La región peruana de Puno va a ‘paro seco’ para exigir justicia por muertos en protestas

Una nueva muestra de descontento social se vive en Perú. Dirigentes de gremios y organizaciones sociales confirmaron este martes que la región de Puno (sudeste) entró en ‘paro seco’ de 24 horas para exigir justicia por las muertes en las violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

El paro se realiza porque «aún no hay justicia para las personas que fallecieron durante las protestas en contra del Gobierno», denunció el presidente del Frente Unificado de las Cuencas de Puno, Félix Suasaca.

Esta medida pacífica, que consiste en el paro de comercios, del tráfico vehicular y de las actividades educativas, se efectúa en 13 provincias de la región.

Las imágenes divulgadas por la prensa local y las redes sociales reflejaban a primera hora de la mañana un débil apoyo, con varias vías cortadas, como la Carretera Interoceánica en el norte y otros en los distritos de Ayaviri y Huancané.

Pobladores aimaras cortaron el Puente Internacional que une con Bolivia, en la localidad de Ilave.

Fuerte despliegue

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó más de 4.000 agentes en distintos puntos de esa región fronteriza con Bolivia.

El jefe de la X Macro Región Policial en Puno, Enrique Monroy, informó en la emisora RPP que sus efectivos se encargarán de brindar seguridad a la ciudadanía y resguardar las instituciones públicas y privadas, incluido el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, que ya fue cerrado dos veces en protestas anteriores.

En una reciente asamblea, las organizaciones sociales de Puno acordaron otra «Toma de Lima», una nueva marcha de protesta hacia la capital en julio desde varias regiones del país, como la que ya hicieron a principios de año.

Renuncia de Boluarte

La medida se da en momentos de gran tensión social en el país andino y exige también la renuncia de la presidenta interina, la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Esos reclamos ya motivaron las protestas generadas por la destitución forzada y encarcelamiento en diciembre del entonces mandatario izquierdista Pedro Castillo.

El cese de Castillo desató una ola de violentas protestas que se saldaron con casi 70 muertes, de las cuales 49 fueron de civiles que chocaron con fuerzas de seguridad pública.

Protestar «jamás será un delito»

Habrá que ver cuál es la reacción de las autoridades a esta manifestación, después del polémico fallo emitido hace dos semanas por el Tribunal Supremo del Perú, en el que determinó que la protesta ciudadana es un delito aunque sea pacífica, al no estar reconocida en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal.

Según ese fallo, la única protesta legítima sería la huelga de hambre y, en el caso de los trabajadores, la huelga laboral.

«A la población que siempre hemos hecho protesta nos dicen que es un delito, pero, para nosotros, nunca jamás va a ser un delito», declaró Suasaca.

Fuente: RT

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