Procesos penales

Por los ataques y destrozos a algo más de una decena de entidades públicas, ya se activaron siete procesos penales en contra de los presuntos responsables, informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima. “Nosotros tenemos una obligación clara de acompañar a las diferentes instituciones (y) no es que se van a presentar (las denuncias), ya se han presentado, en este momento hay siete acciones penales y el Ministerio Público y la Policía están ejercido las acciones debidas, hay personas aprehendidas y se van a llevar acciones cautelares a partir del día de hoy”, indicó. Desde el pasado 28 de diciembre, cuando el gobernador Luis Fernando Camacho fue aprehendido por una orden emitida en octubre, los grupos radicales y seguidores de la primera autoridad departamental atacaron varias entidades públicas, además incendiaron parte del frontis de la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, y la saquearon. Sufrieron el ataque las instalaciones de la Fiscalía Departamental, cuya estructura fue dañada en un alto porcentaje y será demolida, además de los edificios del Palacio de Justicia, del Servicio de Registro Cívico (Serecí), del Comando Policial, de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcom) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esos asaltos se registraron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, mientras Camacho aguardaba su audiencia de medidas cautelares. En tanto, la madrugada de este viernes, luego de que la justicia determinó la detención preventiva del excívico cruceño en la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses y se iniciaba el paro que exige su liberación, se registraron ataques al edificio de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), ubicado en el cuarto anillo de la capital cruceña, y a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), situadas en Plan Tres Mil. Los medios de comunicación también reportaron ataques al frontis de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y al edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE). También se conoció que al menos tres entidades fueron tomadas: Segip Mutualista; Migración y las oficinas de Entel en Vallegrande y Montero. Por precaución, las dependencias de Entel en la ciudad de Santa Cruz, al igual que del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de la Dirección de Trabajo y la Terminal Bimodal suspendieron su atención. La misma decisión fue asumida en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Concepción y Pampa de la Isla. Lima aseguró que en la medida de que las protestas en Santa Cruz “no afecten a terceros y no destruyan el patrimonio de los bolivianos” gozan de protección constitucional. Sin embargo, dejó en claro que “no se va a permitir que se cometan delitos de orden público” y enfatizó que los responsables serán sancionados basados en evidencias que serán remitidas al Ministerio Público. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)