Jorge Elbaum

El último 4 de julio, Día de laIndependencia de Estados Unidos, se produjo un tiroteo masivo que se repite desde hace años. En esta ocasión fueron asesinadas ocho personas y otras 30 resultaron con heridas de diversa consideración. La balacera, ejecutada por Robert Crimo, de 21 años, se produjo en un desfile en la localidad de Highland Park, Illinois, en el norte de la ciudad de Chicago. El gobierno de Washington sustenta, desde hace décadas, la temática de los derechos humanos como un emblema político de exigencia global. Sin embargo, su población es una de las más vulnerables del mundo en términos de violencia, homicidio y suicidio, a causa de la utilización de armas y su permanente exaltación como objeto de defensa glorificado. El asesinato en masa (mass shooting) es definido por la legislación estadounidense como una forma de terrorismo doméstico consumado en lugares públicos, con destinatarios aleatorios o contra colectivos específicos. Su ejecución puede darse mediante la utilización de armas o el atropello masivo de transeúntes. Los colectivos más vulnerables, destinatarios de los asesinatos en masa, son estudiantes, afrodescendientes, latinos, integrantes de comunidades LGTBI y judíos. Esta es la razón por la que el Instituto de Derecho Internacional Whitney Harris de la Universidad de Washington se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar a su país por negligencia en la prevención de la violencia armada, que “limita la capacidad de los estadounidenses para disfrutar de muchas libertades y garantías fundamentales, protegidas por el derecho internacional”. Los tiroteos masivos se iniciaron durante la invasión de Washington en Vietnam, en 1966. El primer caso registrado se remonta al 1º de agosto de ese año en la Universidad de Texas, durante la presidencia de Lyndon Johnson. El segundo fue pocos meses después, el 13 de noviembre, en el College of Beauty, en Arizona. Desde 1966 hasta la actualidad un tercio de todos los tiroteos masivos en el mundo tuvieron lugar en el país que postula los derechos humanos como atributo y valor insoslayable de su paradigma civilizatorio. La libre comercialización de armas, inclusive los fusiles de asalto, explican no solo asesinatos en masa, sino el continuo y sistemático incremento de homicidios y de suicidios. El principio de legitimidad con el que se justifica la portación de armas refiere a garantizar la seguridad personal. Sin embargo, el 63% de todas las muertes derivadas de la utilización de armas de fuego son suicidios. En lo que va de 2022 se han producido 308 tiroteos masivos, según el Archivo de la Violencia Armada o Gun Violence Archive. Una parte de esta devastación se vincula con la demografía bélica: la mitad de todas las armas de fuego del mundo –en manos de civiles– tiene sede en el país que alberga la Estatua de la Libertad. El número total supera incluso la población del país: se contabiliza la existencia de 393 millones de armas para una población de 330 millones. Existen alrededor de 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses adultos, según la organización suiza Small Arms Survey (SAS).La distribución de dichas armas es ocho veces superior a la que exhibe su vecino Canadá y 22 veces mayor a la registrada en la Unión Europea. El 44% de los adultos estadounidenses viven en un hogar con una o más armas. Los estudios desarrollados por SAS estipulan que el total de armas en poder civil a nivel mundial alcanza los 857 millones. Pandemia de balas Un 46% de dichas armas están en Estados Unidos, pese a representar solo el 4% de la población global. Además, ostenta el 40% de todos los suicidios registrados a nivel internacional provocados por armas de fuego. En 2019, más de 23.000 estadounidenses se quitaron la vida con disparos autoinfligidos. La tasa de suicidio con utilización de armas es siete veces mayor que el promedio de los países desarrollados. Un estudio de 2020 de la Universidad de Stanford reveló que los hombres que poseían armas de fuego tenían casi ocho veces más probabilidades de morir por heridas de bala que quienes no las tenían. Por su parte, los indicadores relativos a las mujeres se abultaban aún más: quienes convivían con armas poseían 35 veces más probabilidades de morir por suicidio que sus semejantes desarmadas. Además, cada 16 horas una mujer es asesinada a tiros por un varón vinculado con la víctima, sobre todo por parte de parejas y ex parejas. El país que orienta las políticas de la OTAN posee la tasa de homicidios más alta del mundo desarrollado. En 2020 alcanzó los 6,52 casos por cada 100.000 habitantes, un número que multiplica por siete el promedio de los países con PBI per cápita similar. La Argentina exhibe, para el mismo año, 5,32 casos. Uruguay, por su parte, casi duplica los guarismos argentinos: 9,3. Las centenas de exiliados porteños en Punta del Este no han logrado acceder a los números recabados por la Oficina de las Naciones Unidas para el Narcotráfico y el Crimen (UNDOC). El país que se presenta como el paladín de la libertad es uno de los tres Estados en que la tenencia y portación de armas es un derecho constitucional. Los otros dos son –por influencia directa suya– Guatemala y México. Sin embargo, la tasa de posesión efectiva de los ciudadanos mexicanos y guatemaltecos es una décima parte de aquella. Los parlamentarios en Washington que se niegan a regular la comercialización y/o la posesión argumentan que los perpetradores de tiroteos en ámbitos públicos son personas con problemas mentales. “Como sociedad, debemos hacer un mejor trabajo con la salud mental”, afirmó el gobernador de Texas, Greg Abbott, luego de que un adolescente asesinara con un rifle semiautomático a 19 niñxs y dos maestras en una escuela primaria ubicada dentro del Estado que administra. En forma coincidente con Abbott, uno de los máximos representantes del lobby de las empresas de armas, el senador republicano Ted Cruz, caracterizó las restricciones de venta de armas como “un vehículo para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley”. La