Obligar a renunciar, la nueva forma de violencia política contra autoridades mujeres

Una nueva modalidad de acoso y violencia política contra las mujeres autoridades es la presión a renunciar a sus cargos. Esta práctica es común en un determinado tiempo, generalmente al cumplirse la primera mitad del ejercicio de sus cargos.

Tras lograr la renuncia de las autoridades, se habilita al suplente para que asuma la titularidad del cargo, que en su mayoría son varones.

A 10 años de la promulgación de la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el martes el informe denominado “Obligadas a renunciar, compromisos forzosos de gestión compartida”.

El documento también identifica otras vulneraciones contra los derechos políticos de las mujeres autoridades electas como el no pago de haberes mensuales, el uso de notas modelos para viabilizar las renuncias y el uso de poderes notariales.

“Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo plantea, entre otras medidas, la modificación de la Ley 243, a fin de incorporar los compromisos forzosos de gestión compartida como un acto de acoso y/o violencia política hacia las mujeres”, puntualizó Callisaya.

ESTUDIO

A partir del estudio defensorial basada en la información emitida por entidades estatales como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros, y datos obtenidos a partir de encuestas realizadas a 326 mujeres autoridades electas, se establece que la nueva modalidad de acoso político atenta contra los derechos políticos de las mujeres, además de ser una amenaza en la consolidación de la democracia paritaria.

Según datos del Ministerio Público, desde la gestión 2012 hasta el 16 de octubre de 2022 se registraron 515 casos de acoso y violencia política. Y de enero a mayo de este año se registraron 29 casos.

En cambio, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Servicio al Pueblo, registró desde 2014 hasta el 14 de abril de 2023 173 casos de acoso y violencia política contra mujeres.

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Dirección del Notariado Plurinacional y Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización realizar el seguimiento de estos casos.

La Razón

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