Rómulo Calvo

Rómulo Calvo, Cuellar, Vargas y Santistevan son imputados por el paro de 36 días en Santa Cruz

El expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar; el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron imputados por la Fiscalía por el paro de 36 días que se realizó en Santa Cruz en 2022. El Ministerio Público presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra de los promotores del violento paro de 36 días, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de “terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones”, entre otros, según el documento legal. El proceso fue activado por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. En este caso, también es investigado el encarcelado gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien guarda una detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I. Paro cívico de 36 días Entre octubre y noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz, la medida extrema estuvo caracterizada por la violencia generada por grupos radicales afines a los cívicos. En los puntos de bloqueo provocaron cientos de casos de extorsión a los conductores y al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estuvieron a favor y contra de la medida que exigía censo en 2023. Los bloqueadores impidieron la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos. Además, generó más de $us 1.200 millones en pérdidas en el sector privado y alrededor de Bs 300 millones en el sector estatal. La protesta exigía -sin ningún argumento técnico- la realización del censo en 2023. Sin embargo, al final, los dirigentes de la protesta aceptaron la propuesta del Gobierno nacional de que un estudio técnico defina la fecha del censo, fijada para el 23 marzo de 2024. Fuente: ABI

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Justicia inicia juicio contra el excívico Rómulo Calvo por ultraje a la wiphala

Cerca de las 13h30 de este martes, el Juzgado Décimo Quinto de Sentencia Penal instaló el juicio oral en contra del expresidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo, por los delitos de incitación al racismo, discriminación y ultraje a la wiphala en un acto público de septiembre de 2021. Durante la audiencia, el juez recibió la declaración de los testigos, entre ellos el diputado Rolando Cuéllar, quien exigió que se haga justicia por la discriminación que sufrieron varias autoridades y la ofensa a la wiphala en el acto público por el aniversario cruceño en plena plaza 24 de Septiembre. “Nosotros, en esta audiencia, hemos contado cómo un dirigente del Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) ha sido chicoteado e insultado. Nosotros hemos salido de la misma manera, pedimos a la justicia la pena máxima de seis años para el señor Rómulo Calvo, para que se respete la wiphala”, demandó el legislador del MAS. La audiencia se extendió por tres horas y media. Tras la recepción de las declaraciones, se declaró un cuarto intermedio hasta las 09h00 del 11 de abril. El caso denominado “ultraje a la wiphala” fue activado a denuncia de los asambleístas departamentales de Santa Cruz del MAS, quienes acusaron al excívico de ultrajar el símbolo patrio. El Ministerio Público exigió -en su imputación formal- que Calvo sea condenado a cinco años de reclusión en Palmasola, pero la parte denunciante pedirá seis años de condena. El Caso Durante los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021, en plena plaza 24 de Septiembre, el hoy gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho suspendió de manera abrupta los actos protocolares, momentos antes de que fuera el turno, por protocolo, de intervenir del presidente en ejercicio David Choquehuanca. Camacho respondió así a la iniciativa de Choquehuanca de lograr que se izara en uno de los mástiles la wiphala. Tras la suspensión del acto, seguidores de Camacho y cívicos arriaron la wiphala en medio de incidentes. Calvo se refirió a la wiphala como “un trapo” y descartó que representa a Santa Cruz. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, afirmó en octubre de 2021, cuando se realizaba el “wiphalazo”, como parte de un desagravio al símbolo de los pueblos indígenas. El artículo 129 del Código Penal, referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno, será sancionado con reclusión de seis meses a dos años. Fuente: ABI

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Ejecutivo de la COD exige a Calvo y Camacho dejar de mentir a Santa Cruz con el tema del Censo

“Para nosotros el paro debe acabarse esta misma noche que le digan la verdad nomás al pueblo (cruceño), que no le sigan mintiendo”. Así se refirió el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, al gobernador Luis Fernando Camacho y al presidente cívico Rómulo Calvo sobre el tema del Censo. El dirigente se refirió en este sentido al audio que circuló en redes sociales, donde se escucha a quienes serían legisladores de Creemos, en reunión con el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, donde revelan que la movilización por el Censo en 2023 fue infructuosa porque este evento estadístico se realizará en 2024 y deben comunicarlo así al pueblo cruceño, sin embargo, no saben cómo hacerlo. Santa Cruz soporta 32 días de paro cívico, impuesto por el Comité Interinstitucional, Camacho y Calvo para la realización del Censo en 2023 pese a que el Gobierno consensuó con autoridades electas de todo el país para que una mesa técnica defina la fecha la cual, reunida en Cochabamba, estableció que el empadronamiento se realice entre marzo y abril de 2024. En esa línea, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo  4824 que dicta la realización del evento censal el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos a partir de septiembre del mismo año. El líder de los trabajadores cruceños cuestionó a Calvo y Camacho por haber impulsado un paro por el Censo, causando serias pérdidas económicas a diversos sectores. Por ese panorama y los efectos del paro fallido, Borda advirtió: “yo no sé, aquí alguien, por lo menos dos o tres (dirigentes) van a salir crucificados de este paro y los va crucificar el mismo cabildo cruceño. (estos dirigentes son) el Gobernador y Calvo, por mentirosos”, manifestó. El dirigente de la COD cruceña conminó a que ambos enfrenten las consecuencias de sus actos y se queden en el departamento de forma responsable. “El pueblo aguanta, pero tiene todo un límite y ellos le han mentido al pueblo”, condenó. Fuente: Ahora el Pueblo

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Gremiales del Plan 3.000 anuncian demanda penal en contra de Camacho y Calvo por ataque y saqueos de unionistas

La ejecutiva de las Asociaciones de Gremiales del Plan 3000, Jimena Orellana, anunció este miércoles que presentará una demanda penal en contra del gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo por los ataques y saqueos de negocios por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). “Hemos sido amedrentados, (los puestos de venta fueron) saqueados (…) mañana vamos a presentar una denuncia formal en contra del Comité Cívico y de los que hayan provocado este paro”, denunció en entrevista con Bolivia TV. Según Orellana, los unionistas saquearon varios puestos de venta, se llevaron 84 bicicletas, desmantelaron tres motorizados, entre otros actos vandálicos. La violencia se dio en el marco del paro cívico en Santa Cruz, convocado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar. El paro está caracterizado por la violencia, el racismo y la discriminación. El popular Plano 3.000 sufre este tipo de acoso y ataques desde el 22 de octubre, día que inició la medida extrema. Los habitantes del plan rechazan el paro cívico y tratan de desarrollar sus actividades con normalidad. La Unión Juvenil Cruceñista (UJC), considerada el brazo operativo de Comité pro Santa Cruz, pretende desde hace varias noches imponer el paro declarado por la élite cruceña. “Esa gente de Camacho desde que empezó el paro viene a atacarnos violentamente, en motos vienen encapuchados, nunca muestran su cara. Nosotros vendemos día a día, vivimos de la venta, tenemos deudas en el banco, sacamos créditos y eso tenemos que pagar. Camacho tiene plata, ellos tienen para comer, nosotros no, muchas familias sufren», reclamó una comerciante. Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)

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