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Han pasado más de dos décadas, desde la disputa legal y administrativa, entre privados y el Estado boliviano de los terrenos de la zona férrea de la Vita. El 25 de julio, a las 21.00, se incendió el edificio Vita de 13 pisos que estaba en construcción. El fuego se expandió rápidamente y consumió al menos dos pisos. El material que cayó en inmediaciones afectó a unos 60 comerciantes que perdieron desde material de venta hasta sus anaqueles y tarimas. La Fiscalía no descarta que el incendio haya sido un atentado, por lo que inició una investigación de oficio por los delitos de estragos e incendios, que está a cargo de Marcelo López Guzmán. El abogado del Ministerio de Obras Públicas, Alberto Costa Obregón, indicó que las autoridades y exautoridades que deberían velar por el bien público de la municipalidad, como Juan del Granado, Luis Revilla y la actual autoridad edil Iván Arias, hicieron oídos sordos ante esta situación de construcción ilegal, conociendo la normativa. “Del Granado dio el visto bueno para que se construyera ese ‘mamotreto’ (mall de 13 pisos), Revilla tenía la obligación de regularizar esta situación y Arias no hizo nada el respecto, todos son cómplices del deterioro a los bienes del Estado”, declaró el jurista. Un informe emitido en fecha 28 de diciembre de 2018, por Alejandra Moscoso Beltrán, responsable del patrimonio material del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), indica en la parte de conclusiones: “Los propietarios del inmueble así como de la empresa constructora tenían conocimiento de la condición patrimonial de los pilones y realizaron los trabajos haciendo caso omiso de las recomendaciones realizadas por el GAMLP y el Ministerio de Culturas”. La propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) fue declarada como patrimonio cultural según la Ley 630 del 19 de enero de 2015. El artículo 2 de dicha ley establece que: “Se declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia a la instalación ferroviaria denominada ‘ex Estación Central de Ferrocarriles de La Paz’, ubicada sobre la avenida Manco Kápac, entre avenidas Vásquez y Quintanilla Zuazo, zona de Pura Pura de la ciudad de La Paz, con Código Catastral 18-21-1, así como los bienes muebles que se encuentran en la misma, previa valoración técnica realizada por el Ministerio de Culturas y Turismo”. La denuncia presentada ante la Fiscalía caso: LPZ1903168 explica que la persona que figura como propietaria del edificio Vita es Eynar Viscarra Anabi, quien se apropió de forma ilegal de estos terrenos, arguyendo que compró los mismos al Estado. “El dinero de la supuesta compra jamás ingresó al Estado, este señor (Eynar Viscarra) usó artimañas para conseguir estos terrenos, dañando a todo aquel que se encontrara alrededor”, aseguró Costa. Los delitos por los que se los imputa penalmente son destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado. Según Costa, para realizar el levantamiento del Mall Gran Vía se procedió a usar dinamita para sacar el embovedado, ya que debajo de esa zona pasa el río Panteón. “Como antes había una línea férrea icónica en nuestra ciudad, había un embovedado  para soportar el peso de los ferrocarriles”, explicó. Además, cuestionó la irresponsabilidad por parte del dueño al exponer a la población que fuera a visitar este mall. “La zona es inestable y peligrosa, sacaron el embovedado dinamitando durante días para hacer el subterráneo del edificio, ¿qué pasaría si el edificio se viene abajo?”, cuestionó el jurista. Una de las comerciantes, Lyna Mamani, que vende jugos hace 29 años y es vecina de la zona, recordó cómo fue el periodo de destrucción del Laboratorio Vita. “Este sitio es conocido como Vita justamente por el edificio, recuerdo que cuando estaban escarbando para hacer el subterráneo era un ruido muy fuerte que hacía asustar a nuestras wawas”, señaló Mamani. Costa Obregón espera que la Procuraduría General del Estado y la Alcaldía y el Estado mismo se pronuncien ante esta situación tan dolosa para los paceños. Socios indignados por los conflictos legales del terreno Los socios y trabajadores del edificio en construcción del Mall Gran Vía que se quemó la noche del lunes se movilizaron y bloquearon las calles próximas a la obra, en rechazo a los conflictos que surgieron por el derecho de propiedad del terreno y la autorización de la construcción luego del siniestro. Después de las críticas de diferentes sectores por falta de supervisión de la alcaldía a la obra, se conoció que es una edificación ilegal, con procesos penales en curso y tiene multas de Bs 2 millones por 11 procesos de fiscalización, situación que indignó a los socios inversores. Lucía Salazar, accionista de Mall Gran Vía, rechazó las declaraciones del subalcalde del macrodistrito Centro, Jimmy Osorio, quien indicó que ese inmueble es patrimonial y del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, que afirmó que el terreno es de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE). “Nos duele que digan que este proyecto es ilegal, cómo podríamos haber invertido en algo indebido”, agregó Salazar. Explicó que los socios tienen la documentación que avala la propiedad de los inversionistas, desde el momento de la transferencia de ENFE al Laboratorio Vita, mediante el Decreto Supremo 2981, la Resolución Suprema 216145, además de testimonios, folio real y escrituras públicas. Héctor Yañíquez, copropietario del edificio, calificó de lamentable los conflictos legales que surgieron. Señaló que son más de 100 socios que invirtieron en el proyecto inmobiliario. La Fiscalía inició una investigación para determinar las causas del incendio y la situación legal del terreno. Las afectadas exigen resarcimiento de daños Son seis vendedoras que perdieron sus casetas y toda la mercadería que tenían a causa del incendio en el último piso del edificio en construcción del Mall Gran Vía. Estiman pérdidas entre Bs 2.000 y 5.000. Las afectadas indicaron que el dueño de la construcción aún no se contactó con ellas, solo escucharon por los medios de comunicación que pagará las pérdidas, pero no saben cómo se cumplirá con el resarcimiento de daños, tomando en