El Consejo Jurídico del Grupo de Puebla calificó este domingo la sentencia contra Jeanine Áñez y sus colaboradores como una “extraordinaria respuesta de la autonomía e independencia judicial boliviana” contra el golpe cívico, militar y policial perpetrado en noviembre de 2019.
En entrevista con el programa “Las 7 del 7” de Bolivia Tv, Carol Proner, jurista brasileña e integrante del Consejo Jurídico del Grupo de Puebla, mencionó que como institución se pidió a la comunidad internacional apoyar el proceso judicial que se lleva adelante en Bolivia, en el marco de la legitimidad y autonomía jurídica para hacer su propio proceso.
“La sentencia es una extraordinaria respuesta de la autonomía e independencia de la justicia boliviana contra el golpe cívico, militar y policial perpetrada en noviembre de 2019. Es una decisión que afecta de forma ejemplar a quienes rompieron el orden democrático en Bolivia”, dijo.
Apuntó que es lamentable que sectores que apoyaron esa sucesión ilegal de Áñez, ahora pretendan desconocer la legitimidad de la autonomía judicial boliviana.Proner enfatizó en que numerosas organizaciones internacionales reconocieron las masacres y violencia extremas de noviembre de 2019 y dejó en claro su “sorpresa por la injerencia de la OEA” que fue decisiva para difundir la idea de un fraude electoral que nunca fue probado y que disparó la convulsión social que dio pie al golpe de Estado.
“Lo que pasó en Bolivia nos llamó mucho la atención, sobre todo la injerencia de la OEA (Organización de los Estados Americanos), que fue evidenciado por los observadores internacionales, que ha denotado en gravísimas violaciones a los derechos humanos y que justamente iniciaron con la actitud de la OEA de levantar dudas respecto al conteo electoral de las elecciones de 2019, donde el entonces candidato Evo Morales obtuvo la mayoría de votos”, aseveró la jurista.
Informó que varios organismos reconocieron y evidenciaron las masacres ocurridas en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), a partir de la autoproclamación de Áñez como presidenta de Bolivia y frente a un parlamento prácticamente vacío.
“Este es el primer paso para la búsqueda de justicia para las víctimas del golpe de Estado, la sentencia genera las condiciones para encaminar un segundo proceso en favor de las víctimas y otros que lleven a sancionar los actos irregulares del gobierno de Áñez”, expresó.
Fuente: Agencia Boliviana de Información (ABI)
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