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Escándalo con la ley bases de Milei: habría ofrecido un cargo en la Unesco a cambio de un voto

A horas de la votación en el Senado argentino del proyecto de ley bases que impulsa el Gobierno de Javier Milei, trascendió que una legisladora será postulada para un cargo en el exterior con un salario cercano a los 15.000 dólares mensuales. Varios medios reportaron que la Cancillería ya envió al Congreso el pliego para proponer a la senadora Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) como embajadora argentina en la Unesco.  Desde hace días, el Ejecutivo intenta convencer a algunos de los senadores de los bloques ‘dialoguistas’ para alcanzar los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa oficialista. Algunos aún se mostraban reacios a acompañar el proyecto, como era el caso de Crexell.  Una senadora a París A horas de la sesión de este miércoles, en la que se debatirá la ley bases, se filtró la nota interna de Cancillería que sería el borrador del pliego para que el Senado vote su designación.  De acuerdo al diario Página/12, la legisladora por la provincia de Neuquén habría negociado el cargo diplomático mano a mano con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Crexell confirmó esta tarde a La Nación Más que sí es verdad que hubo un «ofrecimiento y una aceptación» para tomar el puesto como embajadora en la Unesco, pero aseguró que eso «no tiene nada que ver» con el tratamiento de la ley bases.  Parece difícil que, en el marco de las pujas políticas, el Parlamento avale este nombramiento que ya es tildado como una compra de votos por parte del Gobierno. Pero, en caso de ser aceptado, Crexell se mudaría a París y pasaría a cobrar un salario de entre 12.000 y 15.000 dólares mensuales.  La versión de Crexell La senadora permaneció en silencio durante varios días mientras crecían los rumores. Recién este lunes, brindó una entrevista con Río Negro Radio en la que negó las acusaciones y apuntó contra el periodista de La Nación Carlos Pagni, el primero en revelar el presunto intercambio entre Crexell y el Gobierno.  La representante neuquina aseguró que las acusaciones provienen de «operaciones» generadas por sectores que buscan «presionar a los senadores». Señaló que las versiones de Pagni fueron tomadas por la prensa como si fueran «una verdad absoluta».  «Todos sabemos que Pagni es un gran operador», dijo Crexell, y confirmó que su voto será positivo en lo general y en lo particular, porque así lo acordó con su referente político, el gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.  La semana pasada, en medio de las versiones que apuntaban a Crexell, Figueroa viajó a Buenos Aires para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese encuentro, el mandatario provincial logró destrabar fondos para obras en el distrito, una tarea difícil teniendo en cuenta que el Gobierno nacional recortó todos los fondos destinados a las provincias para tareas de infraestructura.   La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue presentada por Milei apenas asumió en diciembre pasado, con la intención de conseguir herramientas legales para profundizar el ajuste y desregular la economía. Sin embargo, seis meses después no ha logrado que el Congreso apruebe esta ni ninguna otra de sus iniciativas debido a la permanente tensión que cubre la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Fuente: RT

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3 cosas que están en juego en la consulta popular impulsada por Daniel Noboa que vota Ecuador este domingo

Este domingo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para manifestar su apoyo o rechazo a las 11 preguntas de la consulta popular impulsadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La mayoría de los interrogantes están relacionados con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos. Ecuador está pasando por una profunda crisis de seguridad pública, registrando alrededor de 8.000 muertes violentas en 2023, la mayor tasa de homicidios en América Latina. Pero también hay otras preguntas que han generado polémica como la de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales. El asalto a la embajada de México en Quito (que ocurrió el viernes 5 con el fin de capturar al exvicepresidente Jorge Glas) le trajo algunos costos importantes, como el quiebre de relaciones diplomáticas con el país liderado por Andrés Manuel López Obrador, la condena de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el cierre por parte de Venezuela de su embajada y consulados en Ecuador. Además, la nación andina está sufriendo una grave crisis energética que ha llevado a Noboa a declarar emergencia en el sector eléctrico, a realizar “racionamientos temporales” (con cortes de hasta 5 horas al día), y a suspender durante dos días la jornada laboral (jueves 18 y viernes 19 de abril). Aquí te contamos qué está en juego con la consulta popular y qué podría implicar para Ecuador la aprobación de las reformas que se plantean. 1. Militarización, extradición y endurecimiento de las penas Desde que se intensificó la violencia en Ecuador, hace unos cinco años, las autoridades de ese país han decretado estados de excepción de forma regular con el fin de que las fuerzas armadas puedan apoyar a la policía a combatir el crimen organizado. Una de los objetivos de la consulta popular es que se permita el apoyo complementario de los militares a las policías sin la necesidad de decretar estados de excepción. Para ello, se necesitaría una reforma parcial de la Constitución ecuatoriana. De aprobarse, las Fuerzas Armadas podrían dar su apoyo por un período de 180 días (más otros 30 prorrogables). En palabras de Noboa, los ecuatorianos requieren «reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad». «Este proceso solamente puede continuar, puede sostenerse si le damos a la policía y a las fuerzas armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular», señaló el presidente Sin embargo, la medida ha generado ciertas dudas. Jorge Núñez, cofundador del centro Kaleidos en la Universidad de Cuenca -que en 2021 elaboró un diagnóstico de las cárceles ecuatorianas-, asegura que es “un error”. “En los últimos meses hemos visto que la militarización de las ciudades no funciona. Es tratar de apagar el fuego con gasolina”, le dice a BBC Mundo. Por su parte, el sociólogo e investigador del programa de sociología política de Flacso en Ecuador, Franklin Ramírez, plantea preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos. “Me parece complicadísimo. Desde el 9 de enero de 2024, cuando se decretó el conflicto armado interno en Ecuador, se han multiplicado las denuncias en contra de las policías y fuerzas armadas con respecto al uso de la fuerza y la violencia en contra de las poblaciones más empobrecidas”, advierte en conversación con BBC Mundo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, también ha manifestado preocupación por esta medida, advirtiendo que los militares en las calles pueden hacer “lo que se les dé la gana”. En una declaración pública, la Conaie señaló que «el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles». Una mirada distinta tiene Matías Abad, columnista y académico de la Universidad del Azuay, quien asegura que los militares sí pueden ser un buen apoyo para las policías en estos momentos convulsos que vive el país. “Las fuerzas armadas pueden hacer un aporte positivo al trabajar de manera conjunta con la policía en temas como inteligencia. Pueden hacer equipo, compartir información, trazar estrategias y operativos de trabajo conjunto en contra de los grupos delincuenciales organizados”, le explica a BBC Mundo. Otra de las preguntas de la consulta popular relativa a la seguridad tiene que ver con las penas de los delitos. Los ecuatorianos deberán responder si están o no de acuerdo con que se incrementen estas penas en casos como terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas o tráfico de armas, entre otros. Para ello, el país tendría que reformar el Código Orgánico Integral Penal. Una vez más, para Jorge Nuñez, quien también es codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador y profesor asistente de la Universidad de Ámsterdam, esta medida es equivocada. “Sabemos que el incremento de las penas no necesariamente soluciona o disminuye la criminalidad”, dice. “Lo que realmente hace es poner mucha más presión en los sistemas de cárceles y hacerlos más costosos. Si el Ecuador no tiene control de sus cárceles, ¿por qué esta podría ser una buena medida?”, se pregunta. “Lo único que estamos haciendo es agravar el problema”, añade. Del otro lado, hay quienes defienden la medida indicando que podría ser efectiva para cierto tipo de delitos. “Hay gente que señala que se trata de un tema de populismo penal, pero creo que si sumamos todos los elementos, es decir, le damos más competencia a las fuerzas armadas y fortalecemos el sistema penitenciario, el aumentar las penas podría tener un impacto positivo, sobre todo en cierto tipo de delitos que hoy son mucho más frecuente como el lavado de activos y la minería ilegal”, indica Matías Abad. Por otra parte, los electores deberán decidir si aceptan que algunos de sus compatriotas puedan ser extraditados por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana. La extradición ya fue rechazada en la anterior consulta popular promovida por el expresidente Guillermo Lasso en febrero de 2023, pero la situación en Ecuador se ha agravado aún más en el último año. Daniel

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El gobierno francés enfrenta un voto clave tras las protestas por la reforma de las pensiones

El gobierno francés de la primera ministra Élisabeth Borne, enfrenta un voto clave tras las protestas por la polémica reforma de las pensiones . La adopción de una moción de censura en la Asamblea Nacional (cámara baja), algo que se anuncia difícil por los equilibrios parlamentarios. Es la única manera de impedir la adopción de la reforma, que ya provocó disturbios puntuales el fin de semana. «Las manifestaciones sindicales tradicionales no han funcionado (…) No nos han escuchado», lamentó este lunes Lionel Le Roy, un sindicalista de 49 años. Unas 50 personas bloquean la incineradora de residuos en Brest (extremo oeste). Pese al rechazo popular y las mayores protestas contra una reforma social en tres décadas, el presidente liberal Emmanuel Macron decidió el jueves adoptar por decreto el endurecimiento de las reglas para cobrar una pensión completa. Su objetivo es retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, en lugar de 42, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses, según los sondeos, lo rechazan. «Reitero mi llamado al presidente: Retire esta ley, no la promulgue. Esto calmaría los ánimos», dijo al diario Libération el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger. Voto clave La Asamblea Nacional debatirá las mociones de censura presentadas por la extrema derecha y por el grupo de diputados independiente LIOT, con el apoyo de la izquierda. Para salir adelante, cualquiera de las dos debe recabar 287 votos por lo que necesitarían el apoyo de unos 30 legisladores de la oposición de derecha. El presidente de Los Republicanos (LR, derecha), Éric Ciotti, ya anunció que su partido no apoyará una moción de censura. Contra un gobierno con el que negoció la reforma de las pensiones, para no «sumar caos al caos». Sin embargo, algunos de sus diputados sí lo harán, entre ellos Aurélien Pradié, que habló de «quizás una quincena» y de dar un «electroshock» al gobierno. Para aumentar la presión sobre estos diputados, la líder ultraderechista Marine Le Pen dijo que no presentarán un rival contra quienes apoyen las mociones en caso de elecciones anticipadas. Macron amenazó con convocarlas en caso de revés. Fuente: La Razón

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