En este artículo analizaremos el riesgo de la ocupación con fines mercantiles del espacio público urbano de Cercado, a partir de la Ley Municipal de Alianza Público Privado (Ley 1179), aprobada el 30 de julio del presente año, por los concejales de SUMATE (agrupación del alcalde Manfred Reyes Villa). Esta ley que otorga a la Alcaldía de Cercado la posibilidad de ejecutar obras y proyectos con financiamiento privado entregando en comodato predios municipales por hasta 30 años. Lefebvre (1972) menciona que la ciudad se ha convertido en un instrumento indispensable para la acumulación y reproducción de capital. Es más, Lefebvre indicaba que la urbanización habría llegado a sustituir a la industrialización en la acumulación de capital, lo que la convertiría en uno de los principios determinantes de la reproducción social de la sociedad capitalista. Manfred Reyes Villa supo reproducir capital a través de bienes raíces, aprovechó sus gestiones como alcalde de Cercado y prefecto de Cochabamba para regular los precios del suelo a su favor, jugando un rol importante en la gentrificación de zonas de la ciudad de Cochabamba. Se entiende por gentrificación cuando se centraliza a las clases populares en una zona geográfica mientras, con obras, se otorga privilegios a las clases más pudientes. Lo que provocó una segregación social entre la zona Norte (zona privilegiada de todos los servicios) y la zona sud (zona que no cuenta con el servicio de agua potable (profundizaremos esto en otro artículo). Manfred Reyes Villa entiende perfectamente cómo lucrar a partir del suelo urbano sin importar los efectos negativos que esto puede tener en la sociedad. Ahora bien, tenemos que entender que esta Ley permite donar en comodato los predios municipales, a título gratuito, lo que significa que el sector privado beneficiado no estaría pagando el valor del terreno ni estaría pagando un alquiler por lucrar con estos predios por un periodo de hasta 30 años, tiempo suficiente para recuperar su inversión, heredar el negocio a sus hijos e invertir en algo nuevo. Es una alta cuota de ganancia para el capitalista inmobiliario cochabambino, teniendo en cuenta que la tenencia de los terrenos es gratuita. Harvey (1982) apuntaría que las ciudades permiten formas de explotación secundaria a la sombra de la explotación primaria, o sea la que se realiza directamente en el mismo proceso de producción. Es ahí donde habría que encajar, entre otras cuestiones como el precio de los alquileres, de los suministros básicos, de los productos de primera necesidad, así como la privatización del espacio urbano. El capitalismo, como sistema social y económico, no se presenta únicamente como un modo de producción, sino también de apropiación y despojo. Estaríamos hablando de privatización del espacio público para el beneficio de empresas privadas, lo que establece un modelo urbano consumista y poco recomendable para la ciudadanía. Al donar predios municipales al sector privado para que estos tengan el derecho de restringir el acceso libre a los ciudadanos, el único beneficio sería la acumulación del capital en detrimento de la libertad de ocupar y transitar el espacio público por la ciudadanía. Se tiene que tomar en cuenta que las obras tienen una vida útil de 20 años, concluido este tiempo los inmuebles se devalúan en picada, por eso tenemos casas antiguas que se venden como terreno, esto es porque ya no tienen un valor como edificación. Al firmarse contratos a largo plazo (de 30 años) esto significaría que concluido el tiempo de comodato las edificaciones que nos vayan a dejar las empresas privadas a los cochabambinos, no tendrían valor. También tenemos que señalar que en dicha Ley no se estipula claramente el estado en el que se entregaran nuestros bienes, lo que implica que aparte de entregarnos un bien inmueble devaluado por los años de uso, también nos entregaran un bien inmueble en mal estado. Entre los predios más llamativos a los que “le pusieron el ojo” están: El Mercado Calatayud y el Mercado Campesino, que pretenden “modernizar” o sea, privatizar. La laguna de Coña Coña, donde pretenden instalar una playa turquesa (otro parque privado) a un lado de la laguna, para lo que Manfred informó que se necesita una inversión de por encima de los 40 millones de bolivianos. La tarifa de electricidad también se vería afectada, ya que Manfred pretende cambiar el alumbrado público por luces led, proyecto que, según el Secretario General, demandaría más de 306 millones de bolivianos, con el que pretenden hacer una conciliación de cuentas mensuales con ELFEC respecto de los consumos. Manfred es el paladín neoliberal de la privatización del espacio público para favorecer al capital inmobiliario cochabambino. Además de ser proyectos inflados en sus precios, también son proyectos innecesarios para la ciudad, casi tanto como el muro perimetral que le hicieron al cerro de la Coronilla. Pero como mencionaba arriba, estos son los predios municipales mas llamativos, paralelos a estos están los predios que se entregarán de manera silenciosa, son estos los que preocupan aún más ya que al firmarse contratos a largo plazo, eso significa que pasan varias gestiones de alcaldes, hasta que llegue el día de poder recuperar estos predios y, como ya ha pasado antes en contratos de comodato, el sector privado llega a adueñarse del predio, esto por el hecho de que las alcaldías pierden el dato de los predios entregados en comodato, acuerdos corruptos en el proceso o porque el sector privado se avala de otras leyes para reclamar como suyo ese predio. La Ley Municipal está destinada a actos de corrupción, acumulación irracional de capital, es una herramienta para otorgar incentivos económicos en exceso a los socios de Manfred, solo para que estos le reditúen posteriormente beneficios tanto económicos como políticos, a costa de la privatización del espacio público de los cochabambinos. En suma, Cochabamba se transformará en una gran mercancía. +Nayra Agreda es arquitecta y urbanista formada por la UMSS de Cochabamba.
