Este lunes, sectores movilizados se concentraron este lunes en la plaza del Cementerio en Santa Cruz para iniciar la marcha en rechazo a la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La medida, que otorga facultades al Estado para decomisar productos y mercadería, es considerada una amenaza para la propiedad privada y la seguridad jurídica.
A las 9:00, la movilización partió encabezada por los gremiales, recorriendo diferentes instituciones del Estado y con destino final en la plaza 24 de Septiembre. La protesta, que se replica en varias ciudades del país, no contempla bloqueos, pero sí el cierre de algunos negocios en apoyo a la demanda.
Édgar Álvarez, dirigente gremial, aseguró que esta es una primera medida de presión y que no aceptarán el diálogo con el Gobierno mientras no se anule la disposición.
“Nos hemos preparado para esta marcha multisectorial, porque el Gobierno debe entender que debe derogar esta disposición que afecta a los productores, transportistas, comerciantes y exportadores. No queremos perjudicar la economía ni a la población, por eso no estamos bloqueando, pero nuestra voz debe ser escuchada. No asistiremos a ningún diálogo hasta que la disposición sea eliminada”, afirmó Álvarez.
Por su parte, Stello Cochamanidis, presidente electo del Comité pro Santa Cruz, acompañó la movilización y reafirmó su apoyo a los sectores afectados.
“El Gobierno de Arce pretende meterle mano al bolsillo del pueblo y hoy los ciudadanos han salido a decirle que no. Esta protesta es legítima y legal, pero sobre todo necesaria. Vamos a acompañar todas las medidas que sean necesarias hasta que el Gobierno derogue esta disposición”, manifestó.
Cochamanidis explicó que la marcha recorrerá distintas instituciones para exigir respuestas a las autoridades. “Queremos que el Gobierno entienda que no vamos a perjudicar a la ciudadanía, pero tampoco vamos a aceptar abusos contra la propiedad privada. El paro de hoy es solo el comienzo de una lucha que se mantendrá hasta lograr la derogación de la disposición séptima”, advirtió.
El Deber