores del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del caso La Cantuta se congregaron para protestar contra la liberación de Fujimori, la cual calificaron como una «decisión vergonzosa».  Asimismo, un grupo de ciudadanas que portaban fotografías de las víctimas, tomaron las escaleras frontales del Palacio, lo que provocó enfrentamientos con la policía. Fuente: RT

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Tribunal Constitucional de Perú ordena poner en libertad a Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado. «Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori», reza un auto del TC.  Asimismo, el órgano judicial encargado de interpretar la Carta Magna peruana, ha resuelto «llamar severamente la atención» al juez Vicente Fernández Tapia, encargado de ejecutar la orden de excarcelación aprobada la semana pasada por el Constitucional, pero que declaró improcedente el fallo. Así pues, los magistrados del Tribunal Constitucional han «exhortado» al juez Fernández Tapia a «poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de ‘habeas corpus’», como es el caso del expresidente Fujimori. El Tribunal Constitucional ha declarado fundado un recurso de reposición del ‘habeas corpus’ concedido en marzo de 2022 a Fujimori. El expresidente peruano alude a sus 85 años de edad y delicado estado de salud para argumentar su solicitud de cumplir el resto de su condena fuera de prisión. El Constitucional remitió la semana pasada al juzgado de Ica –donde se originó el ‘habeas corpus’ de 2022– la decisión de restablecer el indulto presidencial a Fujimori, si bien el juez encargado del caso, el mencionado Fernández Tapia, rechazó tomar tal decisión declarando el fallo como improcedente. El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario que, sin embargo, fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. En marzo de 2022, el Constitucional declaró fundado un ‘habeas corpus’ presentado por el equipo de abogados de Fujimori y en el que aludían precisamente a su estado de salud, apuntando que había empeorado desde que se le anuló el indulto concedido por Kuczynski. Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. Los Tiempos

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Fiscal amplia investigación contra Keiko Fujimori y su partido

El fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación por lavado de activos, con la agravante de organización criminal, contra Keiko Fujimori por haber captado, transferido y ocultado fondos para el financiamiento de la campaña contra el falso fraude electoral en la segunda vuelta presidencia de 2021 que dio como vencedor al exmandatario Pedro Castillo. La acción del Ministerio Público peruano también involucra a otros cinco dirigentes de Fuerza Popular y la contadora del partido, Lindman Miranda Zamalloa. Según la disposición fiscal, luego de los resultados de la votación del 6 de junio de 2021, Fujimori emprendió una campaña de mentiras sobre presuntas irregularidades para alterar la voluntad popular. Esta se basó en una supuesta conspiración entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). “Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias, empresarios que se dedican a los juegos de tragamonedas y la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país” afirmó Domingo Pérez. En ese sentido, explicó que “es así que el partido Fuerza Popular logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles en aportes en efectivo y en especie, entre el 13 de marzo de 2021 a 30 de julio de 2022”. Asimismo, afirmó que  la agrupación no tenía cuentas bancarias ni libros contables desde fines de 2020 y todo el 2021, algo que debe presentar cada partido político. “En el presente caso, se habría desobedecido el mandato imperativo. Aunado a ello, se pretende consignar aportes en especie, cuando en realidad estos habrían sido en efectivo, dinero en soles y en dólares que habrían sido entregados en sobres en el local partidario de Fuerza Popular, aseguró Pérez. «A través de la desinformación, noticias falsas y desacreditación de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Reniec se buscó engañar a la ciudadanía, causarle miedo sobre el proceso electoral, con el objetivo de obtener beneficios económicos, poder político y generar crisis en el país” sentenció. Fuente: TeleSUR

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Hildebrandt en sus trece

Cesar Hildebrandt Dicen que todo en la vida pasa por algo; y que no hay mal que por bien no venga. Nunca me imaginé dándole el voto a Castillo, pero las circunstancias me obligaron a hacerlo. Sin embargo, el que él haya llegado a la presidencia nos ayudó a ver aquello que estaba oculto a simple vista. Como que hay demasiado racismo y clasismo en nuestra patria; que si bien Fujimori, Montesinos y otros miembros de su cúpula estan presos, el Fujimorismo nunca dejó el poder, sino que se hizo más fuerte, disgregándose y camuflándose entre otros partidos políticos; que seguimos siendo un NarcoEstado con organizaciones criminales satélites en cada institución estatal, sobre todo en el Judicial y en la Fiscalía; que quienes nos gobiernan son los poderosos grupos económicos que son a su vez dueños de los medios de comunicación, que utilizan para manipular a las masas, tal como lo hacían en los 90. Ayudó también a que se caigan las caretas de muchos personales de la política, de la farándula y de algunos amigos. La salida de Castillo era inminente. Lo advertí desde antes que sea elegido. Mas bien me sorprende que haya durado tanto tiempo; con todos los medios de comunicación, el poder económico, la clase política enquistada en el poder desde hace décadas y los cuellos blancos en su contra, es un gran logro que haya durado 16 meses en Palacio. Pero si los golpistas corruptos que se creen dueños de nuestro país están celebrando el triunfo, se equivocan rotundamente. No saben lo que se les viene. La población está llena de hartazgo por tantas décadas de corrupción. Esto recién empieza y espero termine con las ratas fuera del Congreso, la traidora y usurpadora fuera de Palacio y los medios de comunicación cerrados hasta que cambien su línea editorial desestabilizadora. Quizá yo no sea perfecto, pero siempre voy a estar del lado correcto y siempre listo para defender a mi familia, mis principios y a mi patria. No se trata de luchar por Castillo ni por nadie sino de recuperar nuestra nación y ponerla bajo el mando del sentido común y el patriotismo.

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