Para este miércoles está programa la audiencia cautelar de Rómulo Calvo, Vicente Cuellar y Fernando Camacho, entre otros, quienes deberán responder ante un juez por la violencia que desencadenó el paro de 36 días en la capital cruceña en 2022.
Según el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Vicente Cuéllar, las personas que conformaron el denominado Comité Interinstitucional fueron notificados para la audiencia.
Los promotores del paro cívico enfrentarán una investigación de más de 10 delitos presuntamente cometidos durante la medida extrema que utilizaba de bandera el tema del Censo.
Entre los delitos en los que presuntamente se incurrió están: terrorismo, discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos, atentado contra la salud, entre otros.
Además de Camacho, Cuellar y Calvo, están investigados también el vicerrector Reinerio Vargas, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
Según Santistevan, un militar jubilado, la justicia antes deberá resolver el incidente presentado pro al defensa de Camacho sobre la competencia del juzgado de La Paz en este caso.
El paro cívico de 36 días
Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en la capital cruceña. Medida extrema que fue caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.
Esta medida de protesta fue impulsada por Camacho, Calvo y Cuellar. Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas y cobros ilegales.
Estos movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos, personal médico que fue agredido verbal y físicamente, e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban 13 reos y casi provocan su fuga.
Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.
Entre las denuncias presentadas en contra de los promotores de paro están la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley, y otros.
Fuente: ABI
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