Sentencia

Sentencian con 17 años de cárcel a la raptora del bebé Alex

Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer sentenció a Nieves M.C.G. con 17 años de prisión, en la cárcel de Obrajes de La Paz, por ser la autora del delito de trata de personas en contra del bebé Alex en agosto de 2022. “Se ha emitido la sentencia, el Tribunal ha determinado 17 años de prisión en el recinto penitenciario de Obrajes, de la ciudad de La Paz, para la autora principal”, informó la fiscal Sheila Rodríguez en contacto con los medios. La Fiscalía demostró, en audiencia de juicio oral, con pruebas contundentes y sólidas que es la raptora de bebé Alex de tres meses, tras sustraerlo con engaños de los brazos de su madre de 16 años. Asimismo, Keyta G.Q.Q., ahijada de la principal autora fue sentenciada de 10 años de cárcel por ser cómplice del hecho, y Faustino M.A.U. fue condenado a dos años de cárcel por el delito de encubrimiento a cumplir en el penal de San Pedro. Sobre el caso Este hecho ocurrió 16 de agosto de 2022, cuando la madre de 16 años del bebé Alex se encontró con Nieves M.C.G., a quien conoció días atrás y le ofreció trabajo en una cafetería en la ciudad de El Alto. Luego le ofreció comprar algunas cosas para su bebé y bajaron juntas hasta inmediaciones de la plaza Eguino de la ciudad de La Paz. Mientras la menor entró a un baño del lugar, la mujer raptó al infante y llevó al bebé a su casa. La madre hizo la denuncia ante la Policía y cuando la raptora vio las noticias, le dijo a su ahijada que deje al bebé en cualquier lugar, por ello, la joven lo dejó cerca de un colegio en la zona de Miraflores, donde un repartidor de desayuno escolar lo encontró y dio parte a las autoridades. De acuerdo con la investigación, “la raptora junto a su ahijada se deshizo de la ropa y objetos de la víctima, vendieron sus muebles y entregaron el domicilio donde vivían junto a su esposo a quien le hizo creer que el bebé raptado era de ellos y que falleció”, detalla un reporte institucional. Después habló con Faustino M.A.U., cuidador del cementerio de Villa Ingenio de El Alto, para que entierre un ataúd vacío para sustentar su versión de que su hijo había muerto. Fuente: ABI

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Sentencian a prisión a asesinos de defensores ambientales en Perú

La Corte de Ucayali, provincia al centro de Perú, sentenció este jueves a 28 años y tres meses de prisión a cinco traficantes de madera que, en calidad de autores o coautores, perpetraron el asesinato en septiembre de 2014 de cuatro líderes indígenas que eran reconocidos defensores de sus territorios. En el conocido como «Caso Saweto», el tribunal dictó la referida pena contra los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores (autores mediatos), y como coautores a los trabajadores Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix. Los acusados tendrán la obligación, además, de pagar a los parientes de los líderes asesinados un total de 200.000 soles (54.000 dólares) como reparación. El texto de la acusación precisó que estos emboscaron y asesinaron el 1 de septiembre de 2014 a Edwin Chota Valera, jefe de la comunidad asháninka Tamaya-Saweto, y a los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. Al momento de quitarles la vida, los líderes viajaban a la comunidad de Apiutxa, en el estado brasileño de Acre. Esta comunidad también es de la etnia ashéninka y los líderes peruanos esperaban solicitar a sus parientes que los ayudaran a hacer frente a la tala ilegal de bosques. De acuerdo con reportes de prensa, Chota había denunciado de manera enfática que en la región existía una mafia para traficar madera, que extraía de manera ilegal de territorios donde se asienta su comunidad, en Masisea, distrito ubicado en la provincia de Coronel Portillo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) destacó que la sentencia puso fin a una década de impunidad. También lo hicieron los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Cultura, al valorar que es «un paso fundamental en la obtención de la justicia y lucha contra la impunidad para las familias de los defensores ambientales asesinados». El próximo 23 de abril tendrá lugar la lectura integral de sentencia en el caso, considerado el crimen más horrendo en Perú contra defensores ambientales. Fuente: TeleSUR

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Minero: sentencian a 15 años de prisión al profesor acusado de toquetear a sus estudiantes

El profesor José Luis Bonifaz (33) fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado. El sindicado fue grabado en una unidad educativa de Minero, cuando realizaba toques impúdicos a una estudiante de 10 años de edad. “El acusado admitió su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado en el que se le dictó una sentencia de 15 años de prisión”, informó la fiscal del caso, María Eugenia Chungara. El sindicado fue arrestado el jueves en la mañana, tras conocerse un video en el que se ve al educador haciendo toques impúdicos a una menor, estudiante, de 10 años de edad. El hecho causó repudio entre los padres de familia que no dudaron en presentar la denuncia ante la Felcv contra el profesor de Educación Física. Sin embargo, ésta no habría sido la única víctima, según indicaron desde la Defensoría de la Niñez, hay por lo menos cinco estudiantes víctimas del mismo acusado. Es así que, una vez puesto el caso a conocimiento del Ministerio Público, se procedió a su audiencia, en Minero, en la que admitió su culpa y se sometió a un procedimiento abreviado en el que ya se le dictó sentencia. Entre tanto los padres de familia que estaban expectantes de la audiencia en Minero, esperaron que el acusado salga del recinto judicial para agredirlo físicamente. “También pedimos que el director sea sancionado, porque él sabía de estos hechos y no los denunció. Tienen que ser castigados”, aseguró una madre de familia, a tiempo de detallar que los menores agredidos tienen entre 9 y 10 años de edad. Se conoce que la sentencia debe cumplirse en la cárcel de Montero. Fuente: El Deber

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Sentencian a 30 años de cárcel a la infanticida de la niña de siete años de Coripata

Elizabeth Mamani C., de 25 años, reconoció su culpabilidad por el asesinato de su sobrina de siete años y se sometió a un procedimiento abreviado en el que el juez del caso la sentenció a 30 años de cárcel por el delito de infanticidio. “Uno de nuestros objetivos era lograr una sentencia ejemplarizadora y de manera breve se ha conseguido. (…) esta persona ya ha sido sentenciada a 30 años de cárcel”, informó el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Luis Fernando Atanacio, en entrevista con Bolivia TV. Explicó que los elementos de convicción que se presentaron en contra de la feminicida coadyuvaron para que la mujer acepte su culpabilidad y decida someterse a un procedimiento abreviado. “Se ha contado con todos los elementos de convicción (…) ella ha asumido la responsabilidad de este hecho, el juez la aceptado el procedimiento abreviado y ha sido sentencia con la sanción que corresponde”, explicó. El Sepdavi brindó asistencia legal a los familiares de la víctima. El hecho sucedió en la localidad de Auquisamaña, en el municipio de Coripata. Este crimen conmocionó a la población. Según las investigaciones, la mujer planeó el secuestro con una semana de anticipación porque compró otra línea telefónica desde dónde extorsionaría a la familia con el pago de Bs 70.000 a cambio de liberar a la menor. Los móviles del crimen serían económicos porque la ahora sentenciada tenía una deuda en el banco. La infanticida utilizó una correa y las sandalias de la niña para arrebatarle la vida, elementos que fueron colectados además de dos celulares como elementos de convicción que demuestran la culpabilidad de la mujer de 25 años. Según los exámenes forenses, Yhurayma perdió la vida por una asfixia mecánica y estrangulamiento, además tenía “heridas policontusas en una mano y en el tórax”. Fuente: ABI

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Ovidio Robles recibe su segunda sentencia a 30 años de cárcel, esta vez por un caso de violación

Ovidio Robles Palachay de 24 años ya tiene en su contra dos sentencias de 30 años, una por el asesinato del sargento Oliver Mendoza, robo agravado y asociación delictuosa en el Mirador de La Guardia y la reciente condena es por un caso de violación agravada. “Ovidio Robles, quien fue sentenciado a 30 años de reclusión hace pocos días (…) también acaba de ser sentenciado por el delito de violación a 30 años sin derecho a indulto”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mediante sus redes sociales. La autoridad detalló que este caso se suscitó el 3 octubre de 2022 y seis meses después del crimen este caso fue resuelto. “Resaltamos el trabajo de la justicia que actuó de manera eficiente en este caso”, destacó el titular de Gobierno. Según una familiar de la víctima, la joven fue interceptada en el Mirador cuando estaba con su pareja a quién maniataron y metieron en la maletera, para después ultrajar a la mujer. Este caso estuvo a punto de ser “cerrado”, según la hermana de la víctima hasta que presentaron al líder de la banda delincuencial que operaba en el Mirador, donde fue reconocido por su víctima y se reactivaron las investigaciones. Fuente: ABI

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Hombre que mató a machetazos a un perro es sentenciado a cuatro años de cárcel por biocidio

«Logramos justicia», es lo que activistas y defensores de animales de Cochabamba expresaban tras conocer que Daniel Rojas Apaza, el hombre de 38 años que desolló a un perro fue sentenciado por la Justicia a cuatro años de presidio por el delito de biocidio. La sentencia emitida en contra del hombre que mató al perro de su cuñada, una mascota de un año y medio llamado ‘Joky’, se dictó el jueves en el Juzgado Sexto de Sentencia Penal, donde la autoridad jurisdiccional instruyó que Daniel Rojas Apaza cumpla su condena en el penal de varones de San Sebastián. El ataque al perro se produjo el 7 de diciembre de 2021; el hombre agarró al can, lo maltrató, le arrancó la piel del lomo, le destrozó la mandíbula y le causó fracturas. La agresión fue ejercida cuando el perrito estaba con vida. La ama de la mascota al ver que su can presentaba graves heridas y aún vivía, lo trasladó hasta un veterinario, donde desafortunadamente por la gravedad de su caso decidieron proceder a la eutanasia. La fiscal de materia Amalia Cruz Vera indicó que el hombre salió de su domicilio con un machete en mano y fue directo a atacar al can ‘Joky’ sin razón alguna. Sus familiares aterrados lograron ver el hecho e intentaron salvar a la mascota. La Policía fue alertada de lo sucedido, pero el biocida se dio a la fuga, logrando ser capturado ocho días después del suceso. El animal sufrió múltiples lesiones punzocortantes, politraumatismo múltiple con hemorragia difusa y murió por shock hipovolémico. La fiscal departamental en Cochabamba, Nuria Gonzales Romero, indicó que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró que Daniel Rojas es el autor del delito de biocidio provocado al can Joky, que fue atacado con múltiples machetazos. «Hasta ahora es la máxima pena obtenida en un caso de biocidio en el país. En este caso la fiscal de materia presentó todas las pruebas colectadas en la investigación, entre ellas el informe de intervención policial, la declaración testifical del médico veterinaria donde fue atendido el can, el informe del perito de zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba que estableció las causas de la muerte y otras que fueron valoradas, por lo que la autoridad jurisdiccional emitió la sentencia para el autor del delito», dijo Gonzales. Fuente: EL DEBER

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La Paz: Richard Choque es sentenciado a 15 años de cárcel por la trata de las adolescentes Iris y Lucy

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó hoy que el Ministerio Público demostró, con pruebas contundentes, que Richard Choque Flores, de 34 años de edad, es autor de los delitos de Trata de Personas, Proxenetismo y Pornografía cometidos en contra de las adolescentes Iris y Lucy de 15 y 17 años de edad, quiénes fueron captadas a través de las redes sociales, por ello, el Tribunal 4º de Sentencia de la ciudad de La Paz, dictó 15 años de cárcel a cumplir en el penal de Chonchocoro. “Durante la audiencia, se presentó como prueba el informe de acción directa, acta de indicios materiales que fueron encontrados en posesión del sujeto, afiche de persona desaparecida de ambas adolescentes, muestrario fotográfico del allanamiento al domicilio del sindicado, acta de autopsia médico legal de las víctimas, entre otros elementos, que fueron valorados por los miembros del Tribunal que determinó dictar la máxima sentencia por los delitos investigados», sostuvo la autoridad. Por su parte, la Fiscal de Trata y Tráfico, Sheila Rodríguez, informó que el hecho se descubrió el 20 de enero de 2022, cuando el sujeto fue encontrado y aprehendido en un alojamiento de la zona San Sebastián de La Paz, con otra víctima de Trata; una vez realizadas las investigaciones, se conoció que el sindicado también captó a las adolescentes reportadas como desaparecidas, Iris y Lucy, para explotarlas sexualmente y a su vez mantener relaciones sexuales con ellas. Posteriormente, las dos víctimas fueron encontradas enterradas en una habitación de la casa del autor en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto, por ello, se abrió una investigación por la Trata de ambas víctimas y otra por el delito de Feminicidio, esta última investigación también cuenta con sentencia. Fuente: FGE

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Sentencian a seis años de cárcel al agresor del niño que falleció con VIH, tras una violación múltiple en Yapacaní

Sebastián S.T. autor del delito de violación agravada en contra de un niño en Yapacaní que falleció a causa del VIH -que le trasmitió uno de sus agresores- fue sentenciado a 30 años de cárcel, pero su pena fue atenuada y sólo deberá cumplir seis de ellos. El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz informó que la juez Carola Hoyos determinó que el agresor, “de 17 años”, deberá cumplir su sentencia en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz). Sebastián fue declarado culpable por el delito de violación agravada en contra de un infante, pero en la resolución de la jueza, se atenúa la condena en “cuatro quintas partes, por tratarse de un adolescente”. “De acuerdo al artículo 268 de la Ley 548, le corresponde cumplir la pena de seis años computables a partir del 6 de junio de 2022”, informó el TDJ. Este caso se develó en junio de 2022, tras que el infante de apenas 10 años fue internado de emergencia en un hospital cruceño, donde fue diagnosticado con el virus del VIH, en etapa terminal.Ante esta situación, el menor reveló haber sido ultrajado en reiteradas oportunidades por cuatro hermanos de apellido Salazar. Esta situación conmocionó a la sociedad, que pedía justicia para el menor. La salud del niño empeoró e ingresó en coma, por lo que estuvo internado en terapia intensiva, luchando por su vida; sin embargo, el 11 de junio perdió la vida. De acuerdo con datos oficiales, fueron cuatro hermanos que lo agredieron sexualmente desde que tenía ocho años. Los investigados, que tienen antecedentes de robo agravado y violación, aprovechaban cuando el menor se quedaba solo y bajo amenazas con un arma de fuego abusaron de él en reiteradas oportunidades. Uno de los hermanos (28 años) falleció en 2021 a causa del VIH, el segundo (25 años) está detenido en Palmasola, el tercero (16 años) se encuentra prófugo, presumiblemente en Chile. El cuarto agresor sería Sebastián, quien está en Cenvicruz, donde deberá permanecer hasta junio de 2027. Fuente: ABI

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Corte IDH sentencia al Estado por violar derechos humanos de procesados del caso Prosegur en el gobierno de Tuto Quiroga

La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó este miércoles que fue notificada vía virtual con la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte-IDH), por actos violatorios de los derechos humanos de los procesados por el caso “Blas Valencia” en el gobierno del expresidente Jorge Quiroga,  2001 y  2002. El Estado boliviano, como resultado del fallo, debe pagar una indemnización a un grupo 26 personas procesados en el caso “Blas Valencia”. El caso lleva el apellido del exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos, dos policías y un civil. La Procuraduría expresó, mediante nota de prensa, que “la sentencia de 142 páginas fue notificada hoy en acto virtual por el presidente de la Corte IDH, Ricardo C. Pérez Manrique. En dicho fallo internacional se enfatiza la preocupación por el tiempo transcurrido de más de 18 años, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte IDH”. “Revisada la sentencia, esta contiene testimonios y pruebas del uso excesivo de la fuerza y graves atentados contra los derechos humanos de familiares de Blas Valencia y otros procesados por el atraco. En ese entonces ejercía la presidencia por sucesión constitucional, Jorge Tuto Quiroga. El comandante general de la Policía, Walter Osinaga que dirigió el operativo del caso Prosegur fue condenado años después por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el Caso Prosegur II”, se rememora en la nota de prensa. Según la sentencia, la Corte IDH narra en la sentencia que los allanamientos se practicaron en al menos ocho inmuebles y que en una de esas intervenciones, “los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a éstos últimos a confesar” (el hecho delictivo). El fallo del caso catalogado como “Valencia Campos y otros Vs. Bolivia” por la Corte-IDH determinó una indemnización compensatoria a cada una de las víctimas, inferior a reparaciones económicas”. La Procuraduría explicó que “la sentencia recuerda que, si bien los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal, en particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros”.El violento atraco ocurrió el 14 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 8.15, cuando un grupo armado atracó una furgoneta Combi de color blanco con placa No. 916-YEP de la empresa privada de seguridad Prosegur, en la Avenida Kantutani de la ciudad de La Paz. El asalto, dirigido por el excoronel de la Policía Blas Valencia y cuatro de sus cómplices, derivó en la muerte de tres custodios del vehículo, dos policías y un civil, y posteriores allanamientos, detenciones e interrogatorios policiales que, según la Corte – IDH, fueron ejecutados con extrema violencia e incurrieron en tratos crueles, vejatorios y degradantes que constituyen violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La Procuraduría destacó que “la Corte valoró en el fallo que, desde el 2019, el Estado retomó la investigación en el marco del Proceso No. 6147/10 por supuestos actos de torturas y vejaciones en perjuicio de las 26 víctimas del presente caso, con diligencias que han permitido que se presente una imputación en contra de dos personas y el acta de acusación en contra de uno de los imputados, para disponer que el Estado dentro de un plazo razonable, continúe eficazmente la sustanciación de dicho proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura sufridos por las víctimas en este caso”. La Corte destacó de manera positiva los esfuerzos llevados a cabo por el Estado en materia de formación y capacitación en materia de derechos humanos; sin embargo, consideró pertinente la adopción de programas específicos de capacitación dirigidos a evitar la ocurrencia de hechos similares a los del presente caso, sobre la base de los aspectos abordados en la Sentencia, según la Procuraduría. En el fallo se ordenó al Estado la creación e implementación de un plan de capacitación destinado a los miembros de la Policía Nacional de Bolivia, del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, del Ministerio Público, Jueces y Defensores Públicos. Dispuso también que, “en el plazo de dos años, adopte, implemente y fiscalice protocolos que establezcan criterios claros y uniformes, tanto para la investigación como para la atención integral de actos de violencia que tengan como víctima a una mujer. Estos instrumentos deben ajustarse a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Estambul y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, así como en la jurisprudencia de este Tribunal”. Igualmente, el fallo establece que el Estado “adoptará las medidas necesarias para que se revise la sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003” que condenó a Blas Valencia y sus cómplices a penas privativas de libertad por el asalto y muertes en el atraco al vehículo de remesas de Prosegur”. La Corte valoró en el fallo que, desde el 2019, el “Estado retomó la investigación en el marco del Proceso No. 6147/10 por supuestos actos de torturas y vejaciones en perjuicio de las 26 víctimas del presente caso, con diligencias que han permitido que se presente una imputación en contra de dos personas y el acta de acusación en contra de uno de los imputados, para disponer que el Estado dentro de un plazo razonable, continúe eficazmente la sustanciación de dicho proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de

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La sentencia de Arturo Murillo se conocerá hoy

El exministro de Gobierno y hombre fuerte del régimen de Jeanine Añez, Arturo Murillo, escuchará la lectura de su sentencia íntegra hoy, en una audiencia programada por la Corte Federal de Miami, Estados Unidos. El procurador Wilfredo Chávez informó ayer que la audiencia se celebrará a las 16.00 y se espera una sentencia que oscile entre los cinco y 10 años de prisión. “Se ha determinado el día y la hora para la condena que se impone al señor Arturo Murillo, los delitos que se le han consignado son: conspiración, lavado de dinero y soborno. Se espera que la sentencia oscile entre los cinco y diez años”, dijo el procurador en contacto con BTV. El Departamento de Justicia de EEUU informó que el 20 de octubre de 2022 Murillo se declaró culpable, sometiéndose a un juicio abreviado, por lo que podría enfrentar una pena máxima de 10 años de cárcel. El exministro es sindicado de haber recibido soborno a cambio de direccionar de manera corrupta la compra de gases lacrimógenos a la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, durante el gobierno de Jeanine Añez. Según los documentos, Murillo recibió $us 532 mil a cambio de ayudar a la empresa a obtener el contrato.  “También vamos a pedir nosotros, como víctimas, los $us 532 mil que recibió como soborno directo, que sean resarcidos para el Estado boliviano”, agregó. Murillo fue detenido en mayo de 2021 por este caso en Estados Unidos. Otros cuatro implicados ya se declararon culpables y recibieron sentencias.   Soborno y lavado en EEUU Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante el gobierno de Añez. Su administración desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero esta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición. Los $us 2,3 millones restantes fueron transferidos a cuentas en EEUU para beneficio del exministro y sus cómplices. De esos $us 2,3 millones, $us 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres estadounidenses. Fuente: Ahora El Pueblo

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