La Central de Pueblos Indígenas de La Paz presentó un memorial ante el Juez Público Mixto de Rurrenabaque, para denuncia el incumplimiento de una Acción Popular que ordenaba suspender actividades mineras en unos siete ríos.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) presentó un memorial ante el Juez Público Mixto de Rurrenabaque para denunciar el incumplimiento de la Resolución Judicial de la Acción Popular Nº 05/2023, que ordenaba la suspensión de actividades mineras ilegales en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, incluyendo los ríos Tuichi, Quiquibey, Alto Beni, Kaka y Tequeje.
La CPILAP informó que las entidades gubernamentales, como el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Salud y Deportes (MDSyD), no habr{ian tomado acciones concretas para ejecutar la determinación judicial ni coordinaron con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para ejercer control y fiscalización sobre las actividades mineras en la región.
Ante esta situación, la CPILAP solicitó la aplicación de sanciones conforme al artículo 17 del Código Procesal Constitucional, incluyendo multas progresivas y la remisión del caso al Ministerio Público. El objetivo es garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y asegurar la intervención contra la minería ilegal que sigue afectando a las comunidades.
Lino Illimuri, vicepresidente de la CPILAP, expresó la preocupación de los pueblos indígenas la semana pasada al presentar la denuncia ante el juzgado de Rurrenabaque. “Este recurso legal responde a las decisiones de la mesa técnica que monitorea el cumplimiento de la Acción Popular”, afirmó. Además, lamentó que, a pesar de que la tutela fue concedida en septiembre del año pasado, la minería ilegal continúa operando y expandiéndose sin control en la cuenca, contaminando los ríos que son vitales para las comunidades indígenas.
Magaly Ipuni, presidenta del Concejo Regional Tsimané Mosetén (CRTM), quien acompañó a Illimuri en la presentación, destacó que el recurso presentado sigue el mandato de la última mesa técnica sobre minería, que supervisa la aplicación de la Resolución Judicial Nº 05/2023. “Ya pasó casi un año desde la resolución y no se cumplió nada de lo ordenado por el juez”, expresó Ipuni, y subrayó que la denuncia es el último recurso que tienen los pueblos indígenas para exigir el cumplimiento de la orden judicial.
