Familia de periodista español asesinado en Irak por EE.UU. reclama justicia

Cientos de personas marchan este sábado en la ciudad de Madrid para conmemorar al camarógrafo español José Couso, asesinado en Irak en 2003. Hasta el día de hoy, la investigación no ha aclarado los detalles de su muerte y la familia de Couso pide que se haga justicia.

Un día antes de que las tropas estadounidenses tomaran la capital iraquí, en 2003, sus tanques perpetraron varios ataques que supuestamente fueron contra la prensa internacional. Allí acabaron asesinados tres reporteros que cubrían la guerra. Algunos periodistas que fueron testigos de lo sucedido recuerdan ese 8 de abril como un día negro para la libertad de información. «Primero fue atacada la sede de Al Jazeera. Mataron en ese ataque al periodista Tareq Ayyoub. Luego fue atacada la sede de la televisión Abu Dabi. Resultaron dos personas heridas y después nos atacaron a nosotros, a los periodistas que estábamos en el hotel Palestina», recordó Olga Rodríguez, corresponsal en Irak durante la guerra.

Mientras tanto, los datos oficiales indican que durante la invasión de EE.UU. al territorio iraquí fallecieron al menos 230 trabajadores de medios de comunicación.

La familia pide justicia

José Couso se encuentra entre los asesinados y su entorno todavía pide que se investigue su muerte. «Cuando ni tu gobierno, ni los diferentes ejecutivos, ni la Fiscalía colaboran para investigar el ataque contra un hotel, en un edificio civil, en una invasión ilegal, cuando asesinan a tu hermano, imagínate cómo nos sentimos», dijo David Couso, hermano del camarógrafo.

La publicación de Wikileaks sobre cables filtrados desveló los ataques del Ejército estadounidense contra civiles iraquíes, pero también sacó a la luz las presiones que recibió el Gobierno español por parte de Washington para poner trabas a la investigación del caso Couso.

En 2014, el Ejecutivo español decidió tumbar la Ley de Justicia Universal, una norma que permitía investigar crímenes de lesa humanidad. En el Congreso de los Diputados se dio luz verde a la reforma. Cualquier procedimiento que estuviera en curso tenía que ser archivado a no ser que el criminal tuviese la nacionalidad española o se encontrase en territorio del país. Una de las consecuencias fue que la investigación del caso Couso se paralizó.

Por su parte, la familia Couso recurrió a las más altas instancias judiciales. En cuestión de tres años, el Tribunal Supremo primero y luego el Constitucional rechazaron los recursos de justicia universal y confirmaron que se archivaba el caso. Entonces, los familiares emprendieron la búsqueda de justicia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aún no se ha pronunciado.

Fuente: RT

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