Cárceles de Bolivia incumplen la Constitución y enfrentan siete problemas estructurales
Las prisiones en Bolivia no cumplen con el mandato de la Constitución y las leyes vigentes, según denunció el coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Juan Luis Ledezma. La situación del sistema penitenciario refleja graves deficiencias en su función de rehabilitación y protección a la sociedad, además de una crisis de hacinamiento y precariedad estructural. La Paz.- Las prisiones en Bolivia no cumplen con el mandato de la Constitución y las leyes vigentes, según denunció el coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Juan Luis Ledezma. La situación del sistema penitenciario refleja graves deficiencias en su función de rehabilitación y protección a la sociedad, además de una crisis de hacinamiento y precariedad estructural. Ledezma explicó que el sistema penitenciario debería servir como un espacio para la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su posterior reinserción en la sociedad, tal como lo estipula el Código de Procedimiento Penal (CPP) en su Artículo 25. Sin embargo, en la realidad, esto no ocurre. “Las cárceles en Bolivia no están cumpliendo con lo que manda la Constitución y las leyes, primero porque no funcionan como lugares donde una persona que cometió un delito pueda rehabilitarse y volver a la sociedad”, señaló Ledezma a ANF. El Artículo 3 de la Ley 2298 de Ejecución Penal establece que la finalidad de la pena es proteger a la sociedad contra el delito y garantizar la reinserción de los condenados. No obstante, el MNPT advierte que en muchas cárceles del país continúan registrándose hechos delictivos, como el tráfico de drogas y la violencia, e incluso algunos reclusos continúan dirigiendo actividades criminales desde el interior de los recintos penitenciarios. El MNPT identificó siete problemas estructurales en el sistema penitenciario: precariedad de la infraestructura, hacinamiento, falta de clasificación de los internos, deficientes condiciones de vida (acceso a agua y servicios básicos, alimentación, salud, educación y trabajo), debilidades en la seguridad y riesgos de violencia, corrupción y autogobierno, y la falta de programas de reinserción efectivos. “Todos estos problemas están interrelacionados y contribuyen a que las prisiones sean espacios de mayor marginalidad y violencia”, aseguró Ledezma. Explicó que la precariedad en la infraestructura y el hacinamiento generan malas condiciones de vida, obstaculizando la rehabilitación y aumentando los riesgos de violencia dentro de los recintos. Según datos oficiales, hasta el 31 de diciembre de 2024, la población carcelaria en Bolivia alcanzó las 32.035 personas, un aumento significativo en comparación con los 18.703 privados de libertad registrados en 2021. Los privados de libertad aumentaron en 13.332 en solo tres años, lo que “evidencia la crisis del sistema penitenciario”. Actualmente, Bolivia cuenta con 46 cárceles, de las cuales 26 están ubicadas en zonas provinciales y 20 en áreas urbanas. No obstante, la capacidad de estos centros es para 15.598 privados de libertad, lo que significa que el hacinamiento carcelario alcanza el 105%. En diciembre de 2023, la infraestructura penitenciaria estaba diseñada para albergar a 10.526 personas, pero el número de internos llegó a 28.838, elevando la sobrepoblación a un 174%. La Constitución Política del Estado, en su Artículo 74.I, establece que es responsabilidad del Estado garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad, así como asegurar el respeto a sus derechos y brindar condiciones de detención adecuadas. Sin embargo, la realidad penitenciaria dista de cumplir con estas disposiciones. El coordinador del MNPT subrayó que la falta de clasificación de los reclusos según la gravedad de sus delitos genera mayores problemas de convivencia y riesgos de violencia dentro de los penales. También mencionó que las deficientes condiciones de vida, como la falta de acceso a agua potable, atención médica, alimentación adecuada y programas de educación y trabajo, agravan la situación de los privados de libertad. La corrupción y el autogobierno dentro de los penales también representan un obstáculo para mejorar la situación carcelaria. FUENTE : EJU
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