Perú

Una adolescente reportada como desaparecida en Bolivia era explotada en un lenocinio de Perú

Una adolescente de 15 años de edad estaba reportada como desaparecida en Bolivia hace dos meses y de forma reciente fue hallada en un lenocinio en Perú, donde era víctima de explotación sexual. Su rescate fue posible gracias a la coordinación de la Policía Boliviana con su par peruano, que ejecutó el operativo en un centro nocturno ubicado en el distrito peruano de Chorrillos. La menor de edad había sido reportada como desaparecida en septiembre en la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz. Los primeros indicios surgieron luego que los investigadores de la División Cibercrimen pudieron establecer que la víctima sostuvo varias conversaciones con una persona de Perú. Según las pesquisas, se presume que con engaños esta persona le pidió a la menor de edad que se traslade hasta esa región peruana, informó el director nacional de la Felcc, el coronel Walter Sossa. En ese sentido, los uniformados bolivianos coordinaron la búsqueda de la adolescente con los agentes peruanos, que luego la rescataron. Además, capturaron al tratante y lo aprehendieron para ser procesado en su país por el delito de violencia sexual comercial. “La División de Trata y Tráfico de Personas ha permitido rescatarla y poderla trasladar hasta nuestro país y poder, de esta manera, realizar las evaluaciones psicológicas que nos permitan tener la acogida en su domicilio”, indicó el jefe policial. Las autoridades bolivianas esperan que el sindicado sea sancionado con la pena más rigurosa del vecino país.

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Investigan a 20 militares en Perú por disparar a manifestantes en protestas del 2022

Medios peruanos informaron el domingo que la fiscalía abrió una investigación contra un grupo de 20 militares por tentativa de homicidio en relación a la represión a las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 en la ciudad de Ayacucho que dejó un saldo de diez muertos y 20 heridos. A pesar de que los militares negaron ante la fiscal Mirela Coronel Molero que usarán sus armas contra los civiles, más de 100 testigos, incluidas las personas que resultaron heridas, coinciden en que los efectivos «dirigieron su armamento a los manifestantes». Según la Fiscalía, el elevado número de heridos de gravedad por impactos de bala, «confirma que existió un patrón en el comportamiento» de los soldados encargados de contener a los manifestantes, lo que contradice la versión de los militares implicados, que sostienen que solo hicieron disparos al aire y no contra los manifestantes. En este sentido, El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra a la menos siete oficiales de jerarquía y uno de la Policía Nacional como presuntos autores directos de homicidio calificado con alevosía en el grado de tentativa. La acusación indica que los efectivos que dispararon por órdenes, o bajo conocimientos de ellas, tuvieron la intención de matar a los ciudadanos que protestaban en la ciudad de Ayacucho contra la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. La lista de militares investigados está encabezada por tres generales de las Fuerzas Armadas que fueron señalados por la fiscal Coronel Molero como «los eslabones de la cadena de mando durante las acciones contra la protesta en Ayacucho». También aparecen como autores directos del presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de tentativa los jefes de patrulla y subalternos que se encontraban en la zona donde se registró la represión y dejó a varios civiles heridos de gravedad. Fuente: TeleSUR

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Misión internacional enciende alarmas sobre la posible muerte de la Junta de Justicia de Perú

Perú, un país envuelto en choques constantes incluso entre poderes del Estado, lleva meses en el ojo internacional. Particularmente por lo acontecido con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que, hace poco, fue desmembrada en una polémica votación en el Congreso de la República. Dos integrantes de la JNJ fueron inhabilitados por el pleno a principios de marzo por una infracción a la Constitución. Semanas después, entre el 6 y el 10 de mayo, una misión internacional de observación visitó el país para hacer un acompañamiento técnico e independiente de la situación. Una de sus integrantes es Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala de 2014 a 2018. Reconocida en su país por haber sido asediada por el llamado ‘pacto de corruptos’ luego de investigar al expresidente Otto Pérez Molina, condenado a ocho años de cárcel tras haberse declarado culpable por lavado de activos, fraude y cohecho pasivo. Aldana concedió una entrevista a RT el jueves 6 de junio, un día después de que la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobara un proyecto de reforma constitucional que crea una escuela nacional de la magistratura que reemplace a la JNJ. «Vimos con preocupación particularmente la situación de la Junta Nacional de Justicia. Nos hace pensar que hay un ánimo de mermar el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (…) estamos sumamente preocupados», enfatizó. La discordia Un sinnúmero de voces se han pronunciado en contra de este dictamen, así como de las inhabilitaciones de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. «Una serie de acciones parecen destinadas a socavar el funcionamiento independiente de la JNJ», afirmó en abril pasado la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite. La ocupación de este organismo autónomo es fundamental para la nación andina. Nombra, suspende y destituye a fiscales y a jueces. Además, elige a las cabezas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Es decir, tiene una función preponderante de cara a las elecciones pautadas para 2026. Y entre los partidos impulsores de estas medidas está Fuerza Popular, que es liderado por la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien ha perdido tres veces seguidas y la última vez alegó «fraude». «Se quiere hacer un control de la JNJ. Es evidente que para suprimirla y crear un ente. Esto es una voz de alarma. Desde el Congreso actúan contrario a los estándares internacionales», fustigó Aldana. La misión internacional de observación publicó un informe en el cual, entre sus observaciones preliminares, lamentó «el avance de iniciativas de reforma legal que se orientan al desplazamiento y concentración de poder hacia el Congreso nacional u otros órganos». «Estimamos que ese hecho es muy grave porque la JNJ desde su origen, es un ente que tiene respaldo», aseguró Aldana, en referencia al referendo nacional celebrado en Perú el 9 de diciembre de 2018, en el cual el 86 % votó a favor de crear la JNJ. Se fundó para sustituir al extinto Consejo Nacional de la Magistratura, manchado de corrupción por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, en el cual se demostró que sus integrantes ofrecían algunos beneficios, como ascensos a funcionarios, a cambio de dinero. «Logró más del 80 %, ese origen es importante. Lo que nuestros países deben aspirar es a tener instituciones, no a la persona de turno ni a desaparecer la institución«, expresó la también expresidenta de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca. Las semejanzas Numerosos analistas han teorizado sobre los paralelismos entre Perú y Guatemala. ¿Qué tantas semejanzas se pueden hacer?, le preguntó este medio a la ex fiscal general. «Hay similitudes, pero también profundas diferencias. Por ejemplo, nosotros no llegamos a tener 52 cambios constitucionales, esos cambios generan confusión, la ley suprema no puede estarse trastocando en cada momento», criticó. Aunque la derecha ha negado constantemente la posibilidad de un proceso constituyente en Perú, sí ha cambiado varios artículos de la carta magna. Entre ellos, algunos que instalan la bicameralidad —rechazado por el 90 % de la población en el referendo— luego de los próximos comicios. Precisamente, con la propuesta avalada en la Comisión de Constitución y Reglamento, con 13 votos a favor, el futuro Senado sería el encargado de designar a las personas que lideren la ONPE y la Reniec. «En Guatemala tuvimos un despertar ciudadano a partir de la investigación desde el Ministerio Público junto al mecanismo de Naciones Unidas (…). Había una alianza de diversos sectores, todos poderosos, para detener el avance del sistema de justicia y perseguir la impunidad», señaló Aldana. Aldana, quien fue impedida de concurrir a las presidenciales, celebró la asunción de Bernardo Arévalo a la Presidencia en enero de 2024, pero aseveró que «no ha concluido el intento golpista». «Esta alianza paralela al Estado y al Gobierno, a través de la fiscal Consuelo Porras, ha tratado de afectar la democracia, el pueblo mandó, pero ha tratado de criminalizar al presidente (…) ese esfuerzo sigue», alertó. En ese sentido, para ambos países e incluso para toda América Latina, recomendó «luchar por la justicia» en diversos ámbitos. «El Estado de derecho no es una dádiva, es un derecho, esa lucha la legitima el pueblo, una justicia capturada perjudica al pueblo», añadió. «Hay que avisar quiénes son los aliados del pacto de corruptos o de sistemas paralelos», manifestó sin referirse a alguien puntualmente. «Guatemala se ha convertido en un ejemplo bueno y en un ejemplo malo de esto», agregó. La defensa Este jueves la congresista peruana Gladys Echaíz, quien fue fiscal suprema, defendió su proyecto de ley que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia. «Yo creo que sienten que están perdiendo el espacio que les permitió manejar las elecciones con la selección de magistrados y eso es lo que les incomoda, eso es lo que les molesta», recalcó Echaíz a medios locales en respuesta a un comunicado de la JNJ. En la víspera, la JNJ fustigó ciertos lineamientos del dictamen, entre ellos la «injerencia del poder político en la designación de los jefes de ONPE y Reniec». «¿Qué tienen que ver los órganos electorales con el sistema de justicia?», cuestionó Echaíz. «¿Acaso no nos regimos con el principio de separación de funciones del poder?», insistió. Desde el Palacio Legislativo aseguró que la ONPE y el Reniec «están

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Congresistas peruanos de oposición presentan una moción de destitución contra Boluarte

Un grupo de congresistas peruanos de oposición, en su mayoría de partidos políticos de izquierda, presentó este jueves una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por una supuesta incapacidad moral para ejercer el cargo. La iniciativa fue promovida por las parlamentarias progresistas Susel Paredes y Ruth Luque, quienes anunciaron el inicio del procedimiento de recolección de firmas este martes y argumentaron que la presidenta debe dar explicaciones al pueblo peruano por las últimas denuncias que se han hecho en su contra y que también son investigadas por la Fiscalía. «Estamos cumpliendo con el sentir del pueblo peruano que le da a la presidenta el 8% de aprobación. Esta indignación del pueblo responde a la frivolidad de la presidenta que se ha ausentado sin permiso y sin informar para una intervención quirúrgica y que ha disuelto un equipo profesional especial de la Policía con afanes de encubrimiento», indicó Paredes a la prensa al hacerse pública la presentación de la moción. El documento expone varios argumentos para explicar el por qué Boluarte habría incurrido en la causal de «permanente incapacidad moral», como un presunto «abandono al cargo», que una denuncia periodística señaló que hizo durante 12 días, entre finales de junio y principios de julio de 2023, para someterse a presuntos procedimientos estéticos. También incluye su presunta implicación en la investigación fiscal contra uno de sus hermanos, Nicanor Boluarte, al desactivar un equipo policial que apoyaba a un grupo fiscal que persigue específicamente delitos de corrupción cometidos por altos cargos públicos un día antes de su detención preliminar. Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar a la presidente por la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal. El documento presentado este jueves también incide en el papel del Congreso y su labor del control político. Los parlamentarios que han firmado esta moción pertenecen a las bancadas de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Libre, Podemos Perú, Perú Bicentenario y varios congresistas no agrupados. «Hace rato que Dina Boluarte ha demostrado que no tiene una consideración lógica de lo que significa ser presidenta de la República. No ha sabido diferenciar entre su ámbito público, del privado», dijo al respecto el congresista derechista Carlos Anderson, quien también firmó la moción. Una vez presentada, con el apoyo de 26 firmas de legisladores, la moción deberá ser votada por el pleno del Congreso para decidir si es admitida a debate, y si alcanza los votos necesarios, el tema de fondo será sometido en otra sesión a debate y votación, luego de que la mandataria o su abogado acudan a ejercer su derecho a la defensa. Agencias

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Sentencian a prisión a asesinos de defensores ambientales en Perú

La Corte de Ucayali, provincia al centro de Perú, sentenció este jueves a 28 años y tres meses de prisión a cinco traficantes de madera que, en calidad de autores o coautores, perpetraron el asesinato en septiembre de 2014 de cuatro líderes indígenas que eran reconocidos defensores de sus territorios. En el conocido como «Caso Saweto», el tribunal dictó la referida pena contra los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores (autores mediatos), y como coautores a los trabajadores Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix. Los acusados tendrán la obligación, además, de pagar a los parientes de los líderes asesinados un total de 200.000 soles (54.000 dólares) como reparación. El texto de la acusación precisó que estos emboscaron y asesinaron el 1 de septiembre de 2014 a Edwin Chota Valera, jefe de la comunidad asháninka Tamaya-Saweto, y a los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. Al momento de quitarles la vida, los líderes viajaban a la comunidad de Apiutxa, en el estado brasileño de Acre. Esta comunidad también es de la etnia ashéninka y los líderes peruanos esperaban solicitar a sus parientes que los ayudaran a hacer frente a la tala ilegal de bosques. De acuerdo con reportes de prensa, Chota había denunciado de manera enfática que en la región existía una mafia para traficar madera, que extraía de manera ilegal de territorios donde se asienta su comunidad, en Masisea, distrito ubicado en la provincia de Coronel Portillo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) destacó que la sentencia puso fin a una década de impunidad. También lo hicieron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Cultura, al valorar que es «un paso fundamental en la obtención de la justicia y lucha contra la impunidad para las familias de los defensores ambientales asesinados». El próximo 23 de abril tendrá lugar la lectura integral de sentencia en el caso, considerado el crimen más horrendo en Perú contra defensores ambientales. Fuente: TeleSUR

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Boluarte responde ante la Fiscalía de Perú por el caso Rolex

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, contestará este viernes a la Fiscalía de la Nación por primera vez acerca del caso Rolex, el escándalo de presunta corrupción por el cual es investigada desde hace dos semanas. Está previsto que Boluarte arribe a las 8:30 de la mañana (hora local), a la sede principal de la Fiscalía, en medio de una alta expectativa. Se trata de un caso vertiginoso, desde el pasado 14 de marzo, cuando el medio La Encerrona develó una colección de relojes de la mandataria, que incluía al menos un reloj Rolex cuyo coste bordeaba los 15.000 dólares. Cronología de los hechos Cuatro días después, un área especializada del Ministerio Público inició las diligencias preliminares por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. La convocaron al 27 de abril, empero no asistió a la sede fiscal en Lima, a pesar de que había asegurado a la prensa local que solo daría detalles sobre sus relojes —luego revelaron que tenía hasta cuatro Rolex— al Ministerio Público. Ante esto, en plena Semana Santa la Fiscalía allanó su residencia en Palacio de Gobierno y su vivienda personal, adonde entraron a la fuerza, para revisar los accesorios. Sin embargo, no encontraron estos objetos. En medio de la polémica, que ha generado incluso una crisis política, la defensa de la mandataria solicitó que se adelantara su declaración indagatoria, pero la respuesta fue negativa. El fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, respondió el martes algunas preguntas en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a la que también fue citada Boluarte pero tampoco acudió. Ese día, Villena indicó que ahora Boluarte es indagada por un incremento de más de 432.000 soles (alrededor de 116.000 dólares) en su patrimonio; por una pulsera Cartier de 56.000 dólares; por unas joyas que superarían los 500.000 dólares; y por unos depósitos en sus cuentas bancarias de 1,1 millones de soles (300.000 dólares). «El tema va a terminar» En la víspera, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se mostró confiado en que este tópico llegará a su fin. «Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación«, dijo. «Este tema de los relojes mañana (viernes) va a terminar. Mañana la señora presidenta irá acompañada de su abogado o recibirá en Palacio a los fiscales y sabrá explicar qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas», añadió el jueves en el programa ‘Ampliación de Noticias’ de la emisora RPP. En la misma línea se expresó el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. «Mañana se aclara todo esto, la presidenta Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía (…). Mañana termina la historia«, enfatizó el jueves en ‘Hablemos Claro’, de la radio Exitosa. Villena ya anticipó que a la par de su declaración, lo más relevante es que la jefa de Estado exhiba los tres Rolex investigados por el Ministerio Público. Fuente: RT

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Congreso de Perú desestima mociones de vacancia contra Boluarte

El Congreso de Perú rechazó este jueves la admisión de dos mociones de vacancia por incapacidad moral contra la presidenta Dina Boluarte, presentadas días atrás por bancadas de izquierda por lo que consideró graves violaciones de la Constitución en el asunto de los relojes Rolex y el asesinato de más de 70 peruanos durante las protestas en el sur del país, hechos que quedaron impunes. La primera moción fue presentada el 30 de marzo por Perú Libre, horas después de que se allanara la vivienda de Boluarte y el Palacio de Gobierno, diligencia a la que apeló la Fiscalía luego de declarar en rebeldía a la mandataria. Con 119 congresistas presentes, esta moción recibió 49 votos en contra, 33 a favor y 15 abstenciones. No fue admitida pese a que el documento advertía que la mandataria ha transgredido la Constitución y quedado impune por el respaldo de la derecha parlamentaria. Esta denuncia, además, aseguraba que Boluarte incumplió la Carta Magna por no aclarar el origen de los relojes en documentos oficiales durante al menos tres postulaciones a cargos públicos, con lo cual faltó a principios como la probidad y la transparencia. El 1 de abril se presentó otra moción de vacancia, también por el caso de las referidas prendas, pero este documento insistía más en que la mandataria está muy cuestionada por los asesinatos de más de 70 peruanos durante las protestas tras el golpe parlamentario contra el expresidente Pedro Castillo. Los autores de estas muertes siguen en libertad. Esta moción fue presentada por la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular, Podemos Perú y algunos legisladores no agrupados. El Pleno del Congreso tampoco admitió este documento, que recibió 59 votos en contra, 32 a favor y 11 abstenciones. Con ambas votaciones, la derecha parlamentaria refuerza nuevamente el pacto de corrupción con el Poder Ejecutivo. Fuente: TeleSUR

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Presentan denuncia constitucional contra la presidenta de Perú

Un congresista peruano presentó  este miércoles una nueva denuncia constitucional contra la presidenta designada, Dina Boluarte, por las diferentes investigaciones que tiene como el caso Rolex y el presunto desbalance patrimonial. Se trata del congresista  Elías Varas y aunque en un primer momento trascendió´que lo hacía en nombre del partido Perú Libre, este instituto desmintió tal relación. De hecho, la denuncia presentada este miércoles sigue al anuncio del propio partido del sábado sobre una una moción de vacancia (destitución) contra  Dina Boluarte, antigua integrante de la organización, tras el allanamiento de su domicilio y el Palacio de Gobierno en el mismo caso. La  bancada había presentado el documento de destitución al oficial mayor del Congreso peruano y que han conseguido las firmas de 26 parlamentarios de los 130 que componen la cámara. De acuerdo a la agrupación «la moción de vacancia contra Dina Boluarte [se presenta por] por incapacidad moral permanente por el tema de los rólex y joyero, en ejercicio de la función parlamentaria de control político», indicó Palacios. La mayoría de los congresistas que apoyan la moción son de dicho partido y otros de izquierda, como Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, y el Bloque Magisterial -escisión de Perú Libre-, Pasión Dávila. Añaden que «el grave caso» de los relojes de lujo y joyas que supuestamente Boluarte no ha declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supone «la vulneración a los principios éticos y morales de alguien que ostenta la más alta magistratura del país» y que su conducta «viola principios éticos fundamentales como son la probidad y la transparencia». Hasta la fecha, ni la presidenta ni el Gobierno «han aclarado el origen de hasta tres relojes Rolex que la prensa ha podido captar en el brazo de la mandataria en distintas actividades oficiales». «Como es de verse, la conducta de doña Dina E. Boluarte Zegarra se trata de un hecho muy grave, y motivo suficiente para declararse su vacancia. Consiguientemente, constituyen infracción de los artículos 38, 102 y 118, numeral 1, de la Constitución Política del Perú», afirma la moción de vacancia. En la medianoche del viernes, un equipo fiscal y policial ingresaron a la vivienda de Boluarte y al Palacio de Gobierno como parte de una investigación preliminar abierta el pasado 18 de marzo contra la mandataria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, al no haber declarado dichos relojes de lujo. Fuente: TeleSUR

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Presidenta de Perú se presentará al Ministerio Público el 5 de abril

La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, dejó sin aclarar el origen de tres relojes de alta gama por el que la fiscalía allanó su casa y el palacio presidencial en la madrugada mientras aceptó presentarse ante las autoridades competentes el próximo 5 de abril Las autoridades judiciales peruanas indagan a la mandataria de forma preliminar por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado. La defensa de Boluarte precisó que la cita de la jefa de Estado en Ministerio Público sería este viernes 5 de abril ya que así se lo mencionó verbalmente el fiscal Hernán Mendoza durante las diligencias de hoy. “Por consejo legal de mi persona, la señora presidenta de la República va a declarar primero ante la autoridad competente. Todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada. Después podrá hacerlo ante los medios”, añadió el abogado Mateo Castañeda. Las autoridades realizaron los registros en busca de los relojes de lujo, cuya procedencia la mandataria no ha esclarecido. Aunque la fiscalía no ha revelado si halló las joyas u otra evidencia, la defensa de Boluarte aseguró que los policías encontraron unos relojes durante los operativos. Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, comenzó a ser investigada el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. Sin embargo, Boluarte evitó, por «recomendación de su abogado», referirse públicamente al llamado caso Rolex hasta que pueda declarar ante la fiscalía, diligencia que está prevista para el viernes 5 de abril. La mandataria insistió en su mensaje que es víctima de un «ataque y acoso sistemático», a partir de «noticias tendenciosas y falsas». Aun así, «asistiré a la fiscalía para declarar sobre los relojes. No soy corrupta ni ladrona», remarcó. El Ministerio Público había solicitado reiteradamente a la presidenta que muestre los relojes y joyas lujosas que usa y que no ha reportado en sus declaraciones juradas, pero hasta el momento Dina Boluarte no lo ha hecho. De acuerdo al acta de incautación de la Fiscalía, en la documentación hallada sobre el reloj Rolex de la presidenta, figura como fecha de compra el año 2023. Sin embargo, la jefa de Estado había mencionado que su lujoso accesorio era un objeto «de antaño».  Tras conocerse el allanamiento, un grupo de 26 congresistas –de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Cambio Democrático y Bloque magisterial– presentó ayer una moción de vacancia. Para que la moción proceda se necesitan –en primer lugar– el voto del 40% de congresistas hábiles en la sesión para admitir el pedido. Si esto resulta favorable, pasa a debate en el Pleno y en ese espacio se requieren 87 votos a favor para que sea aprobado y la presidenta vacada.  El exprocurador anticorrupción Yván Montoya señaló que existen sospechas de adquisiciones de bienes de alto valor no registrados en las declaraciones juradas y que denotarían un incremento patrimonial no justificado; Fuente: TeleSUR

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Un cuarto Rolex, raros desembolsos y un ‘extravío’: Las revelaciones que acorralan a Boluarte

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta este mes su período más turbulento del incipiente 2024, especialmente desde que un medio local revelara que tenía más de 10 relojes, algunos de ellos de excesivo lujo. Sin embargo, en las últimas horas, el escándalo ha ido más lejos. La mañana del domingo, el diario limeño El Comercio abrió su portada con una información contundente: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comprobó que Boluarte recibió en sus cuentas bancarias 1,1 millones de soles (alrededor de 300.000 dólares) de origen desconocido. La UIF, ente encargado de evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos, presentó un informe que exhibe el desembolso entre el 2016 y el 2022, es decir, antes de que Boluarte asumiera la Presidencia. Boluarte albergó ese dinero en 11 cuentas, de las cuales cuatro son mancomunadas con un exsecretario de Economía del Club Departamental Apurímac. Y, en 2018, pagó 25.990 dólares al contado por una camioneta. Dominicales a la acción La noche de esa misma jornada, los programas dominicales –muy criticados por la mandataria debido a las revelaciones acerca de su hermano– insistieron en la supuesta colección de relojes lujosos que posee. ‘Cuarto Poder’, del canal América, consultó a dos especialistas y, de la mano de archivos oficiales, llegó a una conclusión: la jefa de Estado tendría cuatro Rolex que no ha declarado. Por otra parte, en la televisora Panamericana, el programa ‘Panorama’ desveló un hecho curioso sobre el cuaderno de ocurrencias, en el cual se registran datos clasificados de las visitas en la vivienda de la dignataria. El pasado 15 de marzo, un día después de que La Encerrona develara que Boluarte tenía al menos un Rolex, el cuaderno de ocurrencias se perdió «extrañamente» cuando estaba en manos de agentes policiales encargados de custodiar su hogar, ubicado en el distrito de Surquillo, departamento de Lima. El «sospechoso extravío» se produjo aproximadamente a las 8:00 de la mañana (hora local). Fue encontrado dos horas después en las inmediaciones de la Vía Expresa de Paseo de la República, la avenida más representativa de la capital peruana. La defensa En la noche, justo antes de que se transmitieran estas informaciones, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a un «ruido político [que] viene generando serias perturbaciones». Primero habló acerca de un caso antiguo que lleva la Fiscalía de la Nación sobre los aportes al partido Perú Libre, en las elecciones de 2021, que vincularían a Boluarte con dinero ilícito. En un mensaje a la nación, Adrianzén indicó que la presidenta ya declaró ante el Ministerio Público y presentó un peritaje en el cual «se deja evidenciado que no existe desbalance patrimonial en sus ingresos y egresos». Sobre el auto, precisó que fue comprado en 2019, cuando Boluarte no era parte del Ejecutivo. «Si bien ese vehículo fue adquirido al contado, es fácil comprobar que por el monto este fue adquirido íntegramente por los ahorros familiares«, sostuvo. Seguidamente defendió las cuentas mancomunadas de Boluarte, al señalar que es una práctica común en asociaciones civiles sin fines de lucro. De esa forma, explicó que los ingresos del club provienen de las cuotas de los asociados, alquileres y concesiones. Sobre la pérdida del cuaderno de ocurrencias, reconoció que «llama la atención», pero no se explayó al respecto. Se limitó a decir que el Ministerio del Interior ya indaga al respecto. «La señora presidenta goza de una protección constitucional excepcional, la que debería tenerse en cuenta en todo momento (…). No vamos a permitir que nos distraigan con este ruido político que necesariamente debe cesar«, recalcó Adrianzén. Entretanto, este lunes la mandataria lideró el tradicional Consejo de Ministros semanal, pero antes, a la salida de su casa en Surquillo, fue preguntada por la prensa y evitó pronunciarse. «Acá no doy declaraciones», comentó. Fuente: RT

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