El experto en seguridad y defensa Pedro Ugarte consideró que la normativa generada por el Estado en la lucha contra el narcotráfico ha efectivizado mayor control interno en esta tarea, sin necesidad de la actuación de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el país, ni ninguna aprobación externa.
Explicó que, tras la expulsión de la DEA de Bolivia en 2008, normas como la ley 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de 2017, contribuye y se interrelaciona con otras como la Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, y la ley 400 de Armas y Explosivos.
“Estas políticas han ido en un conjunto en un unísono, en la premisa del Gobierno de la lucha frontal contra tráfico de drogas. Toda esta política interna en el marco del vivir bien ha permitido que haya menos muertos, de que la lucha sea frontal, que no exista una aprobación extranjera para nuestra lucha integral contra este flagelo”, explicó Ugarte a la ABI.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó el martes que durante su gestión la DEA “no volverá al país”.
Ugarte afirmó que, en el marco de las normas mencionadas se generaron otras acciones, planes y programas que hacen más eficaz la tarea, como la del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas que ha trabajado políticas sectoriales como el “Di No a las Drogas”, y campañas de prevención de delitos en unidades educativas como el “Dinofest”, mencionó.
“A todo esto se suma un sinfín de otros trabajos que hizo el Gobierno, otros mecanismos de control como son los radares que están para la lucha contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra ilícitos transnacionales, como son en el tráfico de armas”, sostuvo.
Ugarte, experto en seguridad y defensa, destacó que con la aplicación de la Ley 913 en la lucha contra el narcotráfico se generaron menores decesos y “más metas logradas”.
Asimismo, la norma garantiza para el Estado, dijo, los bienes incautados al ilícito, lo que va en beneficio de las mismas fuerzas que intervienen en la lucha como la Policía y las Fuerzas Armadas.
A diferencia del actual modelo antidroga, la política de “coca cero” impulsada en gobiernos de corte neoliberal provocó violencia y muerte.
“Hasta el año 1997 se contabilizaron 33 campesinos muertos por la represión, además de 570 heridos y 27 efectivos policiales y militares fallecidos. La política de “Coca Cero” trajo luto al pueblo boliviano y posibilitó el ejercicio desmedido de la violencia”, señaló en su momento el Ministerio de Gobierno.
Áñez
El 16 de noviembre de 2019, a pocos días de asumir el mando de la nación vía golpe de Estado, Jeanine Áñez ya preparaba el retorno de la DEA a Bolivia.
El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, manifestaba a los medios de prensa el deseo de Washington de «fortalecer» las relaciones con La Paz, y consideró que el eventual retorno de la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA) dependerá del gobierno «interino», presidido por la autoproclamada Áñez.
«Primordialmente queremos fortalecer nuestras relaciones. El Gobierno tiene dos o tres días, y cada Gobierno decide lo que quiere. El retorno de la DEA dependerá de la administración nacional. Vamos con los primeros pasos», sostuvo Williamson, tras el saludo del cuerpo diplomático a la nueva canciller del gabinete de facto, Karen Longaric.
Fuente: ABI