Rechazo

ONGs y plataformas rechazan proyecto de ley que modifica el Código Niña, Niño y Adolescente

Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ProgettoMondo y la Plataforma Nacional de Prevención de las Violencias y los Delitos Vinculados a Adolescentes, han expresado su enérgico rechazo a un proyecto de ley que propone modificar el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548). Argumentan que esta modificación implicaría un «retroceso penal» y atentaría contra los avances logrados en la construcción de un sistema penal especializado, centrado en la justicia restaurativa y la reintegración social. ProgettoMondo, una ONG italiana con décadas de trabajo en Bolivia, ha estado acompañando la construcción de este Sistema Penal para Adolescentes, considerándolo, aunque débil, el que «mejor funciona en el sistema de justicia». Las organizaciones insisten en que cualquier modificación a la normativa de niñez y adolescencia debe ser el resultado de un «amplio debate científico y de una evaluación del funcionamiento del sistema», y no de decisiones apresuradas. Además, recalcan la urgente necesidad de una política integral de Prevención del Delito y la Violencia en Bolivia, una demanda establecida por el Código que, paradójicamente, es la tarea que menos ha avanzado. La Plataforma Nacional de Prevención de las Violencias y los Delitos Vinculados a Adolescentes subraya que un incremento en penas no ha demostrado reducir los delitos cometidos por adolescentes y que el actual sistema busca la reintegración y resocialización. Aquí la lista de las plataformas firmante:

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Más de la mitad de los argentinos rechaza las medidas de Milei

Gracias a las medidas de “shock” que Javier Milei está implantando en Argentina, la ciudadanía está perdiendo la confianza en la nueva administración de la Casa Rosada, quien, junto a su pequeño gabinete, ahora goza de menos aprobación popular, según una encuestadora local. La encuestadora en mostrar el descontento del pueblo argentino con las medidas gubernamentales, es Zuban Córdoba, quienes publicaron que a poco más de 100 días de haber asumido el cargo de presidente, Javier Milei, ya cuenta con un 57,4% de rechazo de los ciudadanos.  Esta cifra supera los 54,7 por ciento de argentinos que hasta el mes pasado desaprobaba rotundamente la gestión y la “terapia de shock” que el mandatario “libertario” le está aplicando a la ciudadanía.  Zuban Córdoba mostró que por la calle contraria, otro 42,7 por ciento respalda las medidas de Milei como una solución a los problemas de la economía de Argentina a largo plazo.  En cuanto a la consulta sobre si el Gobierno marcha en la dirección correcta, la encuestadora Zuban Córdoba reveló que un 55 por ciento de los encuestados entiende que el país marcha mal, mientras que un 42, 4 por ciento no está seguro del rumbo que debe tomar el país sureño.  De los encuestados, 58,8 por ciento opinó que la situación del país le afecta en lo personal; mientras que un 37,3 consideró que la situación marcha igual que durante la gestión pasada.  Vale acotar, que partiendo de ese porcentaje, la mencionada encuestadora planteó que en el plano económico hay una mayoría de 51,7 de argentinos que responsabiliza al gobierno de la crisis económica contra un 46% que sigue culpando a la gestión anterior.  De momento, Argentina se sigue manejando como un país de contrastes, donde una gran parte de la población está sufriendo en carne propia las medidas de “shock” del actual gobierno de Javier Milei.  Entre tanto, hay otro sector que pese a sufrir el duro golpe económico del proceso de cambios que propone la nueva administración de la Casa Rosada está de acuerdo con las medidas aplicadas con la esperanza de vivir un cambio verdadero de su realidad.  Entre estos dos sectores navegan los ciudadanos que no se distinguen entre colores o parcialidades y que simplemente “bancan”, lo poco o mucho, que les toca vivir en Argentina. Fuente: TeleSUR

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Venezuela rechaza falsas acusaciones de la Misión ONU sobre DD. HH.

Venezuela rechazó de manera contundente “las acusaciones infundadas y mentiras emitidas por la falsa y vergonzosa Misión Internacional de Determinación de los Hechos en su reciente presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”, mediante un comunicado dado conocer por el canciller Yvan Gil. El texto expresó que, una vez más, dicho ente viola todos los principios de la Carta de la ONU, con el objeto de seguir intentando promover la política fracasada de “cambio de régimen”, en el país latinoamericano “instruida desde los Estados Unidos (EE.UU.) de Norteamérica”. El documento señaló que dicha Misión fue creada por el “fracasado” Cartel de países que se ensamblaron en el llamado “Grupo de Lima”, constituido por Gobiernos de ultraderecha, que “actualmente tienen cuentas pendientes con los Derechos Humanos, las cuales no han sido evaluadas por el sistema cómplice y politizado”. Asimismo, denunció que este ente es “cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela, y reiteradamente han exhibido planes de asesinar su presidente y causar caos y destrucción a su pueblo”. “El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe inmediatamente desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado nuestro país, y que utiliza métodos poco profesionales para presentar un panfleto partidista que debe ser rechazado de manera categórica”, indicó el comunicado. En tanto, expresó que el Gobierno bolivariano no aceptará, ninguna medida que se desprenda de la Misión, que se presenta ante un Consejo que nada ha hecho por detener el genocidio al pueblo. “El Sistema creado para proteger a los pueblos se ha transformado en el principal aliado y protector de sus victimarios”, manifestó el texto. Por último, el reiteró el compromiso del Gobierno venezolano con la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Exhortó, “una vez más, al Consejo de Derechos Humanos y sus Mecanismos, a cooperar y avanzar sobre la base del diálogo genuino y respetando los principios de universalidad, objetividad, imparcialidad, no selectividad y con pleno apego a la soberanía y la no injerencia en asuntos internos”. Fuente: TeleSUR

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Educadores argentinos realizan un paro nacional en rechazo al Gobierno de Milei

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lleva a cabo este lunes un paro a nivel nacional en reclamo de un incremento salarial y en rechazo a los recortes presupuestarios que efectúa el Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei. La medida de presión también es en protesta por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación Salarial, indicó la Ctera, que aglutina al 50 por ciento de los educadores del país suramericano. Tras su Congreso Nacional realizado el jueves pasado en Buenos Aires, la Ctera no sólo ratificó la medida de fuerza, sino que advirtió que el paro será a nivel nacional. La Confederación es la mayor organización sindical del sector y una de las más grandes agrupaciones gremiales de Argentina. Desde la Ctera aseguraron que el paro irá acompañado de movilizaciones en todo el país y que van a participar de la reunión convocada por el Gobierno para mañana martes. En la ciudad de Buenos Aires, los docentes nucleados en Suteba y UTE se concentrarán en horas de la mañana frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación. Entre las resoluciones adoptadas en el Congreso de la Ctera se encuentran exigir la conformación de la mesa paritaria nacional; convocar al plenario de secretarios generales para dar continuidad al plan de lucha en caso de no obtener respuestas a lo reclamado para el miércoles 28; repudiar la persecución política y el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fortalecer la unidad con las organizaciones obreras y del campo popular para la construcción de un plan de acción y un paro nacional con movilización. Fuente: TeleSUR

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Debacle ‘libertaria’: una encuesta revela que mayoría de los argentinos rechaza las medidas de Milei

En menos de dos meses, el presidente de Argentina, Javier Milei, perdió el mayoritario respaldo social con el que ganó las elecciones y enfrenta una acelerada caída de sus índices de popularidad, como lo demuestra el hecho de que tenga un 55,2 % de imagen negativa. Así lo reveló la consultora Zuban Córdoba, una de las firmas más confiables del país sudamericano, ya que fue una de las pocas que acertó en sus escenarios con respecto a las presidenciales que se llevaron a cabo el año pasado. En su más reciente estudio, publicado el domingo, la encuestadora destacó que el 54,4 % de las personas entrevistadas considera que Milei va en la dirección incorrecta. Uno de los ejemplos más concretos de la pérdida de apoyo al mandatario es el balance de la opinión pública con respecto a la ‘ley ómnibus’, que se debatirá el martes en el pleno del Congreso y es uno de los programas centrales del Gobierno, pero que ha estado envuelto en una serie de escándalos. En ese sentido, el 59,4 % rechaza la posibilidad de que Milei gobierne por decreto si la ley no es aprobada en el Congreso; y el 58,1 % está muy o algo en desacuerdo con su amenaza de ajustar de forma agresiva a los gobiernos provinciales, si no apoyan la norma. Por último, solo 34,3 % considera que la ley debería ser aprobada sin objeciones, en tanto que 46,75 % opta por rechazarla por completo y un 17,5 %, estima que lo ideal sería por ponerle límites al presidente. Contrapuntos El estudio también consignó que la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo con las premisas ideológicas que suele repetir el mandatario. Por ejemplo, el 56 % rechaza la idea de que el capitalismo de libre empresa es el único sistema que puede terminar con la pobreza. Más contundente aun es el 77 % que está muy o algo en desacuerdo con que «el cambio climático es un invento del socialismo», como dijo Milei en Davos; o el 79 % que defiende el papel del Estado en la definición de las reglas básicas del sistema económico, a lo que el presidente se opone porque prefiere que sea el mercado el que cumpla ese rol. Por otra parte, el 80 % cree que el ajuste lo está pagando el pueblo, no «la casta», como suele afirmar Milei. Otro dato llamativo es que todos los dirigentes oficialistas y opositores tienen más imagen negativa que positiva. Además del presidente, es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel; el vocero Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el autor de la ‘ley ómnibus’, Federico Sturzzeneger. Del lado de la oposición, el estudio solo midió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, el récord de imagen negativa (63,4%) lo tiene el expresidente Mauricio Macri, aliado de Milei. A este estudio se sumó la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, que, en su estudio más reciente, reveló que el índice de confianza a favor del Gobierno bajó un 8,7 % entre diciembre y enero. Fuente: RT

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Realizan protesta contra privatización de Machu Picchu

Tras una serie de protestas llevadas a cabo en Cusco en contra de la privatización del santuario de Machu Picchu, el legislador peruano Luis Aragón presentó una moción de interpelación contra la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga.  En tal sentido, la ministra Urteaga deberá responder ante el Congreso de la República por la “tercerización de la venta de los boletos virtuales para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu”.  Dichas entradas son vendidas a través de la plataforma web de la empresa privada Joinnus, esta acción derivó en varias acciones de calle por parte de la ciudadanía que grita “Machu Picchu no se vende”.  Pese a que el descontento social tuvo cabida dentro del Congreso de la República, varias organizaciones sociales de la ciudad de Cusco convocaron un paro general indefinido para ejercer más presión sobre la decisión de la venta de entradas al patrimonio cultural peruano.  La iniciativa del paro general indefinido es llevada por el Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machupicchu; dicho paro tuvo vigencia desde este 25 de enero a partir de las 00h00.  En el texto se menciona, entre otros fundamentos para la manifestación, el «conflicto de intereses» de la empresa involucrada en la privatización y el «caos» producido en la adquisición de boletos. «Por improvisar una plataforma de venta virtual que en nada es moderna ni funcional», indicaron en el comunicado. La plataforma por la cual los peruanos están tomando acciones de calle es llevada a cabo por la empresa privada Joinnus, dicha plataforma está en funcionamiento para la venta de entradas para el santuario desde el pasado 20 de enero.  La ministra de Cultura Leslie Urteaga señaló en una oportunidad que la plataforma no se trata de una privatización, sin embargo no aclaró la razón por la que una empresa privada vendía la entrada.  “Aquí estamos justamente, el rol rector del Ministerio de Cultura es proteger, cuidar nuestro santuario principal de Machu Picchu», expresó ante la prensa el miércoles. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, contestó a RPP que el Gobierno busca «transparencia» y «predictibilidad» para los visitantes de la ciudadela inca. «Es positivo que se abra esa posibilidad de venta electrónica por el simple hecho de que cualquier turista que viene acá desde Europa o de Asia normalmente planifica su visita con dos meses de anticipación, por lo tanto, no podemos esperar que venga un turista para esperar que haga una cola e ingrese», dijo. Mientras los miembros del gabinete ejecutivo defienden la medida de venta de entradas, los cusqueños rechazan categóricamente la medida alegando que es una acción antipatriota. Fuente: TeleSUR

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Paro general en Argentina: las centrales obreras muestran músculo contra el ‘decretazo’ de Milei

Las centrales obreras de Argentina realizan una huelga general este miércoles para rechazar las medidas de ajuste y flexibilización laboral contenidas en el ‘decretazo’ del presidente Javier Milei, emitido en diciembre.  Con la Confederación General del Trabajo (CGT) a la cabeza, los sindicatos más importantes del país se movilizan al Congreso en la ciudad de Buenos Aires, donde se trata el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ‘ley ómnibus‘, normas con las que Milei busca aplicar una «reforma laboral regresiva», según manifestaron los gremios. Como parte de esta jornada, en videos publicados en redes sociales se puede observar a miles de personas manifestando en las calles de Buenos Aires. Otra movilización multitudinaria se puede ver en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Estas miles de personas marcharon y se concentraron en el Monumento a la Bandera de la urbe. También hubo importantes manifestaciones en ciudades como Bariloche, en la provincia de Río Negro; Puerto Madryn, Chubut; Mendoza, en la entidad homónima; y Paraná, en Entre Ríos. El paro El paro inició al mediodía y se extenderá hasta la medianoche. Además, entre las 7:00 de la tarde y la última hora del miércoles, no operarán los transportes públicos ni estaciones de servicio. Mientras que los vuelos de cabotaje estarán afectados entre las 12 del mediodía y las 24 horas. Tampoco habrá bancos ni recolección de residuos. Mientras que el Sindicato de Comercio (SEC), el gremio con más afiliados del país, confirmó el «respaldo incondicional» a la protesta, informó La Nación. Sin embargo, las cadenas de supermercados garantizaron que habrá servicio durante toda la jornada.  Los empleados de la administración pública afiliados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también paran, a pesar de que el Gobierno advirtió que les descontaría el día no trabajado. El sector es uno de los más perjudicados por el ajuste de Milei, ya que denuncian una «ola de despidos». Este martes, ATE denunció un «intento de amedrentamiento» por parte del Gobierno nacional, luego de que un helicóptero de la Policía Federal sobrevoló la sede del sindicato durante varios minutos.  También las automotrices, los metalúrgicos y otros gremios de importancia adhieren a la medida.   Contra el ajuste y en defensa de derechos laborales Junto a la CGT, participa la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), organizaciones sociales y políticas de izquierda y del peronismo, en rechazo a las medidas oficiales de desregulación de la actividad económica. El DNU del mandatario deroga más de 300 leyes y avanza contra derechos laborales. Por ejemplo, amplía el período de prueba para empleados de tres a ocho meses, lo que habilita el despido sin indemnización. Sin embargo, ese capítulo del decreto está suspendido por un fallo de la Justicia, que aceptó una medida cautelar presentada por la CGT.  A pesar del freno judicial, que deberá ser definido por la Corte Suprema, la central sindical ratificó la huelga. Reacción del Gobierno En tanto, el presidente Milei vinculó el paro y la movilización de la CGT a la coexistencia de «dos Argentinas», y contrapuso así a una parte del país que «se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia» con «otro modelo», que es el que propone, para «ser desarrollados», dijo a radio Rock and Pop. Desde el Gobierno, intentaron reducir la fuerza de la protesta llamando a la ciudadanía a no parar, y habilitando una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre supuestas «extorsiones» de la parte gremial para sumar adhesiones. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hubo 1.000 llamadas al día desde que se puso a disposición el número 134.  Además, la ministra Bullrich aplicará el polémico ‘Protocolo antipiquetes’ lanzado por el Ejecutivo para evitar cortes en las calles. Entre otras cosas, el protocolo incluye el uso de las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)—, el cobro de los gastos que suponga la intervención policial e incluso una eventual deportación en caso de que el manifestante detenido sea extranjero.  «Sin dudas que este protocolo lo que hace es devolverle a la sociedad, a los 46 millones de argentinos, la posibilidad de trabajar y vivir en paz«, destacó Bullrich, quien propone que las manifestaciones se hagan «en la vereda». La orden es que, si se bloquean calles, la fuerza pública debe intervenir para desalojarlas.  «Incontrolable» Por su parte, la dirigencia de la CGT anunció que respetará la nueva normativa durante la movilización, en la que esperan reunir a unas 200.000 personas, informó La Nación.  No obstante, el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, desafió a Bullrich y señaló que la multitud de trabajadores que van a marchar será «incontrolable», aunque lo harán pacíficamente. «Es parte del show mediático que ella quiere imponer, pero a nosotros no nos corre nadie», afirmó Moyano a El Destape. Este es el primer paro general contra la administración del líder de La Libertad Avanza (LLA), que lleva poco más de 40 días en el poder. Es, además, el más tempranero en un mandato de la historia reciente del país. La última medida de este tenor la había tomado la CGT en mayo de 2019, y fue la quinta contra la gestión del expresidente Mauricio Macri. Durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, la central obrera, históricamente alineada con el peronismo, no convocó a ninguna huelga.  La medida de fuerza se enmarca en un momento de grave crisis económica, con un índice de inflación récord en diciembre, primer mes de Milei en el poder, que ha dejado los salarios arrasados por los constantes aumentos de precios. Fuente: RT

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México rechaza ampliación de muros fronterizos de EE.UU.

El Gobierno mexicano rechazó el jueves la intención de Estados Unidos de ampliar los muros fronterizos como una medida para detener el flujo migratorio hacia su territorio. Al término de la tercera edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad celebrado en la capital mexicana, la canciller Alicia Bárcena, afirmó que su Gobierno “está renuente y en contra de que haya muros», así como rechaza las «boyas y alambrados» instalados por el gobierno del estado estadounidense de Texas en el río Bravo para contrarrestar la inmigración ilegal. La funcionaria mexicana calificó de exitosos los diálogos de los últimos días sobre el tema migratorio al tiempo que reiteró su rechazo a muros y alambrados para contener el flujo de migrantes.  El aumento de los flujos migratorios  fue uno de los temas principales discutidos por las delegaciones de México y Estados Unidos en su diálogo binacional de seguridad.   De acuerdo con la canciller Bárcena, la parte mexicana manifestó a su homóloga estadounidense su inconformidad por el anuncio de la construcción de un nuevo muro fronterizo y otras barreras en el sur de Texas para contrarrestar la entrada ilegal de migrantes. Ante las críticas de la canciller mexicana, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseveró que no hay ninguna nueva política del Gobierno estadounidense con respecto a un muro en la frontera. Mayorkas señaló que el texto del aviso federal sobre el muro fronterizo «fue descontextualizado y no representa un cambio de política en absoluto». Al analizar la problemática migratoria, durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, México y EE.UU. coincidieron en que se trata de un fenómeno que ha alcanzado niveles históricos. La canciller Bárcena, instó a mirar los aumentos del flujo migratorio desde la perspectiva del desarrollo y ver cómo pueden abordarse las causas estructurales de la migración. «Nosotros vamos a seguir tomando acciones muy contundentes, incluyendo también algunos esfuerzos que ya tenemos en relación con retornos asistidos, coordinando además el desmantelamiento de redes de tráfico y trata de personas», anticipó Bárcena sobre las medidas del Gobierno mexicano. Además de en el tema migratorio, la tercera edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, se centró en el tráfico de drogas sintéticas desde México a EE.UU., especialmente fentanilo, y el tráfico ilícito de armas desde territorio estadounidense. Fuente: TeleSUR

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Sondeo revela que 75 % de peruanos rechaza gestión de Boluarte

La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, obtuvo un 75 por ciento de desaprobación, dos puntos menos que el índice registrado el pasado mes, según revelaron los resultados publicados este domingo de un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos. El estudio político reveló que solamente el 16 por ciento de los peruanos aprueba la gestión de la jefa de Estado designada de la nación suramericana, un punto por encima del registrado en abril, cuando la desaprobación a la mandataria alcanzó el tope hasta la fecha. La aprobación a la administración de la titular del Ejecutivo disminuye en las regiones del centro y el sur del país, donde se registra 9 y 13 por ciento, respectivamente, debido al impacto de las protestas suscitadas tras el golpe de Estado legislativo contra el expresidente Pedro Castillo, las cuales fueron violentamente reprimidas por las fuerzas militares y policiales. No obstante, la percepción favorable con respecto a la presidenta aumenta en las clases sociales más acomodadas con un promedio del 33 por ciento frente al 11 por ciento registrado en las capas más vulnerables. El estudio también arrojó que el 79 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión del Congreso mientras un 13 por ciento la estima positiva, lo cual dista notablemente del 44 por ciento de desaprobación registrado en agosto de 2021. El sondeo, realizado entre el 12 y 13 de mayo a más de 1.200 personas, arrojó que el 62 por ciento de los encuestados expresó su desaprobación a la gestión de José Williams como presidente del Legislativo. Asimismo, el estudio -cuyo margen de error es 2,8 por ciento- mostró que el 67 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión de Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros. De igual forma, el 68 por ciento de la muestra expresó su desaprobación a la gestión del Poder Judicial, mientras que el 57 por ciento rechazó la labor de la Fiscalía de la Nación. Fuente: TeleSUR

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Poder Judicial rechaza apelación de Pedro Castillo para anular investigación por golpe de Estado

Pedro Castillo sufrió una nueva derrota judicial. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema informó anoche que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa legal del expresidente de la República que buscaba anular la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre. De esta forma, esta segunda instancia del Poder Judicial confirma la resolución emitida por el magistrado Juan Carlos Checley contra Castillo Terrones. Los abogados del profesor cajamarquino argumentan que el Congreso dispuso levantar el antejuicio político y también tramitó el proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente sin que se haya realizado de manera legal y correcta. En su resolución, la Sala Penal Permanente indicó que anteriormente había validado la decisión del Congreso porque el exmandatario cometió el delito en flagrancia al brindar su mensaje golpista ante todo el país. Además, mencionan que Castillo intentó fugarse junto a su familia al intentar refugiarse en la embajada mexicana en Lima. “En vista del pronunciamiento público, del incumplimiento de sus órdenes por la Policía Nacional y de huida, efectivos policiales lo capturaron en plena fuga, lo que obviamente constituye un caso de delito flagrante […] pues huyó, fue identificado por su pronunciamiento público e inmediatamente fue aprehendido en camino al local de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos”, se lee en el documento. En otra parte del fallo también se indica que no correspondía iniciar un proceso regular de acusación constitucional contra el expresidente Castillo debido a que eso iba a tomar un tiempo y habría abonado al peligro de fuga que existía sobre él porque tenía un plan para evadir a la justicia. “La necesidad de una decisión parlamentaria que aprobara la autorización de la formación de causa penal, atento a la flagrancia delictiva y al peligro de huida, manteniendo la esencia de la valoración parlamentaria y de una votación calificada, es suficiente razón política y jurídica para validar el procedimiento parlamentario”, agregan en la resolución judicial. Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema añaden que “lapropia institución de la acusación constitucional ante conductas delictivas, en tanto principios fundamentales que derivan de la misma Constitución, justifican el procedimiento seguido”. De esta manera, respaldaron las acciones que tuvo el Parlamento al acelerar el levantamiento del antejuicio político sin que se haya dado a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego la Comisión Permanente y después el Pleno. “La decisión del Congreso era necesaria pues no había otras medidas igualmente eficaces -por los riesgos de alejamiento del imputado del país y el hecho que el plazo de la detención judicial preliminar estaba por vencerse- para habilitar el proceso penal y, luego, garantizar la ulterior efectividad del mismo -el tiempo que demandaba el artículo 89 del Reglamento no era propio para evitar estos riesgos-. No hay, pues, un sacrificio desmesurado o manifiestamente innecesario del derecho de defensa limitado”, se agrega. Tribunal Constitucional Hay que señalar que el expresidente Castillo también ha recurrido al Tribunal Constitucional para buscar su liberación. En concreto, ha presentado seis recursos. En este sentido, cuatro habeas corpus presentado sería visto por el Pleno del TC, mientras que las dos restantes por otras salas. Asimismo, señalaron que no existe una fecha programada para que sea revisada. Estos recursos que buscan liberar al expresidente fueron presentados, en algunas ocasiones, por personajes allegados e incluso conocidos. Entre ellos está un profesor de la Federación Nacional de Trabajadores Nacional en la Educación, Brangile Juan Mateo Blas, quien en el mayo de 2022 fue nombrado como prefecto regional de Junín. Fuente: Infobae

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