Página Siete

Garáfulic adeuda $us 1,5 millones a extrabajadores de Página Siete

Raúl Garáfulic Lehm, presidente del directorio de Página Siete y accionista mayoritario de la Compañía Editora Luna Llena SA, que editaba el periódico, adeuda $us 1,5 millones a más de 70 extrabajadores del desaparecido medio de comunicación por concepto de beneficios sociales. En una conferencia de prensa, Álvaro Vásquez Orozco —abogado de un grupo de extrabajadores de Página Siete— anunció el inicio de una demanda laboral en contra de Garáfulic y de Carlos Saravia Durnik, representante legal de la Compañía Editora Luna Llena SA. Según el profesional, son al menos seis procesos legales iniciados por otros extrabajadores del medio de comunicación en contra de Garáfulic y Saravia para que cumplan con el pago de beneficios sociales y sueldos devengados. “La deuda social asciende a un millón y medio de dólares”, afirmó Vásquez, quien representa a una treintena de extrabajadores de Página Siete. El 29 de junio, Raúl Garáfulic Lehm anunciaba al país y a sus trabajadores que había llegado el fin del camino de este medio de comunicación. Lo hizo en una carta publicada en la edición digital del periódico que se editaba en La Paz. Afirmó que entre los principales factores del quiebre económico de Página Siete estuvo el bloqueo a la pauta publicitaria y el hostigamiento económico y judicial por parte del Gobierno, la crisis económica a partir de la pandemia de la COVID-19 y una fallida campaña de captación de suscriptores para la versión digital. Lea también: Página Siete anuncia su cierre tras 13 años Vásquez pidió apoyo al Ministerio Público, al Ministerio de Trabajo y al Viceministerio de Transparencia, donde Garáfulic tiene varios procesos, uno de ellos por enriquecimiento ilícito, para que intercedan en favor de los extrabajadores. Baldwin Montero, exsubdirector de Página Siete, dijo que a los extrabajadores les llama la atención que tanto Garáfulic como Saravia estén fuera del país. Dijo que el primero salió en febrero y el segundo, en junio. “Nos sentimos engañados” por el actuar de los responsables de la empresa, afirmó. En declaraciones al diario digital Visor21, el abogado aclaró que el 6 julio, un primer grupo de extrabajadores presentó una demanda laboral, por medio de la cual se logró conocer que Garáfulic y Saravia, representantes legales desde la creación del impreso en abril de 2010, realizaron operaciones de diferente índole para el resguardo de sus bienes y luego salieron del país, el primero a Brasil hace más de 10 meses y el otro “de vacaciones” a Estados Unidos. Pese a ello, se confirmó que ambos tienen varias propiedades registradas a su nombre, cuyo valor, desde un inicio, pudo cubrir con solvencia los beneficios sociales adeudados. Pero lo que resultó más llamativo fue conocer que Garáfulic y Saravia no renovaron la matrícula de comercio en el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio (Seprec), que feneció el 31 mayo; es decir, 29 días antes del cierre del periódico, hecho que sumado al presunto traspaso de sus propiedades genera la sospecha que existió una planificación para el cierre de Página Siete. “Nos vemos en la necesidad de iniciar este proceso laboral con el fin de hacer respetar los derechos de trabajadores y periodistas de este prestigioso medio de comunicación, quienes piden lo justo, el pago de sus salarios y beneficios sociales”, dijo. Y añadió: “Debemos recordar que hasta el día del repentino cierre de Página Siete 70 trabajadores continuaron con su labor diaria, pese a no percibir sueldos, en algunos casos hasta por siete meses, convencidos de que los ejecutivos cumplirían los compromisos que por varios meses sostuvieron, una reestructuración y el pago total de la deuda”. La Razón

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Fascismo europeo y fake news bolivianas

Luciano Neri Leí una noticia falsa que algunos medios de Bolivia han vendido como realidad en los últimos días. Me refiero a la propuesta habitual del habitual parlamentario europeo de extrema derecha Hermann Tertsch, perteneciente a Vox, el grupo de extrema derecha racista española, que nomina a Janine Áñez al Premio Sájarov. Esto no es noticia, construida solo para engañar a los bolivianos y hacer propaganda para la extrema derecha. Para todos es claro que nunca se entregará un premio, establecido para la defensa de la libertad de pensamiento, a partir de una propuesta hecha por un partido neofascista e irrelevante como Vox, a una persona como Áñez que ha perseguido opositores y reprimido la libertad, haciéndose corresponsable del asesinato de personas inocentes que protestaron contra el golpe y exigieron el retorno de la democracia. Incluso en Europa conocemos los mensajes racistas publicados por Áñez en los que se define a los indígenas como salvajes no aptos para gobernar. Vox es un grupo inexistente en el Parlamento Europeo: 3 de 704 parlamentarios, 0,4%. Ha sido apodado el «grupo tambor», hace ruido pero está totalmente vacío por dentro. Ermann Tertsch es conocido solo por ser uno de los exponentes más feroces de la extrema derecha europea e hijo de Ekkerard Tertsch, jerarca nazi, colaborador de Hitler y exponente de los escuadrones criminales nazis de las SA en la década de 1930 y de las SS a partir de entonces. Y también es conocido por sus ofensas contra el papa Francisco. Este es el perfil del «compadrito de juerga» de Arturo Murillo, con quien aparece en diversas iniciativas y ruedas de prensa. Luego de la solicitud del Premio Sájarov a Áñez, quizás la próxima iniciativa de Tertsch en defensa de su «cazador de masistas» Murillo sea denunciar ante la Corte Internacional a los jueces estadounidenses que arrestaron a Murillo por corrupción y a los de Bolivia que pretenden juzgarlo por sus crímenes. Y tal vez Tertsch también nomine a Murillo para el Premio Sájarov. Para el próximo año. La credibilidad política de Hermann Tertsch es equivalente a la credibilidad periodística de Entrambasaguas. Su peso político o periodístico en Europa es nulo. Cero, lo mismo de un escupitajo en el desierto. No. No se otorgará ni hoy ni nunca ningún premio Sájarov a una racista boliviana sobre la base de una propuesta de un extremista franquista de la derecha racista española. Sería un golpe no para Bolivia, sino para el Parlamento Europeo y su residual credibilidad. Pero todo esto a Página Siete y a la corporación empresarial de medios no le importa. Para ellos, el objetivo no es la noticia, sino la propaganda, el interés económico y el poder. Por tanto, la cuestión no es por qué un exponente de la derecha racista y neofascista europea apoya a la derecha racista y neofascista boliviana. La pregunta es ¿por qué un hecho y una noticia que no existe en Europa son transformados por algunos medios en noticia real y hecho político real en Bolivia? Porque hay periodistas (¿periodistas?), que mortifican su rol profesional para desentonar en las máquinas de discos que, por una tarifa, cantan la canción que les pide su jefe emprendedor y/o político. Porque la información es administrada por «editores impuros» que operan en abierto conflicto de intereses. Una corporación de medios emprendedora cuyo objetivo no es informar, sino hacer negocios, hacer política y conquistar el poder. Una corporación empresarial que posee el sistema de información de un país es un peligro real para la democracia y una contaminación de los procesos políticos, sociales y electorales. Y esto es un riesgo en todas partes, en Bolivia como en Italia. Por ello, asociaciones y periodistas de diferentes países están trabajando en conjunto para poner en marcha «La Agencia de Noticias Eurolatinoamericana», una red que permite a los ciudadanos de ambos continentes estar más informados, que salva la verdad de los hechos de las mentiras de los monopolios neoliberales de las corporación mediática empresarial. Los mismos que acaparan también el sistema de información, decidiendo la agenda política y poniendo en riesgo la convivencia y los sistemas democráticos. No podemos permitir todo esto. Todo esto tiene que acabar. No se puede permitir que los potentados económicos maten el sistema de información para doblegarlo en beneficio de sus ganancias especulativas. Los privilegios de unos pocos, los “editores impuros” y el conflicto de intereses no pueden borrar el derecho a la información como derecho fundamental de cualquier ciudadano en cualquier país democrático del mundo. El autor es Presidente del Centro Relazioni Internazionali. Correo: presidente@cenri.it

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