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Noboa se juega «todo o nada» con la consulta y referéndum convocados en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aún no cumple los tres meses de mandato y ya los diversos sectores políticos miran con ansiedad el 9 de febrero del 2025, la nueva fecha acordada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar elecciones nacionales donde se escogerá al presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos: una verdadera megaelección. Noboa, quien ya ha declarado su intención de reelegirse, ha comenzado a realizar gestiones para garantizar su continuidad al mando del Ejecutivo, con la propuesta de un referéndum y una consulta que se realizarán el próximo 21 de abril, con el fin de generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo. Es decir, el presidente ha aceptado el reto de enfrentar el espinoso tema de la criminalidad y busca legitimar sus acciones de «mano dura» y generar cohesión en torno a su liderazgo para conseguir resultados en esta área. La propuesta del referéndum y consulta tiene el fin de generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo. En medio de la explosión de bandas de narcotráfico que no solo han  puesto en vilo la normalidad de Ecuador sino que se han infiltrado en diferentes niveles del Estado ecuatoriano, y ante una situación de crispación general ocurrida a partir de los últimos sucesos, incluido el magnicidio de un candidato presidencial, tomas de canales de televisión, explosión de carros bombas y una serie de asesinatos selectivos que no han mermado y que han hecho fracasar los dos gobiernos anteriores, el Ejecutivo ecuatoriano busca superar el panorama y ganar apoyo de la ciudadanía. Vestido con un atuendo similar al policial y con su chaleco antibala con el que surfeó la campaña presidencial, y convocando la consulta y el referéndum, Noboa trata de posicionarse como el abanderado de la lucha contra el flagelo que tiene estupefacto a Ecuador y, también, al resto de países de la región que ven con asombro la forma como un tranquilo país sucumbió ante las estructuras criminales. Pero el camino que ha tomado Noboa no es del todo sencillo. De hecho, es una vía muy similar a la que asumió en su momento el expresidente Guillermo Lasso, quien también convocó una consulta que culminó con una derrota política que representó el comienzo del fin de su mandato. ¿Repetir la experiencia de Lasso? En el marco de las elecciones seccionales que se llevaron a cabo en Ecuador en febrero del 2023, el entonces presidente Lasso propuso un referéndum en el que había ocho preguntas, algunas de las cuales se relacionaban al tema de la seguridad. Con dicho mecanismo buscaba tomar oxígeno político para poder culminar con éxito su período de gobierno. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió, ya que el resultado del evento se convirtió en un disparador de la crisis política que adelantó el eclipse de su administración. En las ocho preguntas de aquel referendo salió victorioso el «No» y en las mismas elecciones seccionales los partidos de izquierda,  Revolución Ciudadana y Pachakutik, salieron triunfantes en diferentes alcaldías y prefecturas a escala nacional, incluso en algunos feudos de partidos que apoyaban al entonces presidente. Justo allí se acentuó el declive del gobierno de Lasso, quien en pocos meses, ante la inminencia de un  juicio político que se cocinaba en la Asamblea Nacional, decretaría la «muerte cruzada» que obligó a adelantar elecciones presidenciales y legislativas. La lucha contra el crimen organizado es la tracción de la movilización electoral pautada. Hoy Noboa intenta una vía similar. En esta ocasión se llevarán a cabo dos procesos paralelos. La consulta, con seis preguntas relacionadas con la utilización de métodos represivos, con el uso del contingente militar para enfrentar la delincuencia, con una ley de exención de dominio y con la eliminación de la rebaja de penas a los presos por delitos graves. Por su parte, el referéndum busca cambiar algunos artículos de la Constitución en relación a la posibilidad de extraditar ecuatorianos al exterior, el establecimiento de judicaturas especializadas, el reconocimiento de arbitraje internacional para asuntos comerciales, una reforma al código de trabajo para legalizar el trabajo por horas, entro otros asuntos.  Aunque se trabajan varios temas, en líneas generales, la lucha contra el crimen organizado es la tracción de la movilización electoral pautada. Sin embargo, diversos sectores políticos han venido rechazando este paso que ha dado el Ejecutivo. Aunque no han tomado postura en firme sobre su participación, sí se han encendido las críticas desde partidos antagónicos. Desde el correísmo y el movimiento indígena, hasta el partido Construye y el Partido Social Cristiano, prácticamente todo el espectro político ha recibido la iniciativa con amplias reservas, lo que indica grandes riesgos para el cabal desarrollo de la misma. Sobre todo porque aún se encuentra fresca la memoria del descalabro de la consulta convocada por Lasso, hace justo un año. Así las cosas, cuando el gobierno de Noboa apenas empieza, ya tiene como horizonte principal pasar la prueba de febrero del 2025, y para ello busca asentar su legitimidad por medio de los eventos comiciales que tendrán lugar el próximo mes de abril. El resultado electoral de este evento será definitorio, tanto como fue con Lasso, del alcance que tenga la actual administración, por lo que podríamos pensar que el presidente se juega un «todo o nada» con los procesos propuestos desde su despacho, debido a que una derrota en abril podría implicar el eclipse de su gestión y por ende una segura transmisión de mando el próximo año. Fuente: RT

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Ministro descarta referéndum y desafía a la oposición a presentar candidatos a las judiciales

Una reforma judicial antes de las elecciones judiciales de octubre está “totalmente descartada” debido a que los plazos “no son compatibles”, por lo que la oposición política “debería dejar de esconderse como avestruz” y trabajar en presentar candidatos para que vayan a las elecciones de octubre, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Hay obstáculos insalvables para aplicar (un referéndum) antes del 15 de julio, el 15 de julio no va a terminar esta propuesta de los juristas y tenemos una Constitución que culmina el mandato de las 26 altas autoridades judiciales en diciembre, por lo tanto, descartamos totalmente la posibilidad de que haya una modificación constitucional”, afirmó. Los llamados juristas independientes, liderados por el exjefe de la desaparecida Sin Miedo Juan del Granado, están en una campaña de recolección de 1,5 millones de firmas para viabilizar un referéndum de reforma parcial de la Constitución en el tema de justicia, como en la elección de las más altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Lima aseguró que los plazos trazados por este grupo de juristas no son compatibles con los que corren para la próxima elección judicial, porque tiene “obstáculos insalvables”. De conseguir las firmas suficientes, quedan pasos como el control constitucional de las preguntas del eventual referéndum, la aprobación de una ley de convocatoria y de un presupuesto de al menos Bs 200 millones, “en un momento en el que las finanzas públicas no están para hacer una elección adicional”. Actualmente en la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo se trabaja en el reglamento de selección de los candidatos para las elecciones de octubre, donde están participando legisladores de las opositoras Creemos, del encarcelado gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa. “Creemos que es el camino constitucional que tenemos que seguir. La oposición debería de empezar a hacer política, debería dejar de esconderse como avestruz y empezar a trabajar para presentar candidatos y lograr que sus candidatos vayan a una elección de voto popular”, afirmó Lima en un encuentro con la prensa. En este tercer proceso electoral judicial, los bolivianos elegirán a las autoridades titulares y suplentes del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Fuente: ABI

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