Lilian MOreno

México, 5 de mayo 2025. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Bolivia, especialmente la detención de la jueza Lilian Moreno. Según el comunicado emitido por la Alerta Temprana Red y otras organizaciones, estos hechos constituyen un atentado directo contra el Estado de Derecho, la independencia judicial y las garantías constitucionales del país.   La jueza Moreno fue detenida tras anular una orden de aprehensión, actuando en el ejercicio de su independencia judicial y en cumplimiento de sus atribuciones. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que esta detención es una violación flagrante de los principios más elementales del derecho y la justicia, ya que no existía investigación previa alguna que la justificara.   Además, advierten que se ha negado a la jueza la posibilidad de defensa, dejándola en una situación de absoluta indefensión y vulneración de sus derechos fundamentales.   Las organizaciones firmantes del comunicado recuerdan que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos consagran el principio de legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial. En este sentido, procesar, sancionar o detener a una autoridad judicial por el contenido de sus resoluciones, sin que exista delito ni investigación previa, constituye un acto ilegal y un grave precedente de persecución política y violencia institucional.   Advierten que estos hechos reflejan un preocupante avance hacia un Estado totalitario, donde el poder político somete y persigue a quienes ejercen la función judicial con independencia, eliminando cualquier posibilidad de control, defensa o equilibrio institucional.   Ante esta situación, las organizaciones firmantes exigen el cese inmediato de toda forma de persecución y hostigamiento contra la judicatura independiente, el restablecimiento pleno del debido proceso y el respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado.   Finalmente, hacen un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia para que intervengan y observen de manera inmediata estos hechos, en defensa de la democracia, la justicia y los derechos fundamentales en el país.