Iglesia Católica

Damián Andrada Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, la comunidad internacional le reconoció a la sociedad boliviana dos avances que aún deben seguir siendo profundizados: la redistribución del ingreso y el combate al racismo. Sin embargo, poco se hizo por avanzar con los derechos impulsados por el movimiento de mujeres y el colectivo de diversidades sexuales y género. Casualmente, un primer paso se dio el 10 de diciembre cuando el Estado reconoció la primera unión civil de personas del mismo sexo. Algo similar debe ocurrir con el aborto legal, seguro y gratuito. Comencemos por evitar la ingenuidad: en países católicos como los latinoamericanos, la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo implica un enfrentamiento con la Iglesia Católica y un costo político alto con los sectores más religiosos. Sin embargo, ante las muertes producidas por intervenciones quirúrgicas clandestinas, se trata de un debate necesario. En Argentina, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito se creó en 2005 bajo la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Tras seis intentos, el tratamiento legislativo del proyecto de ley fue habilitado en 2018. El debate fue álgido y apasionado. Las exposiciones de científicos y científicas, profesionales de la salud y constitucionalistas fueron seguidas de cerca por la sociedad. Las intervenciones más destacadas —y las más bochornosas— fueron viralizadas por las redes sociales. Lentamente, los argumentos esgrimidos por el movimiento de mujeres argentino fueron ganando una batalla cultural que nunca se había dado. Así, fueron convenciendo a quienes habíamos estado en contra del aborto durante toda una vida. A la histórica lucha de las abuelas, se sumó el apoyo de las mujeres profesionales y una activa militancia de las chicas que estudian en la escuela y en la universidad. La periodista Luciana Peker la llamó “La revolución de las hijas”. Los pañuelos verdes fueron inundando la ciudad de Buenos Aires. Las hijas explicaron y convencieron a sus novios, hermanos, maestros y padres. Diputados y senadores sintieron la presión en su propio hogar. El aborto legal, seguro y gratuito, se sumó a la conquista de derechos y a la lucha contra los feminicidios y una sociedad patriarcal. Frente al discurso religioso, fueron ganando terreno los argumentos que entienden al aborto como la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a una discusión que compete a la salud pública. Las mujeres lograron explicar que siempre hubo abortos. Y siempre los habrá. El debate se centra en si los abortos se producirán en condiciones sanitarias o si serán clandestinos. Si se practicarán en un hospital o si se harán con agujas de tejer. Si estarán a cargo de profesionales o de mujeres asustadas en sus casas con unas perchas. La situación actual ni evita abortos ni salva vidas, solo obliga a las mujeres a abortar en la clandestinidad. La mujer que quiere abortar, lo hace más allá del marco legal. Asimismo, ante las objeciones por un sistema de salud público que no abastece las necesidades de la población, las y los especialistas explicaron que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se pueden realizar con misoprostol en la propia casa, sin necesidad de ir a un sanatorio. Desde el punto de vista fiscalista, el aborto legal también evita el costo de mujeres que llegan desangrándose o con un shock séptico al hospital. En esta línea, el laboratorio estatal de la provincia de Santa Fe comenzó a producir misoprostol. Una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se va a aprobar sola. Es necesario que el movimiento de mujeres y LGTBIQ sigan levantando la voz, para luego construir alianzas con los artistas, los trabajadores de la cultura y un periodismo que acompañen sus demandas en los medios de comunicación. Una vez que el debate ingrese en la esfera de la opinión pública, será el momento de que el Movimiento al Socialismo (MAS) demuestre a Bolivia y Latinoamérica si aprendió de sus errores. El autor es magíster en Ciencias Políticas y Sociología por FLACSO Argentina y editor general de Debates Indígenas. *Texto retomado de La Razón, 28 de diciembre de 2020.