Santa Cruz se quedó sin cámara Gesell por la quema de la Fiscalía

La cámara Gesell de Santa Cruz, especial para tomar declaración a víctimas de violencia, quedó destruida en medio de la quema de la Fiscalía, durante los conflictos por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Los actos vandálicos provocaron no solo un perjuicio para la Fiscalía General del Estado, sino para las víctimas que precisan de ese servicio. En realidad se perdió la Cámara Gesell y la Sala de Entrevistas con todo el equipamiento tecnológico que fue implementado en los últimos años”, explicó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres.

La información se brindó en ocasión del reporte total de casos de violencia en 2022, que fue de 51.911, más que en 2021. De este total, 18.361 hechos se registraron en Santa Cruz, el departamento más afectado por este delito.

No obstante, la cámara especial dividida por vidrios y en que las víctimas declaran para hacer su denuncia y la sanción al responsable ahora quedó destruida. Cáceres lamentó este perjuicio, que ahora debe subsanarse, para no perjudicar la toma de estas denuncias y seguimiento de protocolos en cuidado de no caer en la revictimización.

CÁMARA

La pasada semana, una turba atacó las instalaciones del Ministerio Público en Santa Cruz, en medio de las protestas por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. El edificio quedó quemado e incluso había vehículos en cenizas.

“En una evaluación previa realizada por peritos se tiene una pérdida de 37 millones de bolivianos de afectación en contra de un patrimonio del Estado, en este caso de Santa Cruz. Han destruido prácticamente todo el edificio, se quemaron todos los muebles, equipos de informática y los vehículos. Nosotros vamos a seguir trabajando en diferentes oficinas y por teletrabajo para continuar con la atención de casos”, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Se abrieron investigaciones para determinar las responsabilidades de este ataque.

Fuente: La Razón

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