Viscarra

La Procuraduría General de Perú denuncia al expresidente Martín Vizcarra por cohecho en su caso de vacunación irregular contra COVID-19, conocido como ‘Vacunagate’. Esa irregularidad ocurrió durante el pico mayor de la pandemia del coronavirus en el país andino. El procurador general, Daniel Soria, pidió a la Fiscalía incluir este delito de cohecho dentro de la investigación contra Vizcarra, según informa el diario ‘El Comercio’. El expresidente ya fue inhabilitado en dos ocasiones por el Congreso desde 2021. Una por este caso y otra por supuestas irregularidades cuando era ministro de Transportes (2016-2017). Vacunación irregular ‘Vacunagate’ destapó que 470 personas se vacunaron de manera irregular en octubre de 2020, entre ellos Vizcarra, su esposa, y otros miembros de su familia. Así como funcionarios, autoridades de los ministerios de Salud y de Exteriores, con la vacuna china Sinopharm. Fue durante el período de ensayos de fase 3 del fármaco. Por estos hechos, el Congreso aprobó inhabilitar a Vizcarra, quien había sido electo en las elecciones de 2021, para ejercer cargos públicos durante 10 años. Ya en mayo de 2022, volvió a ser suspendido otros cinco, pero en esta ocasión por supuestas irregularidades cuando era ministro de Transportes de Pedro Pablo Kuczynski. Betssy Chávez La Fiscalía de Perú pidió la semana pasada 18 meses de prisión preventiva para la exprimera ministra Betssy Chávez por presuntamente ser coautora del delito de rebelión y conspiració. Todo en el marco de la maniobra del expresidente Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha señalado que esta petición incluye también al exministro de Interior Willy Huerta y el extitular de Comercio Exterior Roberto Sánchez. Tras la aprobación en el Congreso de la denuncia constitucional contra la ex ‘premier’ hace unas semanas, Chávez criticó el trabajo del Poder Legislativo. Declararó que «es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular». Fuente: La Razón